¿Caballo de Troya chavista o sólo un pésimo gobernante?

El Alcalde Metropolitano de Caracas, Alfredo Peña, luego de enterarse de la última masacre del régimen chavista, se atrevió a decir que «esta pensando en acuartelar a la Policía Metropolitana».

Este tipo de actitud del jefe del gobierno de la ciudad capital de Venezuela ha pasado de claro a obscuro, porque esta es la tercera vez que asume una actitud totalmente perjudicial para los funcionarios del servicio policial que administra; y lo que es más grave e inaceptable, muy perjudicial para toda la ciudadanía que reside en la jurisdicción que gobierna.

Es la tercera vez que el alcalde evade sus responsabilidades de gobierno de garantizar el orden público en Caracas.

Por ello me pregunto: ¿Es Alfredo Peña un Caballo de Troya chavista o sólo un pésimo gobernante?

Todos los venezolanos sabemos que el alcalde es periodista, pero parece ser que él no se ha dado cuenta que el cargo que ocupa no es en un medio de comunicación social. Sus actuales «peñonazos» están fuera de tiempo y de lugar.

No son declaraciones o denuncias lo que requiere la gravísima situación que padecen los funcionarios policiales que administra y la ciudadanía en general de Caracas.

Durante meses Alfredo Peña permitió que un grupo extremista político mantuviese ilegalmente ocupado el Control Maestro de la Policía Metropolitana, a pesar de contar con los suficientes policías organizados, entrenados y equipados, para sacarlos de allí por la fuerza, redactar los hechos en actas policiales y ponerlos a la orden de la Fiscalía General de la República, para después impartir las instrucciones necesarias, para que nadie más en el futuro fuese capaz de dejar sin comunicaciones de emergencia a la policía, a los bomberos, al departamento de protección civil, y a otras instituciones que prestan servicios vitales de apoyo a los caraqueños.

Desde hace más de un año, extremistas políticos han tomado varios lugares de la jurisdicción que se supone que gobierna Alfredo Peña, y las han declarado como una especie de «territorio liberado por el hampa política» y hacen allí lo que les viene en gana, sin que el alcalde haya cumplido con su obligación de detener a esas personas, redactar los hechos relacionados con esas detenciones en actas policiales, y remitir a esos delincuentes a la Fiscalía General de la República.

Todavía, al momento que escribo esta nota, los delincuentes políticos a los que me refiero, permanecen en esos lugares.

Tampoco ha actuado, el alcalde Peña, como se lo manda la ley, en las muy numerosas ocasiones en que vándalos políticos han atacado a la sede de la propia alcaldía metropolitana.

Lo único que hace el alcalde, es comportarse como si él fuese un ciudadano común no investido de autoridad y como un periodista: Convoca a ruedas de prensa para denunciar los hechos, y acude a los tribunales «en solicitud de justicia»; pero en ningún momento ha cumplido con sus responsabilidades de garantizar el orden público en la jurisdicción que gobierna.

Ahora ha llegado al colmo.

Un contingente de delincuentes políticos que se ha atrincherado en la sede de PDVSA ubicada en La Campiña, atacó a balazos utilizando, segun varios testigos, fusiles de guerra (Fal) y pistolas automáticas (Glock calibre .40), a un grupo de policías metropolitanos que acudió en rescate de otros dos funcionarios de ese mismo cuerpo que estaban siendo agredidos físicamente por los delincuentes políticos. El resultado fue un funcionario muerto y siete otros heridos de bala –algunos de ellos con lesiones gravísimas-.

En el lugar de los hechos, el alcalde metropolitano tiene PLENA JURISDICCION LEGAL, porque ni siquiera si el lugar se encuentra dentro de alguna de las «zonas de seguridad» decretadas por el régimen chavista, le impediría actuar allí para restablecer el orden público, por cuanto la UNICA LIMITACION que las leyes vigentes, los decretos presidenciales y las resoluciones ministeriales imponen en las zonas de seguridad, es la de enajenar bienes inmuebles sin autorización del ministerio de la defensa. Eso no impide actuar a las autoridades policiales con responsabilidad legal de mantener el orden público.

¿Cuál ha sido la respuesta del alcalde? ¡ Amenazar con ordenarle a la policía que se esconda en sus comisarías y le deje la ciudad al hampa política !

Esto es inaceptable.

Si el alcalde metropolitano no se siente capaz de solucionar la grave situación de orden público que padece la jurisdicción que él se supone que gobierna, en vez de aumentar los peligros para los ciudadanos que allí residen, debería renunciar a su cargo, porque nadie es indispensable, y puede existir otra persona que sí tenga claro lo que es ser el alcalde de una ciudad capital de un país.

No son los policías lo que no quieren actuar, como lo demostraron al acudir VOLUNTARIAMENTE en rescate de sus dos compañeros que estaban siendo agredidos. Y estoy seguro, que sabiendo ahora a lo que realmente se enfrentarían de acudir nuevamente a La Campiña a restablecer el orden público, sabrían redactar Y EJECUTAR exitosamente, los planes adecuados, porque tienen la organización, el entrenamiento y el equipamiento que necestan.

Es el alcalde quien NO LO PERMITE.

Si recordamos que Alfredo Peña fue el primer ministro de la secretaría del déspota de Miraflores, no es descabellado preguntarse: ¿No será que todo el antagonismo mediático entre él y Chávez, es sólo un parapeto, que le permite «echarle la culpa» de la destrucción de la PM al inquilino de Miraflores, mientras él con su erradamente deliberada forma de gobernar la está destruyendo, como una especie de Caballo de Troya?.

Si alguien muy distraído, todavía tiene en su lista de «presidenciables» a este señor, no debería dudar ahora en tacharlo inmediatamente.