“Outsorcing” partidista
El mundo partidista —histórico y emergente— sabe de la fórmula: nos referimos a la (sub) contratación de personas (jurídicas o naturales) para la realización de tareas que, suponemos, son propias de la dirigencia, tengan o no carácter estratégico. La también llamada “tercerización” apunta a la solución de necesidades muy precisas que, más allá del voluntariado, permite mantener un nivel de eficiencia frente a los otros competidores. No obstante, puede degenerar y perfilar un modelo de partido que sintoniza, en un momento determinado, con la concepción o práctica (neo) populista del sistema político.
Nos referimos al ámbito intrapartidista, denominado por David Easton “sistema parapolítico” y por Alcántara-Freidenberg “mini sistemas”, cuyo funcionamiento real ha escapado frecuentemente de la reflexión de los entendidos (1). Las prácticas del “outsourcing” sugieren una rentabilidad económica que preocupa cuando deviene rentabilidad política, debido a la independencia alcanzada respecto al control de la militancia sobre la externalización de las actividades que tocan la esencia conceptual de la misión política a la que se adhiere.
La fórmula cubre tareas como las del procesamiento de datos y rutina contable, almacenamiento y distribución de recursos materiales, propaganda y publicidad, estudios socioeconómicos y sondeos de opinión, diseño y envío masivo de correspondencia, inteligencia y seguridad corporativas. Ocurre menos la selección y adiestramiento de los recursos humanos, aunque existan regímenes que versan sobre el personal administrativo, definiéndolo y delimitándolo, como apreciamos en los estatutos del Partido Popular de España.
Inicialmente, en nuestro país, las contribuciones financieras personales o la impresión y colocación de afiches formaron parte de la rutina militante en sus más diversos niveles, pero la complejidad política y administrativa alcanzada por una entidad de masas provocó una suerte de división del trabajo social partidista que –más de las veces- evidenciaba una inadecuada o injusta distribución interna de los bienes y servicios disponibles. Después, frente a las fortísimas presiones sistémicas, la especialización de las labores condujo a un distanciamiento de las bases y, además, a su (in) consciente exclusión, pugnando el partido por hacerse competitivo en el marco de otras fuerzas emergentes, movimientos sociales y medios de comunicación social, con una severa inclinación hacia la desnaturalización misma de la institución.
La sana tendencia a la especialización estratégica y el logro de algunos intangibles, como la facilitación de las respuestas coyunturales rápidas, coherentes y orientadas, igualmente llevó una carga negativa como la pérdida progresiva de la identidad, la concepción del partido como empresa mercantil convertida la militancia en espectadora, el excesivo predominio doméstico de las técnicas de mercadeo político, el desorden administrativo y la posibilidad de contratar a empresas fantasmas, así como la estelaridad de los líderes con mayor capacidad autónoma de recursos. El “outsourcing” —al principio, no misional— produjo la progresiva obsolescencia del partido ganado exclusivamente por una visión cortoplacista de los conflictos.
No es otro el contexto que el del clientelismo perfeccionado y, sacrificándola como agencia interior y exterior de socialización política, la institución partidista paulatinamente se convirtió en agencia de empleos y plataforma de ventajas contractuales, burocráticas y académicas, generando una flexibilización (con extravío) del sentido disciplinario, lesionando internamente el estado de derecho y la división práctica de poderes, con énfasis en la dirigencia que –preferentemente- contaba con medios propios para ascender (2). De modo que, el partido-empresa, inexorablemente desideologizado, es un producto extremo de lo que comenzó con el “outsourcing” y, al plantearse la crisis del sistema político, todavía fuerza a la desaparición de los que más –insignemente- lo cultivaron como modelo o a la dramática corrección de los que –por un (des) afortunado aprendizaje histórico- tienen posibilidades de innovarse en las condiciones inéditas que parece prometer lo que se ha dado en llamar el “post-chavismo”.
Al respecto, resultan indispensables tres precisiones: por un lado, tal modalidad operativa y propia de las empresas mercantiles puede significar una ventaja para los partidos en la medida que no afecte su carácter institucional ni desfigure su misión esencial; por otro, la práctica abusiva de tal modalidad y la degeneración de la institución partidista no serían posibles si no guardaran correspondencia con todo el sistema político, por lo que no hablamos de hechos aislados; y, finalmente, el fenómeno emblematiza a partidos que aún no tienen una larga experiencia acumulada, lo cual acentúa su gravedad.
Un extremo
En efecto, sin que hipotequemos a la institución partidista con categorías que responden a otras áreas del conocimiento y el quehacer humano, no podemos desconocer el desarrollo alcanzado en las disciplinas gerenciales. La eficiencia y la eficacia, junto a la legitimidad, completan la ecuación de la gobernabilidad y, por consiguiente, mal haríamos en desechar aquellos elementos que ayudan a la materialización de los fines y objetivos de los partidos, al fin y al cabo, la expresión más especializada de la denominada sociedad civil. Por supuesto, significa alertar e insistir sobre la pertinencia de los liderazgos y la vocación de servicio públicos y no de la preeminencia de los gerentes en el manejo de tales asuntos, justificación de cierta tecnocracia como remedio a todos los males que ha disfrutado de una creciente y peligrosa aceptación.
El mejor propósito de todo partido es el de la permanente actualización de sus entornos de acuerdo a la prédica, lo que permite asimilar a los que aún se dicen conservadores. El fracaso de sus buenas intenciones, contentándose con las posiciones obtenidas, perjudica a una sociedad que –igual e irreversiblemente- condiciona a los partidos: frecuentemente, subestimamos el modo, la naturaleza y la metodología de la vida interna de los partidos como si no incidieran en la sociedad, y viceversa (3). Vale decir, persistimos en el ataque a la institucionalidad partidista con olvido de una intimidad que contribuyó al desorden actualmente establecido, lo que condujo a un temprano intento de suicidio colectivo (4), pues, sin partidos políticos estables, creativos y transparentes no es posible realizar la democracia.
El debate es inherente a todo partido que se tenga por tal y, siendo así, los planteamientos programáticos resultan de la creación colectiva, pero —en virtud de la complejidad y especialidad de las materias— requieren del refuerzo de aquellas personalidades e instituciones de prestigio en los más diversos campos. Un dato que puede generar severas distorsiones cuando la actividad es total y absolutamente delegada en un conjunto de especialistas que adquieren una amenazante independencia. Por cierto, muy distinto al altruismo parlamentario, si puede llamarse así cuando no median determinados y fuertes intereses lucrativos de una corporación interesada en alguna ley: aludimos a la captación particular de sendos asesores por los parlamentarios que desean alcanzar la excelencia de sus proyectos o propuestas, a título gratuito y voluntario, debido a la falta de presupuesto o a la asignación caprichosa de las partidas que impide sufragar una costosa consultoría.
En un extremo, las nuevas tecnologías ofrecen diferentes oportunidades a los partidos políticos, empero las elevadas tarifas para concebir, diseñar, hospedar y mantener las páginas, por citar un ejemplo, atentan contra su desempeño virtual. En países de profundas crisis económicas y cambiarias, como el nuestro, la labor se dificulta, amén de la incomprensión de un medio con características que la sociología y la politología contemporáneas se esfuerzan en desentrañar.
Generalmente, nuestros partidos apuestan por la contratación de un plantel dispuesto a “orbitar” un website que sirva de medio de información, sin atreverse a unas páginas de servicio para la ciudadanía, teniendo en cuenta la presencia inminente de los “hackers” que abona –más de las veces- a la mitología internetiana. Privan razones de prestigio antes que el cumplimiento de la misión partidista que –puede resumirse- en el hallazgo de medios y recursos no tradicionales. Precisamente, en lugar de interactuar con propios y extraños, ciudadanos de éste o de otro país, los partidos tienden a incurrir en un gasto innecesario cuando procuran meramente exhibirse a través de lo que puede entenderse como una suerte de digestivo electrónico del mensaje, sin que implicación o incidencia de las misiones que los definen.
Ahora bien, observamos que – siendo cada vez más amigable la infopista – es posible y aconsejable desprenderse del “outsourcing”, por la mediana sencillez del soporte técnico –por ejemplo- y por el carácter indelegable que tiene el proselitismo político, quizá semejante al empleo del medio en los conflictos bélicos. Digno de resaltar, las difíciles circunstancias que atraviesan o pueden atravesar los partidos políticos en una democracia colapsada, amenazada o bajo riesgo, como la venezolana, recomiendan un cuidadoso adiestramiento y utilización de la red frente a las susceptibilidades y prejuicios que suelen privar cuando los partidos incursionan en ella (5), y frente al gobierno mismo que intenta controlar los medios convencionales de difusión. Recordemos las elecciones de la Yugoslavia de 2000, cuando la oposición tuvo como único medio la red.
Otro extremo
El fenómeno del exacerbado “outsourcing”, como vertiente del clientelismo desarrollado o sistémico, no es monopolio de los partidos de mayor o regular éxito electoral, pues, los hay de reciente data que exhiben algunos o todos los vicios imputados a los más viejos. Algo lamentable ya que – por un lado – tenemos la deliberada ejecución de un programa de absoluta proyección externa que no equivale a sufrir o responder a las consecuencias involuntarias de un conjunto de condiciones dadas; y – de otro lado- se presentan como opciones novedosas aún cuando descubrimos una temprana senilidad de los procedimientos.
La televisión constituye una inigualable herramienta para las organizaciones emergentes que la privilegian. Así, al domiciliarse en ella, nos exponemos a una fortísima corriente de “informalización” política que, a lo sumo, confía en la contratación de sendas empresas para el reclutamiento efectivo de militantes más allá de la atracción ofrecida por una galopante publicidad (directa e indirecta). Mejor suerte corren los líderes provenientes del mundo del espectáculo o aquellos que –de un distinto origen- se apropian del lenguaje de la animación o transitan momentáneamente los estudios de televisión bajo un formato no-político.
Particular mención la del partido de gobierno o –en todo caso- del que pretende serlo, por la difuminación conceptual que le imprime Chávez : a falta de precisión, coherencia y claridad, no sólo adquiere visos de partido presupuestario, indirectamente subsidiado por las arcas públicas, sino –en una perspectiva movimientista- sus tareas esenciales descansan en los celebérrimos círculos dizque bolivarianos y otras expresiones para-estatales responsables de las movilizaciones urbanas, de la política comunicacional, de las propuestas de gestión gubernamental. No es una casualidad que las concentraciones y marchas de la oposición están virtualmente asediadas por agrupaciones motorizadas del oficialismo que disponen de bombas lacrimógenas y armas: no revestidas de autoridad alguna, realizan tareas de amedrentamiento y represión, ejerciendo una violencia que teóricamente monopoliza el Estado, a cambio de la impunidad y de las ventajas pecuniarias que comportan tales movilizaciones.
En el otro extremo del “outsourcing”, encontramos dos ejemplos preocupantes: a través de la planta de televisión que –supuestamente- es de todos los venezolanos se expresa toda la vehemencia del partido oficial, acaso independientemente de lo considerado y aprobado por su elenco de conducción. Y, a propósito de la llamada Ley de Contenidos, la bancada “chavista” de la Asamblea Nacional utiliza las capacidades técnicas, logísticas y administrativas del Ejecutivo Nacional, a través de CONATEL, para versionar, plantear y formalizar sus propuestas en la materia. ¿No es evidente la confusión del (simulacro de) Partido y Estado, agudizando la práctica de un “outsourcing” que –ésta vez- resulta misional?.
Pruebas de exactitud
En un marco (neo) populista, el partido político puede sobrevivir mediante la confiscación por uno o algunos de sus líderes, presto a sus caprichos, así como –ampliando el abanico del clientelismo- por un número mayor y selecto de cuadros que lo conciben como un fin en sí mismo. Al consolidarse ciertos intereses, la política es concebida como una adicional actividad mercantil que ha de beneficiar a sus accionistas, sustentada en las operaciones externas que la mitigada militancia o clientela no es capaz ya de realizar.
Una prueba de lo lejos que puede llegar el “outsorcing”, en una democracia plebiscitaria e –incluso- sin pueblo, según la sentencia duvergeriana, exactamente la ofrece el régimen actual. E insinúa las posibilidades que ofrece la fórmula desde una perspectiva reaccionaria, conservadora, reformista o revolucionaria.
A quien beneficia la prohibición del financiamiento estatal es al partido de gobierno, pues, dispone –además de la Tesorería Nacional- de los generosos aportes de las empresas – y relacionados- que contratan con el Estado. Así, las deficiencias operativas, tácticas o hasta estratégicas que pueda exhibir, prontamente pueden satisfacerlas aquellos que tienen intereses que preservar o defender, a excepción de la mayoría de los medios privados de comunicación social cuya inexistencia resulta vital para el oficialismo.
Muy distinto es que el “outsourcing” no afecte lo que hemos dado en llamar las misiones esenciales de los partidos, practicándolo en una proporción adecuada que no acarreé –por ejemplo- un costo de identidad. Además, debemos considerar dos hipótesis que pueden contrarrestar sus efectos perniciosos: una, la posibilidad y necesidad del financiamiento estatal de los partidos, en un nuevo escenario, tan apremiante como la de devolverle constitucionalmente la no-deliberancia a la institución armada, al involucrar nociones como la rendición de cuentas y reivindicar la vía judicial en caso de delitos. Y la otra, con el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, concebida la política como estímulo antes que gestión, llevándonos a un redimensionamiento del “outsourcing” político.
Notas:
(1) Nos arriesgamos a la pérdida de las evidencias empíricas en Venezuela al subestimar el patrimonio documental de los partidos políticos (reglamentaciones, actas de sesiones, correspondencia, documentación notariada, transacciones registradas, etc.), restándoles importancia institucional. La preocupación en torno a la inaprensible intimidad de los partidos subyace en la literatura especializada, por ejemplo: Alcántara Sáez, M. – Freidenberg, F. (%=Link(«http://www.diba.es/icps/working_papers/docs/wp_i_187.pdf»,»Organización y funcionamiento de los partidos políticos en América Latina»)%)
; y (%=Link(«http://www.ndipartidos.org/pdf/Manuel 2002/ mgp2002_organización.pdf»,»Organización y funcionamiento interno de los partidos políticos en América Latina»)%).
(2) Hacer política tiene un costo social que se agrava con la imposibilidad constitucional del financiamiento estatal de los partidos, lo que obliga a meditar sobre el veto de hecho que afecta a los sectores de menores recursos, marcada una mayor distancia entre los bienes y derechos ciudadanos que se proclaman y la posibilidad material de sustentarlos y ejercerlos. Breve digresión, de existir los fondos de pensiones gozaríamos de mejores condiciones y posibilidades para los conductores de base, pero –no siendo así- habría que pensar en opciones tan delicadas, por todo lo que comporta su administración, como –por ejemplo- una caja de ahorros o cooperativas dirigenciales que ayuden a desterrar las conocidas y burdas prácticas clientelares.
(3) Refería un clásico que “la democracia no está amenazada por el régimen de partidos, sino por la orientación contemporánea de sus estructuras internas” y alertaba que ya no es la simple “naturaleza militar, religiosa o totalitaria que revistan a veces”. Vid. Duverger, Maurice. “Los partidos politicos” . Fondo de Cultura Económica. México. 1974, p. 452.
(4) El primer sacrificio del “cordero” estuvo dirigido hacia los partidos y no PDVSA, como señala –a propósito de nuestra patología- Yolanda Salas en un enfoque interesante y novedoso de lo que acontece. Vid. Alfredo Meza. Entrevista. Diario “El Nacional”, 02/02/03. Por cierto, Salas se ha referido, en un trabajo ampliamente recomendable, a la “dramatización política del mito bolivariano, mediante un discurso divisionista tal como lo anunció Chávez en sus campañas presidenciales”, capitalizando la “energía mesiánica del mito bolivariano” que es retorno a la “edad dorada”: en fin, “una revolución centrada en el pasado”. Vid. (%=Link(» http://www. clacso.edu/ar/ ~libros/mato/salas. pdf»,»La dramatización social y política del imaginario popular: el fenómeno del bolivarismo (SIC) en Venezuela»)%). Deducimos que, al tocar los fundamentos del sistema pluralista de partidos, barridos del “nuevo” imaginario, poco o nada pudieron hacer habituados al “outsourcing”.
(5) Puede verse, por ejemplo: LB. (%=Link(7750791,»Ambientalismo infovirtual»)%) ; y (%=Link(8131153,»¿Cuál ciberdemocracia?»)%). Alejandro Navas García. (%=Link(«http://www. rehue.csociales.uchile.cl/ publicaciones/mad/07/ papers05.htm»,»Algunas posibles consecuencias del desarrollo de internet»)%). Respecto a la perspectiva internetiana en la literatura sobre los partidos políticos, vid. Montero, J. R. – Gunther, R. (%=Link(«http://www.uam.es/centros/derecho/cpolitica/ 2_2003. pdf»,»Los estudios sobre los partidos políticos: una revisión crítica»)%)
