El Acuerdo: ¿qué se cierra y qué se abre?

La firma, necesaria y conveniente, del Acuerdo entre el Gobierno y la oposición cierra una etapa crucial de la historia reciente del país: esa que comienza con el retorno de Hugo Chávez a la Presidencia de la República, luego de su efímera salida la madrugada del 12 de abril del año pasado. Después del regreso de Chávez, y una vez superado el trauma que produce su vertiginosa reaparición en el escenario político nacional, la oposición reinicia su recomposición, surge la Coordinadora Democrática y se pone en marcha el plan de movilizaciones que busca transmitir una imagen de fortaleza, a pesar del traspié dado y de que el Presidente de la República resurge como el Ave Fénix. En el ciclo que recién culmina se ven las marchas y concentraciones más numerosas en la historia nacional, así como el pronunciamiento de los militares apostados en la Plaza Francia, el paro cívico y, formando parte de él, el paro petrolero. Este tal vez sea el episodio más emblemático de esa fase. La industria fundamental del país se detiene, hay escasez de gasolina y se registra una caída importante de las exportaciones petroleras. El control de un sector importante de las Fuerzas Armadas por parte del primer mandatario, junto al predominio dentro de este estamento de la corriente institucionalista que se opone a la ruptura del hilo constitucional, representan factores que permiten explicar por qué un fenómeno de consecuencias cataclísmicas como la parálisis de la actividad petrolera, no se traduce en la desestabilización y caída definitiva del Gobierno o el desencadenamiento de una guerra civil. Con la firma del pacto se clausura el trabajo de César Gaviria, el Centro Carter, el PNUD y la Mesa de Negociación y Acuerdos. Todos se despiden con un resultado concreto: logran que se escnifique un acto de buena fe, gesto que en medio de tanta pugnacidad sirve para aliviar las tensiones.

Por supuesto que con esa firma no se sanan las heridas. El propio Gaviria lo ha dicho muchas veces. Con su particular estilo ha señalado que la crisis venezolana es muy honda y que se requiere de un supremo esfuerzo para espantar los fantasmas de la confrontación sangrienta, que se pasean amenazantes por todo el territorio nacional. El documento que acerca al Gobierno y la oposición, o que hace que al menos momentáneamente las grietas se cierren un poco, sólo significa que ambos parecen haber comprendido la gravedad de la crisis ante la que nos encontramos, y que los dos, el Gobierno y sus adversarios, están dispuestos a evitar que lo peor suceda. Es un paso que abre una nueva fase, no se sabe si menos tensa y violenta, pero nueva al fin. A partir de ahora estaremos sin Gaviria, luego de que durante casi ocho meses Venezuela fuese el eje de preocupación del tenaz Secretario General de la OEA, quien a pesar de los desplantes logra mantenerse como facilitador de unas gestiones que a cada rato parecían naufragar En adelante los venezolanos tendremos que lidiar solos con nuestros problemas, que ningún factor o potencia extraña creó o indujo. Hemos sido nosotros quienes, gracias a nuestro ingenio e irresponsabilidad, provocamos la inestabilidad, desconfianza y violencia que padecemos.

El Acuerdo no es el programa de gobierno de un partido. Es decir, no refleja los intereses y puntos de vista de un grupo homogéneo que comparte una visión del país y de las salidas a la crisis. Al leerse los 19 puntos que lo integran, se nota que es un texto que surge después de arduas discusiones y difíciles transacciones. Para la oposición no ha podido resultar fácil admitir el texto de los primeros puntos en los que se habla de la democracia venezolana como si estuviese haciendo mención de Suiza, pues se obvian las leyes que penden sobre la cabeza de los venezolanos (la Ley de Contenidos, la reforma de la Ley del TSJ y la Ley de la FAN) y la violencia reinante, que cobra nuevas víctimas el sábado en la llamada Reconquista del Oeste. Eso de estar pasando por ingenuo a una edad como la que tienen los negociadores, no resulta muy agradable. Pero tampoco para la representación oficial, y se sabe quién está detrás de esas firmas, debe de haber sido sencillo admitir que el referendo revocatorio del Presidente de la República se lleve a cabo (punto 17) en una fecha de “forma tal que resulte diligente y oportuna, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política”. Esta Ley, según la interpretación que hacen el Gobierno y la oposición de su artículo 184, establece que a más tardar el referendo revocatorio del Presidente se hará 90 días después de haberse introducido las firmas en el CNE. En el mismo documento (punto 12) se acepta que “conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de febrero de 2003”, la mitad del período constitucional actual es el 19 de agosto del presente año. El Acuerdo despeja el camino para el revocatorio del mandato del Presidente de la República. Gobierno y oposición reconocen que el epicentro de la crisis está colocado en torno a la figura del primer mandatario y se disponen a encarar ese conflicto. Poco importa que cuando se trata el tema (punto 12) se hable de múltiples revocatorios. La oposición más bien debería estar complacida de que el asunto se haya introducido de esta forma, pues hasta ahora es ella la que ha recogido la mayor cantidad de firmas para revocar los mandatos de gobernadores, alcaldes y diputados oficialistas. El Acuerdo no está redactado de forma ideal ni para el Gobierno ni para la oposición, pero contiene las líneas que la correlación de fuerzas entre los dos campos permitían escribir. Ahora a ligar que el país gane.