Foro Penal rechaza ataques contra defensores de DDHH

El Foro Penal venezolano rechazó este sábado los ataques que sistemáticamente han recibido diferentes integrantes de su organización durante los últimos meses, en particular, tras la denuncia de Marino Alvarado, representante de Provea, de que él y su hijo fueron secuestrados y robados.

“El secuestro y ataque a Marino Alvarado y su hijo despierta, más aún, nuestra alerta sobre el acoso programado y sistemático contra organizaciones y defensores de derechos humanos. No podemos establecer una relación directa, en estos momentos, entre el ataque a Marino Alvarado y el constante acoso público de Diosdado Cabello a este defensor de derechos humanos, ya que eso es función de la Fiscalía. Sin embargo, debemos alertar nuevamente que este año, precisamente, otros defensores de derechos humanos han sido atacados en las calles en similares circunstancias, luego de haber sido sistemáticamente referidos y acosados por Diosdado Cabello en su programa (de televisión) especialmente diseñado para discriminar y dañar la reputación de las personas e instigar al odio”, expresó el organismo, a través de un comunicado.

En el texto del Foro Penal se destaca que en un hecho anterior, su director ejecutivo, Alfredo Romero, fue bloqueado por otro vehículo cuando dejó en su casa a la abogada Sorelis Mendoza.

“Romero fue apuntado con armas de fuego. En ese momento, el director ejecutivo del Foro Penal asumió el riesgo de acelerar su vehículo y esquivar el ataque. Esto ocurrió en febrero de 2015, minutos después de que Diosdado Cabello se había referido a Alfredo Romero en su programa con las constantes mentiras que utiliza para instigar al odio contra personas. Es de notar que Cabello se ha referido a Romero y su familia en más de 40 programas, así como al Foro Penal Venezolano”, se precisó.

Asimismo, en el comunicado se trae a colación que Horacio Giusti, jefe voluntario de prensa, fue atacado “brutalmente” en la cara por personas que le decían que debía callarse, luego de haberle dejado notas escritas intimidatorias en su casa.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de Alfredo Romero y tres miembros del Foro Penal en virtud de ataques y persecuciones.

“Esto incluye a nuestro coordinador en Carabobo, Luis Armando Betancourt, y la hermana de nuestra coordinadora en Táchira. Se encuentran otras solicitudes pendientes ante la CIDH por ataques contra Genis Navarro, coordinador del Foro Penal en Mérida y Celia Dao, coordinadora en Zulia. La directora del Foro Penal Tamara Sujú fue obligada a pedir asilo en la República Checa por estos ataques. En mayo de 2014, el entonces Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, acusó sin pruebas a varios defensores de DDHH, entre ellos, nuestro director Gonzalo Himiob Santomé, de estar vinculados a supuestos planes conspirativos, y el abogado Marcelo Crovato se encuentra procesado y preso por más de un año sin proceso judicial, tras haber asistido como voluntario a un grupo de personas que estaban siendo sujetas a un allanamiento de morada. Esto se asimila más a un secuestro con torturas desde el estado, que a una medida judicial, cuando hasta la fecha no se le ha demostrado y ni siquiera se ha admitido una acusación por delito alguno”, prosiguió el texto.

En el comunicado, el Foro Penal venezolano subraya que, a pesar de que estas agresiones han sido formalmente denunciadas ante la Fiscalía, no se ha producido investigación alguna. A pesar de que la CIDH se ha dirigido al Estado venezolano para exigir la protección de estos defensores de derechos humanos, nada ha sucedido, el gobierno no ha cumplido con las recomendaciones que se le han hecho y no ha protegido a los activistas de DDHH. Nada se hace para evitar que a través de los medios de difusión oficiales se sigan haciendo afirmaciones falsas y amenazas contra los defensores de los DDHH, pero sin embargo, hay 6 presos políticos por más de un año encarcelados, acusados de supuesta instigación pública, y ello solo por mencionar a funcionarios del gobierno en mensajes de Twitter con muy pocos seguidores”.

“Estos ataques a defensores de derechos humanos, que incluyen a ONG como Provea, Observatorio de la conflictividad social, Observatorio Venezolano de Prisiones, Control ciudadano, Foro Penal Venezolano, se han incrementado notablemente este año, luego de la participación de estas ONG ante instancias de la ONU como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos”, se lee en el documento firmado por la junta directiva integrada por: Alfredo Romero (Director Ejecutivo), Gonzalo Himiob Santomé, Alonso Medina Roa, Tamara Suju, Robiro Terán, Mariela Suárez, Coordinadora nacional de organización y sus coordinadores estadales.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, designó este viernes, a la fiscal 18° del Área Metropolitana de Caracas, Mónica Trejo, para que investigue los hechos denunciados por Alvarado.