Fiscalía investiga situación irregular ocurrida a Marino Alvarado
La Fiscalía venezolana comenzó a investigar el viernes una denuncia de secuestro y robo presentada por un activista de derechos humanos, para quien la ONG Amnistía Internacional reclamó protección del gobierno.
La fiscal Mónica Trejo emprendió «la investigación de los hechos denunciados por el representante de Provea, Marino Alvarado, quien señaló que este jueves 1 de octubre fue víctima junto a su hijo de secuestro y robo», informó el Ministerio Público en un comunicado.
La ONG defensora de los derechos humanos Provea, a la que pertenece Alvarado, informó que el activista y su hijo menor de edad fueron golpeados, secuestrados y robados por tres hombres armados que los sometieron en su residencia durante 40 minutos y se llevaron artefactos electrónicos y dinero.
El activista requirió sutura quirúrgica por un golpe en la cabeza, pero no reviste peligro, según Provea.
La fiscal 18 del AMC, Mónica Trejo, conoce de los hechos denunciados por Marino Alvarado, representante de Provea.
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) octubre 2, 2015
Amnistía Internacional señaló en un comunicado que esta agresión tuvo lugar en medio de «una oleada de declaraciones públicas deplorables de parte de autoridades de alto nivel» contra promotores de las garantías fundamentales.
Por ello, agregó, el ataque «debe ser un llamado de atención al gobierno venezolano para que asegure inmediatamente la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos».
Alvarado y el equipo coordinador de Provea solicitaron en días recientes medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por «los constantes actos de hostigamiento e intimidación por parte de altos funcionarios del Estado venezolano».
Sin embargo, el activista aclaró que no puede atribuir el ataque a represalias políticas y saludó la «rápida respuesta del gobierno para iniciar investigaciones» en el caso, según escribió en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, rechazó este «despreciable acto de agresión» y llamó a las autoridades a iniciar una «exhaustiva investigación» para identificar a los responsables.
Un emisario del vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, se comunicó con Provea para expresar la disposición del Ejecutivo a contribuir con las pesquisas, informó la ONG.
