Manifiesto de Carabobo

Así, y para cumplir ese requisito, expresamos que somos un grupo de ciudadanos, relativamente pequeño, pero que se hace eco del inmenso reclamo de toda la nación, de su clamor por el respeto a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999 por la Asamblea Constituyente, ratificada por un referéndum popular que ratificó masivamente su vigencia.

Abogamos, en una palabra, por el respeto al Estado de derecho, la seguridad jurídica y las garantías consagradas en la Constitución para todos los venezolanos. Esa es la razón fundamental de nuestra presencia en Carabobo, como antes en Caracas, donde el 29 de abril, congregados bajo la consigna de defensa de la Constitución y del orden legal de la nación, nos dirigimos al Presidente de la República para exhortarlo a reintegrarse a las pautas constitucionales.

Con ese propósito constituimos el “Movimiento 2D / Democracia y Libertad”, en cuyo nombre venimos ahora a Carabobo, como antes estuvimos en Aragua, y con los días iremos, paso a paso, a las otras regiones de Venezuela. Pueden variar nuestras palabras, pero nuestro mensaje de fondo no será otro que el reclamo de respeto al orden legal vulnerado de manera sistemática por el Presidente de la República, en su empeño inexplicable, pero persistente, de aplicar contra viento y marea, las reformas a la Carta Magna que él propuso a la nación el 2 de diciembre de 2007, en lo que se llamó “referéndum constitucional”.

El Presidente de la República propuso entonces la reforma de 69 artículos de la Constitución Nacional, con el propósito de establecer en nuestro país lo que ha llamado “socialismo del siglo XXI” que, por lo que estamos viendo, no es otro sistema que el aplicado en Cuba durante los últimos 50 años, con la diferencia de que mientras en Cuba se inicia un proceso de apertura, aquí se aplica como se aplicó allá en sus inicios, hace medio siglo.

Estamos frente a hechos particularmente graves. Queremos que los ciudadanos de todas las tendencias democráticas tomen conciencia de estas circunstancias. El 2 de diciembre de 2007 votamos varios millones de venezolanos con la confianza de que nuestros votos serían respetados porque de ese se trata cuando se vota en un referéndum. La mayoría determinante rechazó las reformas propuestas.

El 2 de diciembre fue un día histórico porque triunfó la democracia pluralista y el sistema de libertades. Los venezolanos comprendimos todo lo que se ocultaba en aquellos 69 artículos y en unas disposiciones transitorias que como contrabando iban anexas al final del “Librito Rojo” que el Presidente ya exhibía como sustituto del Libro Azul que desapareció por obra de magia.

La reforma constitucional pretendía consagrar a Hugo Chávez Frías como presidente vitalicio, como en El otoño del patriarca, como si millones de venezolanos menores de 30 años, que constituyen más del 80% de la población, tuvieran que renunciar a su futuro porque le había salido dueño al futuro, y aquí no habría para nadie más. Esa reforma fue derrotada y el día de la partida, con lagrimas o sin lágrimas, está marcado en enero de 2013.

Ustedes pueden observar que ya el Presidente no menciona la Constitución de 1999. Tampoco menciona el referéndum del 2 de diciembre, porque simplemente se trazó como proyecto desconocer el mandato popular, burlar la soberanía de los millones de votantes, y aplicar sus reformas de manera violatoria de la Constitución. De ahí que, amigos de Carabobo, cada día Venezuela se va conformando como un país regido por un gobierno de facto.

No bastó que la reforma fuera derrotada. El referéndum no significó nada para el Presidente de la República, como si no hubiera existido el 2 de diciembre, y como si el referéndum hubiera sido apenas una simple ceremonia de simulaciones, el Presidente va aplicando sus reformas a troche y moche, e imponiendo su “socialismo del siglo XXI”, que no es otra cosa que el control absolutista de toda la sociedad, de la economía, de los inmensos recursos del Estado, administrados a discreción, puestos al servicio de su proyecto político, dentro y fuera de Venezuela.

Si el Presidente propuso la reforma de 69 artículos, bien puede concluirse que viola los 69 artículos no reformados, vigentes plenamente, por tanto, según la Constitución Nacional. Este es el mensaje que queremos trasmitir a la gente de Carabobo, y por eso estamos aquí.

Otra de las violaciones constitucionales tiene que ver con la descentralización y el desarrollo equitativo del país. El poder central está contra las regiones. En su propósito de controlar todas las estructuras, Miraflores monopoliza todas las facultades y maneja todos los recursos, violando la ley del situado constitucional.

Lo que el Presidente llamó “geometría del poder” no era otra cosa que la anulación de gobernadores y de alcaldes, a los cuales pretendía sustituir por seis o siete vicepresidentes que como sultanes lo representarían al supremo jefe de Estado. Esa “geometría” fue derrotada el 2 de diciembre, pero el Presidente persiste en su proyecto centralista. La Constitución establece la descentralización, y, sin embargo, el centralismo se afianza cada vez más, a desmedro de la autonomía de las regiones. En otras palabras, por los caminos verdes, el Presidente avanza en la “geometría del poder”, derrotada el 2 de diciembre.

El Presidente ha ignorado una institución sustancial para las regiones y para una administración equilibrada de los recursos de la nación. Nos referimos al Consejo Federal de Gobierno, consagrado en el artículo 185 de la Constitución, y del cual según el texto constitucional, formarían parte los gobernadores regionales, con representación de los alcaldes. Constituirlo significaba darle pluralidad al poder y voz a las regiones, pero justamente por estas razones el Presidente ha impedido su funcionamiento durante más de nueve años.

En el texto del artículo 185 se lee, por ejemplo: “El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos”. En una palabra, letra muerta.

Desconocer una institución como el Consejo Federal de Gobierno es, además de una violación de la Constitución, un testimonio de que el centralismo y la concentración del poder es parte de la “geometría del poder” que se aplica desde Miraflores contra las regiones y contra sus gobernadores y alcaldes elegidos por sus pueblos.

Es obvio que las conquistas de la Ley de Descentralización están siendo vulneradas por el centralismo de la revolución bolivariana que se mueve con un doble propósito: disponer de los dineros de las regiones, por una parte, y por la obra, mantenerlas en un puño. Es a las regiones a quienes compete librar esta lucha por sus conquistas y por la descentralización, contra la autocracia que pretende disponer discrecionalmente de los recursos de la nación.

Esto explica por qué el “Movimiento 2D / Democracia y libertad” ha resuelto dar estos campanazos, visitar las regiones, a fin de que todos tomemos conciencia de que no bastó el triunfo del NO en el referéndum porque la Constitución Nacional no ha sido suficiente para detener la marcha del Presidente de la República hacia el establecimiento en Venezuela del “socialismo del siglo XXI”. Una de sus metas, como se evidencia en los últimos meses, es la eliminación de la empresa privada y la negación del concepto de propiedad como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

No pasa un día que no se anuncie la toma de una empresa, la estatización o nacionalización de una industria, la ocupación de fundos agrícolas en plena producción. Vamos, en suma, hacia el Estado petrolero y capitalista más poderoso de América Latina y de grandes partes del mundo, porque en pocos continentes se dan fenómenos como este. Un capitalismo de Estado más salvaje que todos los capitalismos de todas las épocas. Con otra característica, más salvaje aún porque tiene un solo dueño, y ustedes saben su nombre: nació en Sabaneta de Barinas, hace 54 años.

Abordemos con el mismo espíritu que nos mueve un tema particularmente sensible como es el de la Fuerza Armada Nacional y lo que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La politización de la Fuerza Armada Nacional tiene implicaciones de extrema gravedad. En las últimas semanas y de manera evidentemente dirigida, altos jefes militares, desde el ministro de Defensa, han ido pronunciándose políticamente y repitiendo la consigna del PSUV del “Patria, socialismo o muerte”. Primero fue el insulto del ministro cuando llamó, con menosprecio, “perros institucionalistas”, a aquellos oficiales que actúan y respetan los principios de la Constitución. Dado que se trata de un asunto sobre el cual no deseamos especular, vamos a cederle la palabra a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual dice textualmente, y leemos:

Artículo 328. “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad de! espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en e! desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.

Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica”.

Articulo 329. “El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. La Guardia Nacional cooperará en e! desarrollo de dichas opera¬ciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país”.

Ahora tenemos unas fuerzas llamadas de la Reserva Nacional, dependientes directamente de Miraflores, bajo el comando personal del Presidente de la República, con presupuesto propio, lo que equivale a un ejército paralelo a la Fuerza Armada Nacional. Otra vez la Constitución como letra muerta.

Los venezolanos debemos hacer un ejercicio ciudadano, discreto y modesto si se quiere, pero urgente y necesario: leer el texto de la Constitución y anotar las innumerables violaciones de que es objeto. Ese ejercicio nos llevará a la conclusión de que vivimos bajo un gobierno de facto. Que no somos un Estado de derecho, y que en nuestro país todo lo decide el presidente de la República.

En nuestro “Movimiento 2D, Democracia y Libertad” lo hemos expresado y deseamos reiterarlo porque es preciso ser claros, no existen candidatos a ninguna posición política, somos un grupo de opinión y expresamos con claridad nuestras ideas en busca de una toma de conciencia que nos haga despertar. Actuamos en nombre de la Constitución y en defensa de la Constitución. Estamos contra los golpes de Estado que cada día ejecutan quienes pretenden poner en vigencia, contra la voluntad de los venezolanos, las reformas derrotadas el 2 de diciembre.

Apartarse de la Constitución y del cumplimiento de sus preceptos tiene implicaciones de diversa naturaleza. Una administración pública sin transparencia no puede entregarle debidas cuentas a la nación. Veamos: mientras el petróleo ha mantenido muy altos precios en los últimos nueve años, la deuda externa venezolana, a través de bonos o de préstamos a la banca, asciende a la suma de 60 mil millones de dólares, incluyendo la deuda de Petróleos de Venezuela que va por los 16 mil millones. Si este es el tiempo de las vacas gordas, en manos de Hugo Chávez Frías vamos a pasar pronto al tiempo de las vacas flacas.

La deuda externa se incrementa progresivamente y, lo más grave es que un alto porcentaje de esos compromisos financieros que comprometen el bienestar de los venezolanos se destina a una carrera armamentista y a un arsenal de bombarderos, helicópteros artillados y submarinos, de cohetes de toda naturaleza y de fusiles Kalashnikof en cantidades alarmantes. Venezuela es uno de los países de América Latina que gasta más en armamentos. Si tuviéramos una Asamblea Nacional capaz de fiscalizar al Ejecutivo, podríamos estar mejor informados. Pero no, esto se maneja como secretos de Estado.

Basta darle una ojeada a la prensa internacional para ver lo que se dice de nuestro país en el exterior y cómo se percibe a Venezuela. Los periódicos de Nicaragua informan sobre el cuestionamiento al comandante Daniel Ortega por la manera como maneja los recursos que le envía el presidente Chávez, montantes a 520 millones de dólares. En los periódicos de ayer leímos que el presidente de Bolivia Evo Morales hace campaña proselitista entregando dólares procedentes de Caracas. En Perú protestan porque el presidente de Venezuela declaró que “Sendero Luminoso no era peligroso”. De ahí la respuesta del canciller peruano García Belaúnde. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, protestó contra los ataques de Chávez al jefe chileno de Interpol. En pocas palabras, las cuestiones sustanciales se postergan en las relaciones exteriores y las cumbres se califican según la conducta del Presidente de Venezuela.

El domingo 18 de mayo, el “Movimiento 2D / Democracia y Libertad” en un documento titulado “Venezuela en el ojo del huracán” demandó del presidente de la República decir la verdad sobre los documentos encontrados en las tres computadoras del comandante Raúl Reyes, y en los cuales se implica seriamente al gobierno de la nación por sus relaciones con las FARC. La reacción oficialista ha sido la de cuestionar a la INTERPOL, pero el organismo policial no hizo otra cosa que respaldar la autenticidad de lo encontrado en los archivos electrónicos del guerrillero.

Los venezolanos requerimos del presidente de la República que le diga la verdad al país, porque en las computadoras está registrada la historia de los últimos 8 años de las guerras de las FARC y de sus contactos y negociados. A nadie escapa lo grave que sería para nuestro país no poder explicarle al mundo, la verdad de esas versiones. No basta no atacar al presidente de Colombia o al secretario general de INTERPOL. No basta. Por eso expresamos en ese documento, y aquí lo reiteramos, que estos episodios “afectan de manera inaceptable el crédito de nuestro país como miembro de la comunidad latinoamericana y mundial, comprometiéndonos en planes de subversión y desestabilización regional que ponen en riesgo la paz con países tradicional e históricamente amigos”.

Este es el mensaje que queremos trasmitirle al pueblo de Carabobo. Consideramos llegado el momento de pedirle al jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, que retorne al ordenamiento legal, y se someta a los mandatos de la Constitución de 1999, y de las leyes de la República. Que considere que el referéndum del 2 de diciembre de 2007 no puede ser vulnerado, ni negado, ni violado. Que, por consiguiente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene plena vigencia y sus principios deben ser respetados por todos, pero fundamentalmente por quienes, como el presidente de la República, está obligado a cumplirla y hacerla cumplir.

Esta es la palabra y este es el compromiso del “Movimiento 2 de Diciembre / Democracia y Liberad”.