Historia política de Venezuela, los grandes trazos
V.- Sociedad Civil contra Chávez Frías. (I)
He venido haciendo un recuento acerca de cual ha sido el desarrollo, en cierta forma cronológico, de la oposición o resistencia al régimen autoritario de Chávez Frías. En esa descripción e hilván de hechos, he tratado de destacar el proceso de destrucción de las instituciones democráticas y el papel desempeñado por algunos actores. Me interesa ahora comenzar a destacar, preservando el matiz “histórico” —entendiendo por tal la ubicación de los hechos en un tiempo— desde un punto de vista algo más analítico o de descripción de sus características y limitaciones, el papel de esos actores, comenzando por la sociedad civil y los partidos políticos.
Antecedentes
EL Presidente Chávez Frías enfrenta desde hace dos años, concretamente después de los sucesos de abril de 2002, una crisis política en la cual esta en seria duda la legitimidad de su régimen. A partir de ese momento nadie tiene la menor duda acerca de la perdida creciente de popularidad del Gobierno y como este, en respuesta a esta situación, ha intensificado su arremetida por apoderarse de todas las instituciones. Pero ya desde mediados del año 2000, el régimen autoritario de Chávez Frías comenzó a soportar una sorda pero tenaz resistencia, que se manifiesta con mayor fuerza al constituirse la Coordinadora Democrática.
En los momentos que podemos denominar cumbres o estelares de esta lucha, por preservar la democracia ante el autoritarismo del régimen, ante cada problema sustantivo que confronta la oposición han surgido y surgirán los problemas no resueltos; uno de ellos es el enfrentamiento entre dos actores del proceso, los partidos políticos (PP) y la sociedad civil (SC), entendiendo por esta última los ciudadanos, agrupados o no en organizaciones no gubernamentales (ONG), pero sin duda movilizados políticamente y que —por lo general— no forman parte de ninguna organización política.
LA resistencia al autoritarismo tuvo su protagonismo inicial, sin duda alguna, en la SC. Esa SC, poco organizada, desde el punto de vista político, más dedicada a sus propias tareas y actividades, de corto alcance, de alcance local o de involucramiento en temas específicamente ciudadanos como justicia, educación, ambiente, transparencia electoral, participación en aspectos municipales, etc. sorpresivamente comenzó a hacer resistencia a la prepotencia y algunas medidas de corte autoritario del Gobierno de Chávez Frías.
Veamos de manera breve cuales fueron las grandes manifestaciones y los grandes momentos, antes de entrar a considerar algunas de las dificultades que confronta y que le han restado eficacia.
Los ciudadanos
El despertar fue el tema electoral, en la cual los ciudadanos en búsqueda de transparencia, lograron detener lo que se anticipaba como un inmenso fraude en las llamadas megaelecciones del año 2000. Agrupadas diversas organizaciones en una “ventana” que abrió el Consejo Nacional Electoral (CNE) denominada Red de Observación Electoral (ROE), los ciudadanos se incorporaron al proceso de observación electoral. Muchas fueron las advertencias acerca de lo que ocurría, pero especialmente varios informes de la Red de Veedores sobre lo que estaba ocurriendo en el proceso electoral, al interior del CNE, condujo a un recurso introducido por algunas ONG ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que implicó la suspensión del proceso, la renuncia de la directiva del CNE y su sustitución por otra, que logro llevar a cabo los procesos electorales pendientes en julio y diciembre de 2000. Esa fue la aparición estelar de la SC, que hasta ese momento, como bien lo caracterizo el entonces Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, nadie sabía muy bien “con que se comía eso” de la sociedad civil.
Meses más tarde, la sociedad civil reacciona ante el adoctrinamiento al que son sometidos los niños a través de textos escolares; contra el proyecto de Ley de Educación que se discutía en la Asamblea Nacional (AN) y en particular en contra del Decreto 1011, con el que se pretendía instaurar un Reglamento de Supervisión que violaba el escalafón docente y que se anticipaba como una arremetida del Gobierno en contra de la educación privada.
Bajo el lema “con mis hijos no te metas” y convocados por organizaciones de la sociedad civil del ámbito educativo, el 31 de marzo de 2001, se realizó una primera concentración —masiva para los estándares de esa época— en la Plaza Brión de Chacaito. Durante meses se batalló en todas las áreas, entre ellas la judicial, hasta que el TSJ el 30 de abril de 2003, emitió una sentencia favorable al Decreto 1011, pero ya era un Decreto muy distinto al que el Gobierno había lanzado en el año 2001. El nuevo decreto 1011 recogía varias de las reivindicaciones más importantes por las cuales había luchado la sociedad civil, entre ellas que los famosos “supervisores itinerantes”, detonantes del conflicto, debían seleccionarse mediante concurso de méritos, debiendo contar con post-grado en educación, mención en gerencia, supervisión o administración educativa, y tener 14 años de experiencia docente en la administración pública. Esta vez en el campo educativo, como antes en el electoral, se le infringía la segunda derrota a los intentos autoritarios del régimen de Chávez Frías. De allí salen fortalecidas dos importantes organizaciones de la sociedad civil: Asamblea de Educación y el Movimiento 1011, que hoy forman parte de la Coordinadora Democrática.
El sector sindical
Sin embargo, la primera derrota político-electoral que recibiría el régimen de Chávez Frías le sería propinada por otro sector de la sociedad civil, el sector sindical. Después de derrotar a los partidos políticos en los procesos electorales entre 1998 y 2000 (Referendo consultivo constitucional, abril de 1999; elecciones de Asamblea Constituyente, julio 1999; aprobación de la Constitución, diciembre 1999; y elecciones de relegitimación, julio y diciembre 2000) el intento de Chávez Frías por apoderarse de los sindicatos, así como lo había hecho con todos los poderes del estado, fue un rotundo fracaso. Primero fue la gran abstención del Referendo sindical, superior al 76,50%, en diciembre de 2000 y luego las elecciones sindicales en octubre del 2001, en donde los candidatos del Gobierno fueron derrotados por los lideres tradicionales de la oposición, triunfo que el Gobierno nunca reconoció. Hoy vemos como el Gobierno arremete creando otras centrales sindicales, “gobierneras” u oficiales y paralelas, y negándose a discutir la contratación colectiva con los sindicatos afiliados a la CTV.
El sector empresarial
Sería a finales del año 2001 cuando el régimen y otro importante sector de la sociedad civil se enfrentarían de manera definitiva: el sector empresarial. Las relaciones nunca habían sido buenas, pero el elemento que termino de disparar el enfrentamiento fue la llamada Ley Habilitante, o mejor dicho, el conjunto de leyes que el régimen autoritario aprobó al amparo de esta Ley. En efecto, con un paquete de 49 leyes, algunas de las cuales eran seriamente cuestionadas, el régimen de Chávez Frías cambio todo el marco jurídico del país. Varias de las leyes fueron calificadas de “estatistas” e intervencionistas y desencadenaron muchas protestas que concluyeron en un exitoso paro nacional, al cual se sumo también el sector sindical. El paro que se llevó a cabo el 10 de diciembre, a pesar de que su éxito nunca fue reconocido por el Gobierno, desencadeno la resistencia del país al autoritarismo de Chávez Frías.
La eclosión de abril de 2002, un punto culminante, pero no final
A partir de enero de 2002 comenzaron en el país un conjunto de movilizaciones cada vez más intensas y numerosas. Se inicio con una marcha el día 23 de enero, en donde se unieron todos los sectores de la oposición: sociedad civil, partidos políticos, trabajadores y empresarios, que desfilaron desde la Plaza Morelos hasta la Plaza O’leary con una multitud calculada en más de 200 mil personas, lo que para ese momento significaba la manifestación más grande en un vento de la oposición y que triplico la que el sector oficial realizó ese mismo día.
Durante tres meses se continuaron sucediendo manifestaciones y actos, cada vez más numerosos, cuyo punto fue una multitudinaria marcha que se dirigió a Miraflores el 11 de abril de 2002 y fue atacada a tiros, dejando un saldo de 19 muertos y la salida del poder de Chávez Frías por un periodo de 48 horas, al ser desconocido por el Alto Mando Militar. Como sabemos, Chávez Frías regreso al poder, de la mano de los mismos militares que lo habían depuesto, pero a partir de esa fecha continuaron las movilizaciones, cada vez más numerosas.
Los hechos de abril y la actuación confusa de la Fuerza Armada, puso en evidencia la debilidad intrínseca y la perdida de apoyo del Gobierno de Chávez Frías, que no obstante ha logrado mantenerse en el poder, a pesar de la creciente resistencia. A partir de allí comenzaron también las deserciones en las propias filas del régimen, haciendo que perdiera fuerza en la Asamblea Nacional, que de controlar mas de las dos terceras partes, hoy controla una escasa mayoría, con la cual ni siquiera cuenta en todas las ocasiones. Igual paso en el Tribunal Supremo de Justicia, en donde se mantiene una especia de empate en la Sala Plena, que ha impedido renovar las autoridades en ese cuerpo, pero que al contar con la mayoría en la Sala Constitucional le ha permitido contar con algunas decisiones jurídicamente cuestionables, pero que lo mantienen anclado en una incierta seguridad jurídica.
Conclusión preliminar
Ese “desplazamiento” del Gobierno ha sido sin duda el logro más importante de la sociedad civil en este proceso y lo que le ha permitido, sin duda alguna, conquistar un espacio político de actuación, totalmente merecido y justificado; sin embargo, no esta exenta de problemas y dificultades —el concepto de sociedad civil, dispersión y especificidad de objetivos, exacerbada mentalidad individualista, calidad y característica de la representación, pugnacidad con los partidos políticos, interpretación del papel del liderazgo, formas de organización, etc.— que se deben evaluar y analizar.
(*): Politólogo
(**): Caracas, 11 de mayo de 2004
