Opinión Nacional

Humanos sin derechos

La agresión a la marcha del pasado 27-F, marcó el punto en el que el régimen de Hugo Chávez decidió quitarse la máscara que disimulaba su rostro represivo y avanzar por el camino del autoritarismo desembozado. Luego, el encarcelamiento de Carlos Melo y la orden de captura, dejada sin efecto, a Henrique Capriles Radonski no han sido más que la prolongación del zarpazo que el teniente coronel pretende darles a las instituciones democráticas. Sin embargo, los atropellos contra los derechos humanos no son recientes. Podríamos decir que comienzan de forma ostensible el 11 de abril de 2002, cuando los pistoleros de Puente Llaguno y los francotiradores apostados en los alrededores de Miraflores para defender a un Presidente acobardado y acorralado por la movilización popular, asesinaron a 19 personas. Antes de esa fecha el ataque a los derechos humanos se habían circunscrito a los desmanes que cometían los círculos del terror en la “esquina caliente”, los hostigamientos a las manifestaciones de la oposición y los despidos de los gerentes de PDVSA en aquel programa Aló, Presidente del 8 de abril, cuando Chávez mencionó con nombre y apellido a los ejecutivos víctimas de su ira.

Luego de ser repuesto por Baduel en Miraflores, Chávez inicia un proceso de ataque más selectivo a los derechos humanos y a la oposición. Intenta eliminar la Policía Metropolitana. Apresa al general Alfonso Martínez. Esta acción la combina con la reivindicación de la Guardia Nacional, componente de la Fuerza Armada que en los inicios de su Gobierno había tratado de desmantelar, para cobrarle la derrota que ese cuerpo le infringe en el levantamiento bufo del 4-F, cuando las aguerridas tropas dirigidas desde el Museo Militar por el ahora Presidente, no pudieron tomar ni siquiera La Casona, plaza defendida heroicamente por doña Blanca de Pérez y sus nietos. En la fase actual de la revolución resulta que la Guardia Nacional es el látigo con el que castiga a los disidentes, especialmente si son mujeres y jóvenes.

Para intimidar y embestir Chávez no siempre actúa de forma directa. Algunas veces usa a alguno de sus sargentos. Blanco la Cruz tiene sus presos en el Táchira. Porras los suyos en Mérida. La orden de captura a Capriles Radonski fue librada por Danilo Anderson, ese fiscal del ambiente transformado en Savonarola del nuevo orden. En este episodio llama la atención el silencio cómplice del embajador cubano, Germán Sánchez Otero, quien fue testigo de que el Alcalde de Baruta el día 12 de abril actuó como mediador, frente a la turba reunida alrededor de la casa que sirve de sede a la delegación del dictador caribeño en Venezuela. Sánchez Otero en aquella oportunidad reconoció públicamente el comportamiento de Capriles Radonski. Sin embargo, luego de la decisión del abogado Anderson se comportó como si los hechos hubiesen acaecido en Marte. Desde luego, la fase actual de la “revolución bonita” y, sobre todo, el jugoso negocio petrolero que mantiene Cuba con Venezuela, exigen de ese caballero su más absoluto ostracismo. Los negociantes, capitalistas o comunistas, no se comportan de acuerdo con lealtades, sino según las conveniencias del caso. Habrá que esperar qué dice el representante de Fidel de ese episodio cuando salga Chávez.

La larga lista de atropellos a la justicia y a los derechos humanos ha devaluado la credibilidad del régimen en el plano internacional y mermado su popularidad interna. Ya aparece entre los presidentes más desprestigiados de Latinoamérica. Se codea con su archirrival Alejandro Toledo, el petulante jefe de Estado peruano. La Corte Internacional de La Haya admitió la querella introducida contra él por abogados venezolanos, prueba de que el destino que le espera no es muy risueño. En el mundo globalizado de hoy, en el que los ciudadanos se enteran al instante de los sucesos que ocurren en el planeta, el respeto a los derechos civiles es esencial para preservar la legitimidad y popularidad de un Gobierno. Anastasio Somoza precipitó su salida de Nicaragua, cuando uno de sus centuriones mató salvajemente a un periodista norteamericano de CNN que cubría los acontecimientos que ocurrían en Managua. La imagen recorrió el mundo en minutos. A partir de ese momento el tirano firmó su sentencia de muerte. Chávez, por el camino que va, pronto será similar a “Tachito” o a “Chapita” Trujillo. Por cierto que las “chapitas” que adornaban el pecho de este déspota, podrían equipararse a las abusivas cadenas con las que el megalómano vernáculo azota a diario al país. En el caso del sátrapa dominicano, tales “insignias” eran un signo de su egolatría desmedida; las “cadenas” de Chávez, por su parte, simbolizan la necesidad compulsiva de este narciso de demostrar su poder pública y constantemente..

El giro autoritario del Gobierno acabó con el mito de los derechos humanos en la Constitución del 99, antiguo motivo de orgullo de los epígonos del régimen. El Título III, De los derechos humanos y garantías, y de los deberes, con sus 10 capítulos y 117 artículos, quedó convertido en papelillos. Los asesinados, torturados, desaparecidos, quemados, exiliados, perseguidos y encarcelados por motivos políticos, sin que haya ninguna institución del Poder Judicial o del Poder Moral a la que los ciudadanos puedan acudir con la esperanza de que su denuncia será atendida con el respeto, solidaridad y transparencia requeridos, sepultaron la supuesta vocación justiciera de los renegados que gobiernan. De los desmanes de Chávez está tomando debida nota la comunidad internacional, que ya está convencida de que en Venezuela el Estado de Derecho pertenece a una etapa cancelada.

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