Venezuela en la encrucijada

Si tuviéramos que definir la situación actual de Venezuela en una palabra, podríamos decir que es “incierta”; y si queremos agregarle un calificativo a esta afirmación, podemos concluir que es “sospechosamente incierta.” Veamos…

Después de tanto caminar por el sendero de la búsqueda de una solución pacífica, constitucional y electoral a la situación del país, Venezuela ha llegado al inicio del proceso revocatorio.

El referéndum revocatorio fue una figura incluida en la Constitución aprobada en 1999, como consecuencia de la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente. Mediante ese mecanismo, se estableció la posibilidad de evaluar, de vigilar, de controlar y de sancionar la mala gestión de todos aquellos funcionarios públicos elegidos por votación popular; entre ellos, el Presidente de la República.

Como un dato curioso podemos destacar que desde el año 1992, el entonces Comandante Hugo Chávez, hablaba del referéndum revocatorio, como una característica de lo que posteriormente este denominaría la “Revolución Bolivariana”; solía discutir en prisión respecto a la necesidad de algún mecanismo constitucional, capaz de evitar que en Venezuela se volvieran a promover “golpes de Estado,” tal y como el que lideró, como consecuencia del desencanto popular por la mala gestión de sus gobernantes. Paradójicamente, esa figura del referéndum revocatorio que tanto animó inicialmente al Comandante Chávez, hoy en día se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para él.

Pero si bien el referéndum revocatorio no ha sido bien asimilado por su instigador, tampoco lo ha sido por la sociedad venezolana en general; y aquí debemos asumir nuestra responsabilidad, y es que siendo aquél un medio de evaluación de la gestión pública, el mismo se ha convertido, tanto para el oficialismo, como para la oposición, en un instrumento de revanchismo, en donde quienes desean competir en contra de las aspiraciones de su adversario, han utilizado este subterfugio como mecanismo de retaliación política.

Todos en Venezuela han utilizado a la figura del referéndum revocatorio y ambas partes, gobierno y oposición, han recogido firmas para solicitar la revocatoria no sólo en contra del Presidente de la República, sino de Diputados a la Asamblea Nacional, y hasta de Alcaldes y Gobernadores, si bien en este último caso, la misma fue desechada por el Consejo nacional Electoral. Vemos así entonces, que a las críticas por la mala gestión que ha desempeñado el Jefe del Estado venezolano, se han unido las críticas de todos, contra todos, complicando aún más el difícil camino que le toca transitar a los venezolanos en búsqueda de la solución al grave conflicto político que padece el país.

Actuación del árbitro electoral

Adicionalmente a las partes en discordia, la figura más importante que puede considerarse actualmente, dentro del contexto político en Venezuela, por su función de “árbitro”, es la del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, según lo dispone el Artículo 292 de la Constitución de Venezuela, es el órgano rector del Poder Electoral; y tiene entre otras funciones el reglamentar las leyes electorales, declarar la nulidad total o parcial de las elecciones, la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales y refrendarios; así como el mantenimiento, organización, dirección y supervisión del Registro Civil y Electoral. Está compuesto por cinco miembros principales; los cuales, con el fin de garantizar su autonomía, no pueden estar vinculados a organización política alguna; tres de ellos debían haber sido postulados por la sociedad civil, uno por las Universidades y otro por el Poder Ciudadano, de acuerdo a la misma Constitución de la República.

En la práctica, los miembros del Consejo Nacional Electoral fueron designados a manera de representar tanto al oficialismo, como a la oposición; y es así que, en vista de que la Asamblea Nacional, no designó oportunamente a los miembros del CNE, fue el Tribunal Supremo de Justicia, quien procedió a designarlos, de manera provisional, al declarar éste la “omisión por parte del Poder Legislativo.” La decisión del TSJ le abrió las puertas para proceder a designar a los miembros del CNE, lo cual hizo de la siguiente manera: tres miembros vinculados con el sector oficialista, que son el Presidente del organismo, Francisco Carrasqueño y dos de sus Rectores Principales, Jorge Rodríguez y Oscar Bataglini; y dos que representan a la oposición, el Vicepresidente Ezequiel Zamora y la Rectora Principal Sobeida Mejías.

Hasta el presente, el CNE ha realizado las siguientes actividades vinculadas con el referéndum revocatorio:

a) Declaró improcedente la solicitud de referéndum revocatorio que había realizado la oposición. Determinó que las firmas recogidas para hacer la solicitud, lo habían sido, antes de que comenzara el lapso en que la Constitución había acordado la posibilidad de materializar dicho referéndum. Sobre este particular es importante señalar que posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia, en un recurso de interpretación interpuesto por ante la Sala Constitucional, por la organización civil SUMATE, declaró que la oportunidad de recoger las firmas para solicitar el revocatorio, era intrascendente, por cuanto que lo que exigía la Constitución era que las firmas debían ser consignadas, después de cumplirse la mitad del periodo del funcionario revocable.

b) Dictó una Resolución en donde estableció el procedimiento a seguir para el caso de los referenda, en la cual dispuso que solamente aquellas organizaciones civiles o políticas inscritas en el referido organismo, tenían la capacidad jurídica para solicitar referenda. En otras palabras, el CNE cercenó el derecho de participación que tiene todo ciudadano, por ser miembro de un Estado democrático, transformando ese derecho en la obligación, igualmente inconstitucional, de organizarse políticamente, y de inscribirse en ese organismo para actuar; olvidando que el derecho de asociarse, es un derecho inherente a la persona humana y que no puede haber autoridad alguna capaz de obligar a un particular a organizarse en un grupo o Partido Político.

c) Dictó normas vinculadas a la publicidad y propaganda para regir durante los procesos referendarios, limitando la ingerencia de las partes, entre ellas la del Jefe del Estado, quien permanentemente ha hecho uso de interminables transmisiones en cadena nacional; sin embargo, durante la recolección de firmas por parte del gobierno y de la oposición, el Sr. Presidente de la República, hizo uso de transmisiones en cadena nacional, bajo excusas de otra naturaleza, pero con evidente mención a los procesos que se avecinaban y se estaban produciendo, y el CNE tampoco hizo absolutamente nada al respecto.

d) Ha dictado las normas de verificación de las firmas y demás datos existentes en las respectivas planillas de recolección de firmas, destacando la imposibilidad de verificar todos y cada uno de los datos, optando por la verificación por muestreo; es decir, mediante la escogencia al azar. Esta decisión fue duramente criticada por los miembros de los partidos oficialistas; razón por la cual, se anunció una pronta reforma del Reglamento que establece tales procedimientos. De proceder dicha reforma esta sería totalmente ilegal, porque el CNE no puede cambiar las reglas del juego, después de efectuarse el procedimiento correspondiente. Hasta este momento el CNE, después de toda una seria discusión y críticas a nivel nacional, ha anunciado que no hará ningún tipo de cambios al respecto; pero esta actitud por parte del organismo comicial, ocasionó la decisión por parte del sector opositor, de negarse a entregar las firmas recaudadas, hasta tanto se establecieran las reglas de juego claras en materia de verificación de las actas contentivas de las firmas. Tal situación, si bien pudiera ser entendible, evidentemente causa un perjuicio para la continuación del proceso revocatorio en Venezuela, por cuanto que retarda no sólo la verificación de las firmas, sino la convocatoria al referéndum revocatorio por parte del organismo electoral.

Proceso Referendario:

El CNE fijó el lapso comprendido entre el 21 y 24 de noviembre de 2003, para dar lugar a la recolección de las firmas por parte del oficialismo en contra de ciertos Diputados de la oposición en la Asamblea Nacional. La recolección de estas firmas fue realizada de manera pacífica, sin que hubiera hechos de violencia que lamentar, y bajo la mirada de los observadores internacionales y de los medios de comunicación, quienes pueden dar fe de la ausencia de personas en los centros de recolección de firmas. Fue increíble la falta de personas en cada uno de estos lugares. En lo que respecta a la recolección de firmas por parte de la oposición, el CNE estableció como fechas entre el 28 de noviembre hasta el 01 de diciembre, oportunidad que también presenciaron los medios de comunicación y los observadores internacionales, quedando en sus memorias las interminables filas de personas estampando sus firmas en contra del Presidente de la República y de ciertos Diputados representantes del gobierno ante la Asamblea Nacional. A diferencia de lo que sucedió durante la semana anterior, este proceso estuvo vinculado con actos de violencia por parte de personas relacionadas con el oficialismo, quienes pretendieron interrumpir y sabotear la recolección de las firmas. Igualmente en algunos lugares del país, miembros de la Fuerza Armada Nacional, en ejecución del Plan República, intentaron impedir o retardar la recolección de firmas, alegando ejercer ciertas funciones que en definitiva no poseían. Así también, sin haberse terminado de obtener las firmas en el mencionado proceso, ya los partidarios del gobierno y el propio Presidente y el Vicepresidente de la República hablaban de mega fraude; de igual manera continuaron las cadenas de televisión del Presidente de la República inaugurando obras sociales y construcciones, pero haciendo mención al evento del reafirmazo que se estaba realizando, el gobierno organizó un mercado popular casi a las puertas del CNE, el gobierno nacional cerró la frontera entre el Estado Táchira y Colombia de manera arbitraria y ordenó entre otras cosas, el cierre de los aeropuertos privados de Caracas. Sobre tales particulares, nada hizo el CNE.

Los resultados del proceso:

Tal y como señala el reglamento de procedimiento del referéndum, durante el proceso de recolección de firmas estaba prohibido el informar públicamente respecto a cuántas firmas estaban siendo recogidas. Pero una vez finalizados ambos eventos, gobierno y oposición, han dado sus cifras aproximadas. Por el lado del gobierno, a pesar de que fue pública y notoria la ausencia de personas firmando, ellos han mantenido la tesis de que han recogido aproximadamente 3 millones y tantos de firmas. Del lado de la oposición, la última cifra señalada por ellos, el día 16 de diciembre, da un monto de 3 millones cuatrocientas mil firmas aproximadamente. Como lo establece el reglamento de verificación de firmas, será el CNE el único organismo competente para establecer los resultados oficiales de cada proceso; este reglamento dispone que el CNE tendrá un máximo de 30 días para verificar lo concerniente a las firmas, antes de dar un resultado definitivo. En todo caso, es importante resaltar los resultados que han adelantado las mismas partes interesadas, porque de ser ciertos los mismos, hay ciertas consecuencias que no pueden pasar inadvertidas.

Una de esas conclusiones que cualquiera puede extraer, es que de coincidir la información suministrada por ambas partes, considerando que según el CNE, hasta el día 16 de diciembre de 2003, existen en Venezuela 12.260.895 venezolanos inscritos en el Registro Electoral Permanente, si sumamos las cantidades aportadas por ambas partes; si bien por parte de la oposición, tal y como lo establece el Artículo 72 de la Constitución, se superó el 20 % de los electores inscritos, necesarios para solicitar el referéndum revocatorio en contra del Presidente de la República,(lo cual en la práctica era aproximadamente 2.400.000 firmas), ambas cantidades solamente llegan al 50 % de los electores inscritos. Dicho de otra forma; por alguna razón que pudiéramos discutir largamente, un importante número de venezolanos, en capacidad de solicitar el referéndum revocatorio en contra del Presidente Chávez, no acudió a la convocatoria, ni de la oposición, ni tampoco del gobierno en contra de la oposición.

Si a esto le agregamos el hecho de que, si el referéndum revocatorio en contra del Presidente de la República hubiera sido en esa oportunidad, nos hubiéramos encontrado con que la oposición venezolana no hubiera llegado a obtener el número de votos exigido por la CN, en el tantas veces citado Artículo 72, el cual establece como requisito, que se obtenga el mismo número de votos o votos superiores a aquellos obtenidos por el Jefe de Estado durante las elecciones que le dieron el triunfo, siempre y cuando un número no menor del 25 % de los electores inscritos haya participado en el referéndum, la situación da para reflexionar…

A título informativo basta recordar que el Presidente Chávez durante las elecciones que lo re legitimaron como Presidente de la República, en el año 2000, a raíz de la Asamblea Constituyente en Venezuela, obtuvo, según cifras oficiales del CNE 3.757.773 votos, equivalente al 59.76 % de los votos. (ver www.cne.gov.ve)

Las razones que han podido motivar esta falta de participación por parte de la mitad de los electores, pueden ser variadas. Algunos podrán atribuírsela al miedo de los venezolanos en ir a firmar, bajo las amenazas de todo el Poder del Jefe de Estado, otros podrán alegar que gran cantidad de venezolanos sabía que la oposición recogería las firmas y que por tanto no era necesaria su participación, podrán achacárselo al hecho de haber ordenado el Gobierno el cierre de los aeropuertos privados y a la frontera entre el Edo. Táchira y Colombia. En todo caso, lo que es importante señalar es que ya, dos meses antes, las Empresas encuestadoras en Venezuela, entre ellas DATANALISIS y CONSULTORES 21, las cuales no son afectas al oficialismo, habían venido advirtiendo respecto a la aparición de un importante número de venezolanos, que para antes del reafirmazo, ocupaban un 40 %, y los cuales no se consideraban atraídos ni por los mensajes del oficialismo, ni por los de la oposición. Ese grupo fue denominado por estas Empresas, “el Grupo Ni-Ni”. Según señalaban dichas encuestadoras, la popularidad del Presidente Chávez, en las semanas anteriores al reafirmazo, posiblemente por efecto de su campaña proselitista, y de los programas sociales, las ayudas económicas y de otra naturaleza similar ejecutados por él, lo habían hecho subir 4 o 5 puntos.

Actuación de los representantes del oficialismo y de la oposición durante estos últimos tiempos:

La polarización en Venezuela se ha venido manteniendo en cuanto a que los miembros de ambos grupos, aún mantienen una dura actitud frente a su contrincante, aún mantienen un régimen de intolerancia, de confrontación permanente, muchas veces de manera exagerada, que roza con el fanatismo y que evidentemente ha repercutido en ese porcentaje de la población, identificado anteriormente. A pesar de esta polarización, han surgido aparentemente, grupos de ambos lados, con un matiz mucho más flexible, si bien en muy escaso número. Vemos cómo del lado de la oposición, ahora se habla de la necesidad de incluir a los venezolanos vinculados al Chavismo, en la nueva Venezuela; y vemos, que de vez en cuando, miembros del oficialismo alaban alguna actitud positiva por parte de los opositores. Esto antes nunca se hubiera podido concebir.

No obstante esta actitud, no podemos olvidar el importantísimo mensaje que ha quedado en el aire con la ausencia de ese 50 % de los electores que no acudió a los llamados de ambos grupos; más aún, si analizamos el resultado individual de las referidas encuestas, podemos verificar que allí se mencionan entre las fallas en contra de la oposición, elementos como las ambiciones personales de sus miembros, los mensajes de odio y de violencia verbal hacia los otros grupos de venezolanos, el monopolio de la oposición respecto a las actividades políticas de los venezolanos, la identificación de miembros de esa oposición con la Venezuela del pasado lo cual representa la incapacidad y la corrupción, la ausencia de un verdadero liderazgo que represente a la mayoría de los venezolanos; y en fin, ciertas características, que de no transformarse, podrían llevar a un verdadero revés a la oposición organizada, en los eventos políticos a realizarse en un futuro en Venezuela, como el referéndum revocatorio por ejemplo.

Elementos colaterales que pueden influir en el referéndum revocatorio:

Es indudable que el tiempo juega un importante peso en las actividades políticas a ejecutarse en Venezuela. Es obvio que cuando una de las partes se encuentra en estado de debilidad, ese tiempo que transcurra lo revitaliza, le da ánimo y nuevas oportunidades para luchar; pero, realmente el Gobierno del Presidente Chávez se encuentra totalmente debilitado? Con qué armas cuenta para defender su permanencia en el poder? Cuáles son sus flancos débiles y cuáles sus fortalezas? Con qué cuenta la oposición para lograr que efectivamente se materialice el referéndum revocatorio? Logrará superar todos los obstáculos impredecibles que puedan surgir desde aquí hasta esa oportunidad? Está dispuesta la oposición a permitir la participación de todos los venezolanos en la proyección de un nuevo liderazgo? Está dispuesta esa oposición a sacrificar todo el camino andado si fuere necesario, para dejar el paso a una opción distinta a la que ellos representan? Estas son muchas de las preguntas que los venezolanos nos hacemos cotidianamente y que deben llamar a la reflexión no sólo de nuestros compatriotas, sino de la comunidad internacional, a quien constantemente le pedimos ayuda y comprensión, pero que en muchos casos, no somos capaces nosotros mismos de comprender nuestras acciones u omisiones.

Tal y como está la situación actualmente, no existe lugar a dudas de que el gobierno nacional utilizará todos los mecanismos posibles para tratar, no solamente de lograr la invalidación de gran cantidad de firmas hasta llegar a un límite mínimo en que las firmas fueren insuficientes para convocar al referéndum revocatorio, sino que hará lo imposible, jurídicamente hablando, para alargar, la realización de dicho referéndum o para evitarlo totalmente. Para ello cuenta con todas las estrategias jurídicas propias para tales fines; las cuáles van, desde la interposición de recursos ante el CNE, hasta la solicitud de nulidad del reafirmazo ante el TSJ, esto lo han reconocido expresamente las autoridades del gobierno; entre ellas, la Procuraduria General de la República.

Esta sería la estrategia más sencilla de todas a las que pueda optar el gobierno del Presidente Chávez, porque nada impide el uso y abuso de los medios de comunicación oficiales para seguir ejerciendo presión sobre los venezolanos, quienes en muchos casos se han visto impedidos de contratar con el Estado, ingresar a centros de estudio y trabajar para personas u organismos privados a los que el gobierno ha presionado, bajo la excusa de ser considerados traidores, en el caso de quienes firmaron en contra del Presidente Chávez en el proceso de recolección de firmas que fue anulado por el CNE, a cuyo efecto ha sido pública la existencia de la base de datos que fue manejada para obtener la identificación de los firmantes por parte del gobierno nacional. Como si esto fuera poco, es obvio que las amenazas, veladas o no, de parte del oficialismo, de usar la violencia, ya sea mediante la Fuerza Armada Nacional, según el Presidente Chávez, o de los Círculos Bolivarianos, en contra de quienes “traicionen a la revolución”, algún efecto deberá tener en ciertos venezolanos.

Igualmente, el intentar atraer a aquellos venezolanos con necesidades de trabajo, o con penurias económicas, los cuales pudieran estar vinculados con el llamado “Grupo Ni-Ni”, particularmente personas de clase media que han quedado desempleadas y que requieren que alguien les tienda la mano y quién más que el Estado, como primer empleador del país. Dentro de esas estrategias dirigidas hacia este grupo de venezolanos, estaría el tratar de desprestigiar a los líderes de la oposición del país, de resaltar sus ambiciones personales, de recordarles sus errores en el pasado; en fin, de seguir manteniendo en ese porcentaje de ciudadanos la desconfianza que existe hacia este sector de la oposición.

Pero otros detalles han surgido en el panorama político venezolano, que pueden dar al traste con la iniciativa del referéndum revocatorio y que no podemos dejar pasar. Uno de ellos es el mandato Constitucional para elecciones nacionales de Gobernadores, Alcaldes y Concejales para mediados del año 2004 y para el cual el CNE debe estar preparado a organizarlo, dirigirlo y supervisarlo, como es su deber; y para el cual debe contar con el presupuesto adecuado para tal fin; estas elecciones proceden al vencerse el plazo para el cual fueron electos estos funcionarios, el cual corresponde a cuatro años, y cuyo número de cargos a elegir sobrepasan los 100.000. Como supondrán quienes conocen de los presupuestos y de la actividad de los organismos públicos en la América Latina, no es fácil organizar este tipo de eventos políticos, y más aún con una Venezuela empobrecida, con un gasto público impresionante por parte del gobierno venezolano, y con un marcado interés del Presidente Chávez y su equipo, en distraer la atención del referéndum revocatorio hacia otros eventos, como lo serían éstas elecciones nacionales.

Aparte de esta situación, existe una que requiere especial consideración, por la novedad de la misma, por el organismo involucrado, por la actitud de las partes involucradas y por la grieta que deja abierta para decisiones posteriores. Nos estamos refiriendo a la decisión dictada por la Sala Constitucional del TSJ, en fecha 05 de diciembre del presente año, vinculada con un recurso de Interpretación interpuesto respecto al Artículo 72 de la CN, el cual, como hemos mencionado, establece el plazo y el número de votos requeridos para solicitar, así como para ganar el referéndum revocatorio.

Señala la mencionada decisión ciertos elementos que riñen con la competencia atribuida a cualquier Tribunal Supremo de Justicia del mundo, al proceder el más alto Tribunal, a modificar, mediante una decisión judicial, el contenido de un artículo de la CN; desvirtuando no sólo el objetivo fundamental para el cual fue creado el referéndum revocatorio, como evaluación de una gestión pública, y transformándolo en una verdadera elección plebiscitaria, en donde, según dicho Tribunal, en vez de tomarse en consideración el porcentaje de votos exigido en la norma constitucional, dicho porcentaje desaparece, para ser sustituido por una mayoría simple de votos que tendrá que ser confrontada entre quienes manifiesten el deseo de querer que el Presidente de la República abandone el poder, y quienes manifiesten expresamente su interés en que el Presidente permanezca en el mismo.

Dicho de otra forma: que a la situación contemplada en dicho Artículo, el cual, como norma de excepción tuvo que ser establecida expresamente, en cuanto a que el constituyente sustituyó el sistema de mayoría simple adoptado en los otros procesos eleccionarios contemplados en la misma CN, por un sistema específico, tratando de mantener el equilibrio entre quien detenta el poder y es evaluado por su gestión, y quienes desean la salida del poder del evaluado, simplemente el TSJ ha creado un sistema nuevo en donde se le otorga al Sr. Presidente la oportunidad de presentarse a una contienda electoral por el “no”, con todas las atribuciones que le corresponderán, como bien señala la sentencia referida, en garantía del derecho a la igualdad.

Esta decisión inconstitucional del TSJ, ha sido recibida mansamente por el Jefe del Estado; y esto es obvio, si consideramos que a partir de la misma podrá este participar activamente en un proceso, en el cual, por mandato constitucional, debía demostrar únicamente lo positivo de su gestión pública; pero curiosa y peligrosamente ha sido igualmente acogida por la oposición, los cuales, públicamente, han manifestado su beneplácito con la mencionada decisión. Las consecuencias de esta decisión, de no tomarse las iniciativas judiciales en su contra, pueden ser impredecibles; por cuanto que van, desde la desnaturalización del objetivo del referéndum revocatorio, para transformarlo en una lucha encarnizada por mantenerse en el poder, o por relevar al Presidente de la República del poder, facilitando además su permanencia con la sustitución del porcentaje que establece la CN, ahora simplemente por quien obtenga mayor número de votos, hasta la posibilidad de decisiones judiciales posteriores, dentro del mismo terreno de la inconstitucionalidad, como sería, el aceptar que el Presidente de la República, si perdiere el referéndum revocatorio, se presentare inmediatamente a una elección presidencial, situación que está vedada en el Artículo 233 de la misma Constitución de la República.

Visto todo esto, cada uno deberá establecer sus propias conclusiones.-