Centralismo de oposición
La decisión adoptada por la Sala Electoral, a pesar de las maniobras insolentes de la Sala Constitucional, acercan la posibilidad del referendo revocatorio. Es verdad que no existe ninguna garantía plena de que la consulta se realice, pero tampoco Hugo Chávez la tiene fácil. No le resulta sencillo justificar ante la comunidad internacional, objeto de tantos de sus desvelos y cuyo encantamiento nos ha resultado tan costoso a todos los venezolanos, que se desacate el dictamen de la Sala Electoral. Que se le impida decidir sobre una materia como el referendo, que le es propia. ¿Cuántas volteretas tendrá que dar para explicar que esa Sala no es apta para resolver un asunto contencioso electoral, si precisamente fue creada después de aprobarse la Constitución de 1999, en la cual se instituye el Poder Electoral como rama independiente del Poder Público? De cometerse tal exabrupto la Sala Electoral quedaría para dirimir los conflictos de los concursos de las reinas de carnaval y de las juntas de condominio. Se habría consumado la abolición del Estado de Derecho y se habría entrado en una dictadura desembozada. Por lo tanto, a pesar de los recursos que intente el oficialismo, las probabilidades de que el RR se lleve a afecte se han elevado. Una jugada que podría producirse consiste en que el Gobierno mueva sus piezas para que la cita electoral coincida con las elecciones de gobernadores y alcaldes. De este modo, en las regiones el revocatorio tendería a perder la relevancia que hoy tiene. A Chávez le conviene distraer la atención de sus adversarios y obligarlos a que coloquen sus esfuerzos en la victoria de los candidatos a gobernadores y alcaldes.
Este desplazamiento es fundamental que la oposición lo asuma con plena conciencia de lo que se está buscando. No hay duda de que salir de Chávez es la prioridad de la disidencia y de todo el país democrático. Por eso, la realización del RR debe seguir siendo el objetivo fundamental del actual período de luchas. Sin embargo, colocados ante la inevitabilidad de los comicios regionales, la oposición tendrá que asumir el reto de concurrir a esa cita sin ninguna clase de complejos, incluso en la hipótesis de que ante el RR se levantansen obstáculos insalvables. Las razones que se han dado para asistir al evento son irrebatibles. La dinámica regional no es idéntica a la nacional, cuyo epicentro se localiza en Caracas. La gente de la provincia se identifica o cuestiona de forma más intensa a los gobiernos estadales que al Gobierno central. Ignorar este precepto es caer en una suerte de narcisismo o centralismo, que por ser de oposición no resulta menos censurable. Además, conviene preservar los espacios institucionales que se tienen, además de tratar de ganar otros. Es mejor que el gobernador de Miranda sea Enrique Mendoza o alguien que se le parezca, a que sea Diosdado Cabello. Es preferible que el alcalde metropolitano sea Alfredo Peña, o un sucedáneo, a que asuma el gobierno local una criatura como Juan Barreto. Si las plazas de Miranda, Carabobo, Zulia y Anzoátegui, llegan a caer manos del oficialismo, sobre todo por los candidatos que abanderan esa opción, se habría instalado el autoritarismo en su forma mas agresiva, y el margen para el desenvolvimiento de la oposición se habría restringido severamente. ¿Se imaginan las gigantescas marchas y concentraciones de la disidencia reprimidas, además de la Guardia Nacional, por las policías de Barreto, Diosdado, Gutiérrez, Acosta Carles y Tarek? Habría autocracia para rato.
Otra razón para concurrir a las elecciones regionales es que los gobernadores, no obstante ser electos popularmente, son funcionarios que representan al Poder Nacional en cada una de las entidades federales. Esta representación se las confiere la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores. Por este motivo, una decisión del TSJ dando por concluido el período de los mandatarios actuales, combinada con el acuerdo del CNE en el que se convocan las elecciones regionales para el 1 de agosto, bastará para que los gobernantes en ejercicio queden deslegitimados, en el caso de que decidan no participar en esos comicios y, en consecuencia, se resistan a entregar sus respectivas gobernaciones a los candidatos del Gobierno que obtengan la victoria. Si los argumentos jurídicos no sirviesen para quebrar la voluntad de los mandatarios en desacato, bastaría que se colocasen un par de tanquetas del Ejército ante la sede de los gobiernos estadales, para hacerlos cambiar de opinión. Sería una inmensa tontería darle a Chávez la oportunidad de usar sus fusiles, tanques y ametralladoras por causas que sí están contempladas en el ordenamiento jurídico. Cada vez que el autócrata use la fuerza tendrá que ser como hasta ahora: en franca violación de los derechos humanos.
La oposición tiene la posibilidad de presentarse con sus mejores candidatos en cada uno de los estados y municipios del país. Tal vez no haya tiempo para organizar primarias en todos las entidades. Sin embargo, sí es posible presentarse con un candidato único, seleccionado a través de una encuesta previamente convenida y aceptada por todos los aspirantes que participen en la contienda. Conviene, por ello, que todos quienes deseen se inscriban durante el período de postulaciones, pero que sólo compitan el día de los comicios quienes resulten favorecidos en las encuestas que previamente se efectúen. De este modo, no se restringe de antemano la participación plural, pero la oposición se asegura de competir con sus mejores hombres y mujeres en unas elecciones decisivas para el futuro de la democracia y de la descentralización política y administrativa del país.
