La banda de los tres
Cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó a Francisco Carrasquero, Oscar Battaglini y Jorge Rodríguez como integrantes de la directiva del Consejo Nacional Electoral, mucha gente pensó, incluido quien escribe estas líneas, que la trayectoria y credenciales académicas de estos tres personajes, constituían un aval suficiente para garantizar que el referendo revocatorio (RR) se cumpliría sin problemas en cada una de sus etapas. Organizar la convocatoria de una consulta electoral en la que se le preguntaría al pueblo si está de acuerdo o no conque el Presidente de la República continúe ejerciendo el cargo, no parecía una cuestión muy complicada, sobre todos para un organismo que le cuesta miles de millones de bolívares a la Nación, y que cuenta con profesionales y gente entrenada para realizar elecciones múltiples y complejas como las efectuadas en 2000, además de todos los comicios nacionales, estadales y municipales realizados desde1958 El marco legal para materializar el RR, definido en sus líneas más gruesas en la Constitución de 1999 y en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (aprobada en mayo de 1998), aunque incompleto, lucía suficiente para que la cita electoral se tramitarse sin mayores problemas.
No sé si el lector reparó en la fecha que señalé antes. Por si acaso la subrayo. Dije que la Ley del Sufragio fue sancionada en mayo del 99, es decir, siete meses antes de que Chávez triunfara en las elecciones de diciembre de ese mismo año, y 18 meses antes de que se aprobara la Constitución del 99. Esta precisión es importante porque al jefe del Estado y a sus aláteres, expertos en adulterar la historia, se les oye decir con frecuencia que los referendos son obra de la Carta que ellos aprobaron. Nada que ver. El aporte del comandante consiste en introducir la figura del referendo revocatorio para los cargos de elección popular. Como se sabe, esta contribución persigue justificar la aprobación de un período constitucional de seis años, sin elecciones legislativas en el medio, y para darle cierta legitimidad a la asonada del 4-F, que intentó justificar aduciendo la falta, en la Carta del 61, de un instrumento legal que permitiese anticipar la salida legal del Presidente, en el caso de que éste hubiese perdido el apoyo popular. Así es que los referendos (consultivo y aprobatorio), tanto por iniciativa gubernamental como popular, existían en la legislación antes de Chávez.
Lo que debía hacer la directiva del CNE a partir del 19 de agosto de 2003, fecha en la que se cumplió la mitad del período constitucional (¡hace ya seis meses!), era propiciar que el proceso fluyese con facilitad, sin tropiezos. El RR, al fin y al cabo, es el instrumento del que se ha valido el país, no sólo la oposición, para resolver la enorme crisis política que se produce luego de que Hugo Chávez intenta imponer a sangre y fuego algunas de las polémicas leyes que integran la Ley Habilitante que la Asamblea Nacional le concede en 2000. El divorcio entre la mayoría nacional, cada vez más amplia, y el primer mandatario, pasa por diversas etapas. La primera comienza con el paro del 10 de diciembre de 2001 y concluye con los sucesos que se ocurren entre el 11 y el 13 de abril de 2002. Una vez repuesto Chávez en Miraflores por Baduel, comienza la segunda fase que termina el 2 de febrero del año pasado, cuando se suspende formalmente el paro cívico iniciado dos meses antes. Cerrado este segundo capítulo comienza el tercero, que tiene dos momentos cumbres: los acuerdos de la Mesa de Negociación y Acuerdos el 29 de mayo y el Reafirmazo. El tramo que se inaugura con la entrega del firmas ante el CNE el 19 de diciembre pasado, aún no ha concluido. Por tercera vez el pueblo introduce un libelo para pedirle a Chávez que el divorcio se realice en términos amistosos, como ocurre entre las parejas que han alcanzado la madurez y que quieren conservar los gratos recuerdos que la vida en común les ha proporcionado. Después de paros, marchas, el firmazo para solicitar un referendo consultivo, trancazos, cacerolazos, un nuevo firmazo y protestas pacíficas de todo género, la nación aterrizó en el RR. Luego del 19 de agosto se ha sometido a todas las normas, algunas de ellas absurdas y abusivas, impuestas por la mayoría oficialista del CNE. Aceptó unos lapsos exageradamente largos para realizar una consulta tan simple como responder sí o no. Firmó en un papel de seguridad bajo la vigilancia de los soldados y oficiales del Plan República, funcionarios del CNE y militantes del MVR, como si se tratase de un acto condenable reñido con la seguridad nacional.
Ahora, después de haber recorrido ese largo ciclo que se inicia el 10 de diciembre de 2001, y luego de haber sorteado todas las alcabalas y alambradas puestas por el CNE, Carrasqueño, Battaglini y Rodríguez pretenden decirnos que los venezolanos no firmamos. Intentan secuestrar nuestras firmas. Luego de mostrarnos sus credenciales y hablarnos de la trayectoria vertical de sus vidas, buscan activar la bomba sólo mata firmas, para colocarse al servicio, sin ningún rubor, de un autócrata que utilizó su inmensa popularidad y sagacidad para encandilar desprevenidos, con el único propósito de atornillarse al poder y servir de cabecera de puente de un proyecto subversivo y autoritario continental liderado por Fidel Castro. El currículo y la supuesta imparcialidad y entereza moral de esos tres señores quedaron pulverizados hasta nuevo aviso, y sólo se reivindicarán cuando dejen de actuar como perros de presa de Chávez, y se coloquen al servicio de un pueblo que lo único que desea es resolver la crisis nacional con dos instrumentos: la firma y el voto.
