Guatemala se tambalea por la corrupción
Guatemala sufre uno de los momentos más turbulentos desde la instauración de la democracia en 1985: la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue trasladada a una cárcel de un cuartel militar acusada de corrupción y el mandatario Otto Pérez Molina afronta un nuevo pedido de antejuicio por el mismo caso.
La exvicepresidenta, que dejó el cargo en mayo pasado, y el mandatario son señalados de ser «los número uno» de «La Línea», como se conoce un caso de corrupción millonario que se destapó en el ente recaudador de impuestos del país en abril pasado.
Desde entonces, las autoridades habían arrestado a 27 personas implicadas en el caso, entre ellas el director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco, su predecesor, Carlos Muñoz, además del director de Recursos Humanos, el jefe del sindicato y otros funcionarios y particulares.
Giro de 180 grados
Pero, este viernes el caso dio un giro de 180 grados con la detención de Baldetti y el anuncio del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y la fiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, sobre una petición de antejuicio contra Pérez Molina, con el fin de que se le retire la inmunidad para poder investigarlo.
«Tenemos que decirlo, muy lamentablemente, pero al frente de la estructura está el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la señora vicepresidenta en aquel entonces, Ingrid Roxana Baldetti», aseguró Velásquez.
Por ese caso, Baldetti fue detenida este viernes en un hospital privado de la capital, donde permanecía ingresada desde el pasado 14 de agosto aquejada de varios problemas de salud.
Posteriormente, el centro médico anunció el alta de la exvicepresidenta y fue trasladada a una cárcel del Cuartel Militar Matamoros, en la capital guatemalteca.
Lavado de dinero
En ese mismo cuartel estuvo internado, durante un año, el expresidente Alfonso Portillo, acusado de lavado de dinero, y el exdictador José Efraín Ríos Montt, quien permaneció allí cerca de tres días hasta su traslado a un hospital militar.
Baldetti, que renunció en mayo a raíz de esta acusación, pasará tres días en esta cárcel, habilitada dentro del cuartel militar.
Este mismo viernes, el presidente Pérez Molina, que hasta el momento había esquivado las acusaciones en su contra, la última la semana pasada cuando el pleno del Congreso decidió rechazar otra petición de antejuicio por su participación en el caso «La Línea» y en otro de corruptelas en el Seguro Social, no pudo seguir eludiendo los icebergs en su contra.
Las pruebas más contundentes, según los titulares de la Fiscalía y la Cicig, fueron halladas en la computadora de Salvador Estuardo González, uno de los detenidos, quien le envió el 13 de abril a Pérez Molina un informe sobre la recaudación aduanera.
Expediente
Actualmente la investigación incluye 88.920 escuchas, 5.906 correos, 175.000 documentos, 100 informes, 11 allanamientos, 650.000 folios, 32 agendas, 100 personas relacionadas y 22 empresas involucradas.
En esas escuchas, los integrantes de la estructura criminal hablaban entre ellos de una persona a la que denominaban como «la R», «la dos» o «la señora», apelativos que se relacionaron con Baldetti pero que hasta hoy no habían sido oficialmente vinculados con la exvicepresidenta.
El comisionado de la Cicig precisó este viernes que «todas estas referencias» y algunas más registradas en las escuchas telefónicas «corresponden» a Pérez Molina y Baldetti, aunque aclaró que el término «la R» se refería a la repartición de la recaudación tributaria ilegal para los altos mandos de la estructura.
«Si decimos que el ‘1’ se refiere al presidente y la ‘2’ a la exvicepresidenta, es porque tenemos evidencias más allá de las escuchas (telefónicas)», destacó el abogado colombiano.
Solo un momento en la historia del país es comparable a este hecho y lo protagonizó el expresidente de Guatemala Jorge Serrano Elías, para quien Baldetti trabajaba como secretaria de comunicación social.
En el año 1993, Serrano Elías intentó disolver con un autogolpe de Estado el Congreso y el Organismo Judicial.
La audiencia de Baldetti está programada para el próximo lunes y el antejuicio contra Pérez Molina debe ser admitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, posteriormente, votado en pleno por los diputados del Congreso.
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