El poder (in) visible

De acuerdo al oficialismo, somos una sociedad de magnicidas. No hay rincón espiritual en Venezuela que no anide el propósito de la traición y el más burdo resentimiento, obvia consecuencia de los iluminados cambios que están en el curso épico, irresistible y creador del poder. En consecuencia, está relevado de presentar prueba alguna, bastando la sospecha, habida cuenta de su vigorosa y contundente fuerza moral.

Al flaquear los argumentos ideológicos, aún diciéndose portador de un proyecto, emerge con facilidad una concepción policial del cambio y, poderosamente, aquello que la tradición conoce como “razón de Estado”. Únicamente, autoridades y cuasi-autoridades públicas (las connotadas figuras de los partidos oficialistas no adscritos formalmente a una nómina de la administración), pueden interpretar las situaciones de acuerdo al código confidencial de una rara revolución que, siguiendo a Norberto Bobbio, abona al fenómeno del “poder oculto o que se oculta y del poder que oculta, es decir, que se esconde escondiendo”.

A lo largo del sexenio, el mandatario nacional ha denunciado sistemáticamente que su vida corre peligro, intentando obtener dividendos políticos adicionales de una confrontación –ésta vez- con los intereses estadounidenses. Sin embargo, no presenta prueba alguna, luciendo aparentemente intacto el prestigio de un liderazgo incomprensible para una sociedad democrática.

Bobbio, en “El futuro de la democracia”, trabajó la necesaria y útil distinción entre el poder democrático y el autocrático, considerada la posibilidad de “desocultamiento” –en un caso- por medio del libre ejercicio de la crítica, y –en el otro- la inevitable aparición del subgobierno, criptogobierno y poder omnividente, pues “el secreto de Estado [también sirve para] proteger el secreto del anti-Estado”. Presumimos que, en el caso de no existir, el gobierno tendría que inventar un elenco superlativamente feroz de enemigos, frenando o impidiendo una labor de “desocultamiento” que podría llegar hasta la confesa tentativa de magnicidio de 1992, reeditada una peligrosa matriz de opinión.

No requerimos de una mayor e inspirada imaginación para adivinar el calibre alcanzado por el secreto (y las partidas secretas, agregaríamos), como pieza de artillería de un Estado que ha de inventarlo para preservar las expectativas. Y, aunque tienda a monopolizar un poder intangible como es el trabajo resultate de los servicios de inteligencia y contrainteligencia, el régimen asegura su invisibilidad al no documentar públicamente sus denuncias, negado a acumular e inmediata exhibir las pruebas necesarias, pues, la denuncia misma tiene una extensa sonoridad propagandística.

Bobbio aludía a la matanza de la plaza Fontana, subrayando el “ideal de la democracia como ideal del poder visible”. Y ésta es una demanda necesaria de plantear no sólo frente al gobierno, sino a los sectores de la oposición que expresan a un elevado porcentaje de la población y pudieran contraer serias responsabilidades en un futuro cada vez más cercano.

II. Nueva materia municipal

La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece el principio de la corresponsabilidad del Estado y de la sociedad en materia de seguridad y defensa, considerada también la instancia municipal como fundamental para la definición y articulación de una política apropiada en la materia. Y de acuerdo a la novísima Ley Orgánica del Poder Público Municipal, pudiera concretarse tal principio mediante la participación organizada de las comunidades, contrarrestando los elementos autoritarios que arrojan en la práctica uno y otro instrumento legal.

Inicialmente, creemos necesaria la futura creación de una comisión edilicia dedicada a un tema que no puede reducirse exclusivamente al despacho del alcalde. Existen, además, modalidades tendientes a garantizar –si fuere el caso- la discreción, compromiso y lealtad de la representación popular en dirección a un esfuerzo que también es ciudadano.

Entendemos que la materia requiere igualmente del debate político, la legislación y el control de gestión de los munícipes, auspiciando una participación consciente, organizada y comprometida de las comunidades, incluyendo la militar. En éste sentido, es posible afinar una política de comparecencia y de concurso de las autoridades militares locales de acuerdo a ambos instrumentos legales, contrarrestando la vocación neoautoritaria del régimen.

Los venideros comicios debe interesar al sector militar, más allá de votar en los términos fijados más por el CNE, que por lo establecido en la Ley Orgánica del Sufragio. Ojalá haya interés de los candidatos municipales y parroquiales por plantear y transmitir sus impresiones y propuestas sobre el asunto, a todos sus electores, incluyendo los del mundo castrense.

III. Socialismo revanchista

Recientemente, la Asamblea Nacional dispuso investigar en profundidad las terribles muertes y desapariciones acaecidas décadas atrás o muy atrás. Ciertamente, casos tan emblemáticos como el del profesor Lovera o, conmocionando nuestra vida liceísta, el de Jorge Rodríguez, merecen algo más que la atención histórica, dada la impunidad política y criminal que los caracterizó. Empero, tenemos algunas reservas.

Dudamos que haya una entera y deseada eficacia en la investigación que se emprenda, por la desaparición de los medios de prueba y la propia prescripción de la acción penal, salvo que se trate de la configuración de delitos de lesa humanidad. Luego, la expiación sería únicamente moral, permitiendo recordar a los no pocos agentes policiales que abusaron de sus prerrogativas, conformando una curiosa “esbirroteca”, como la llamó Pablo Azuaje (“El Nacional”, 09/11/79), o, exaltados, dando cuenta de las víctimas y de los victimarios que llevó desde los finales de los sesenta, en Tribuna Popular, el propio Azuaje bajo el nombre de Jesús Sanoja Hernández.

Ahora bien, aceptada la responsabilidad moral de quienes reprimieron a la oposición radical, también es dado fijar la de aquellos que auparon la guerra de guerrillas e incursionaron en temerarias aventuras urbanas, sacrificando a no pocos jóvenes, por no mencionar la muerte directa propinada a modestos policías de “punto” en Caracas. Y es que, si estamos de acuerdo en que a muchos se les pasó la mano al reprimirlos, también debemos acordar el exceso de los que –todavía vivos- ocasionaron la muerte a propios y extraños, definiendo a traidores y desertores para su fusilamiento o persecución.

Frecuentemente, los parlamentarios oficialistas de más edad juzgan y condenan a aquellos opositores que eran apenas niños cuando atravesamos las candelas de la insurrección. Poco importa la exactitud y la misma comprensión de los acontecimientos, pues lo esencial es la actitud revanchista de los que, sintiéndose poder, pasan la factura a propios y …. extraños.

Raro socialismo éste, reacio a la reconciliación, a la concordia, a la pacífica convivencia de los venezolanos. Además, por críticos que sean de la llamada política de la pacificación de los setenta, paradójicamente la reivindican.