Iglesia y gobierno
En Venezuela no hay conflicto entre Iglesia y Estado, pues la Constitución no es confesional, ni restringe el libre desarrollo de las diversas creencias religiosas, cristianas o no, ni su acción pública. Hay sí tensión entre Iglesia y Gobierno, que es muy distinto del Estado. Quien escucha asombrado la reciente andanada de insultos presidenciales contra el cardenal Castillo Lara, piensa que ya estamos en vísperas de guerra total.
El cardenal Castillo Lara es un ilustre venezolano, inteligente, destacado servidor de la Iglesia y con amplia experiencia mundial. Le duele el rumbo que lleva la política gubernamental y considera nefasto que se nos imponga al moribundo régimen cubano como el horizonte hacia el que debemos caminar. El Cardenal jubilado se siente con libertad y responsabilidad de decir lo que le dicta su conciencia en su entrevista fuertemente crítica en El Universal a mediados del mes de julio. Dice que el régimen venezolano crea ilusiones y no produce soluciones; elimina la autonomía de los poderes públicos y la institucionalidad requeridos para ser democrático. Considera que el Consejo Nacional Electoral (CNE), sumiso al Ejecutivo y sin control por parte de la sociedad, convierte los comicios del próximo domingo en una “pantomima”. Afirma que estas situaciones antidemocráticas justifican que la sociedad apele al artículo 350 de la Constitución para desconocer al régimen.
Muchos venezolanos coinciden con estas opiniones y las celebran. Otros están de acuerdo en unos puntos y no en otros, pues creen que, a pesar de todo, no votar es peor que votar y que, según la tradicional doctrina cristiana sobre la legítima rebelión, no basta que haya causa justa para rebelarse, sino que tener una alternativa mejor, viable y menos costosa que el régimen considerado antidemocrático. El Cardenal da su opinión personal y ningún católico está obligado a pensar como él, ni el Presidente tiene el deber de aplaudirlo, pero tampoco el derecho a proferir los inauditos insultos que escuchamos. Claro que la intemperancia verbal antidemocrática (pisotear a la persona sin refutar sus argumentos) y los insultos, definen más al que los prefiere que al agredido.
Esa reacción, precedida por el mecánico desprecio por parte de la cúpula gubernamental del ponderadamente crítico y dialogante documento de la Conferencia Episcopal del 12 de julio, hacen que el país pierda otra buena ocasión de reflexionar con serenidad sobre problemas graves que están a la vista del más ciego.
Vale la pena mencionar telegráficamente algunos puntos del documento episcopal:
1 – La Iglesia reafirma su “opción preferencial por los más pobres y excluidos” , expresada en su presencia en las comunidades populares de fe, en los variados servicios de salud y de educación con los más necesitados, el trabajo con los indígenas… No se trata de limosnas, ni paternalismos, sino de “apoyar todo lo que realmente ayude a estas personas, les permita crecer y valorarse y les abra futuro con realismo y esperanza”.
2- Los obispos aprecian que las palabras gubernamentales y algunos programas hacen que los pobres se sientan tomados en cuenta,“incluidos” y con esperanza. Pero lamentan que muchos se sientan obligados “ a entrar en un orden de cosas que no es deseado”.
3- Ven como negativa la siembra sistemática de enfrentamientos y descalificaciones que impiden “intercambiar argumentos y críticas con los que no piensan igual”. Consideran destructor que siempre al “otro” se le trate como “enemigo” perverso, sin reconocerle ninguna razón ni bondad, y que a los partidarios se les justifique hasta la ineptitud y la corrupción.. Recuerdan que desde la perspectiva cristiana “no debe aceptarse pretensión alguna de imponer un proyecto hegemónico de sociedad”, ni que alguien “se considere el dueño absoluto de la verdad”o se convierta “en sujeto supremo, incuestionable, definitivo”.
4- Oportunamente los obispos señalan cuatro puntos que actualmente atentan contra la democracia: a) La violación de los derechos humanos; b) La labor legislativa y la administración de justicia; c) los atentados al derecho a la vida; d) el proyecto de Ley Orgánica de Educación; y e) el servil poder electoral. La falta de transparencia pública del registro electoral y la sumisión partidista del árbitro, privan de las condiciones mínimas indispensables e internacionalmente establecidas para una elección democrática. Así el CNE “no logrará nunca la deseada confianza”.
Los peligros señalados son obvios y graves, y razonables las actitudes democráticas básicas que el documento episcopal pide a gobiernistas y opositores. Son indispensables para lograr en democracia el cambio social que esperan y necesitan los pobres y todo el país y que proclama el gobierno.
Es lamentable la reacción pauloviana de rechazo a este documento sin haberlo leído. A los gobiernos, sobre todo si son de fuerte vocación autocrática, les gusta que los obispos sean monaguillos que digan amén. Así fue también en el pasado. Es importante que la Iglesia y los venezolanos no perdamos la cabeza democrática, ni la serenidad espiritual, ni la independencia de criterio. Iglesia y Gobierno, si quieren salvar los valores que ambos proclaman y que Venezuela necesita, están llamados a dialogar y a ayudar al diálogo nacional. No hay que desesperarse.
