La bofetada popular
¿ Qué hacer ? es la pregunta obligada después de la bofetada popular y cívica de ayer contra un CNE tramposo y guabinoso. Esa mayoría aplastante del pueblo soberano, que con su silencio electoral habló claro, ofreció una guía que debe ser atendida por todos los dirigentes del país con responsabilidad ya sea como gobernantes, políticos, militares, eclesiásticos, académicos, periodistas, trabajadores o empresarios.
En cualquier país, con verdaderas instituciones democráticas, lo ocurrido ayer hubiera sido suficiente para provocar un terremoto político. No ha sido así, puesto que el abuso y la intolerancia emanadas desde las altas esferas gubernamentales, consideran que el haber electo una asamblea monopartidista a la cubana, fue una demostración de apoyo al caudillo de turno, cuando en realidad fue lo contrario.
Ante esta situación, los demócratas de este país estamos obligados a actuar consecuentemente con el mandato popular y no permitir que esta ilegitimidad institucionalizada secuestre la voluntad del pueblo para seguir haciendo lo que le viene en gana. Un primer paso es obtener la renuncia de todos los rectores del CNE y el nombramiento de una nueva directiva que se caracterice por su comprobada moral e independencia. Para alcanzar este objetivo se requiere una movilización popular que doblegue la soberbia y el autoritarismo de los que ostentan el poder.
Un verdadero poder electoral debe abocarse a corregir todas las irregularidades cometidas por el ente comicial renunciado mediante el nombramiento de nuevas autoridades regionales, la reincorporación de personal técnico idóneo, la limpieza del registro electoral permanente y la eliminación del sistema de automatización con sus programas manipulables. Sólo así podrá regresar la confianza en la institución del voto tan caro a la cultura democrática del pueblo venezolano.
Este camino que se propone no está exento de riesgos. En la medida que la oligarquía no ceda en sus ambiciones de acumular más poder, la confrontación podría hacerse inevitable. Desde ayer un gobierno sin evidente respaldo popular, está obligado a rectificar y evitar que surjan situaciones de violencia que el pueblo democrático rechaza. La bofetada popular, cívica y pacífica tiene que ser asimilada, en primer término por los que gobiernan pero los gobernados no podemos cruzarnos de brazos.
