El nuevo objetivo: la educación superior

Hay que reconocer que Hugo Chávez es tenaz, no con la aplicación de políticas que promuevan el desarrollo, la prosperidad y la equidad, pero sí tras el objetivo de tomar por asalto todas las instituciones del país. Las únicas que no han cedido ante la voracidad del autócrata, ahora convertido en comunista desembozado (pues, lo de socialista no es más que un eufemismo), son las universidades autónomas nacionales. En la Universidad Central ha en ensayado distintas modalidades. El 28 de marzo de 2001 aupó al minúsculo grupo de forajidos (¿cómo llamarlos estudiantes?) que tomó a la fuerza la sede del Consejo Universitario, golpeó a la Consultora Jurídica de la institución y dañó uno de los murales más representativos del patrimonio cultural ucevista. El propósito de los facinerosos era instalar la Constituyente Universitaria, para convertir la máxima casa de estudios en un centro de formación revolucionaria guevarista y maoísta, todo esto recubierto con el ropaje de la igualdad de oportunidades y la democracia participativa. Este intento de acabar con la universidad laica fue derrotado. Los “tomistas”, que contaron con ingentes recursos financieros de Adina Bastidas y Elías Jagua, a la sazón Vicepresidenta y Ministro de la Secretaría, fueron expulsados del Rectorado por la comunidad de profesores y estudiantes. Esta espina la tiene clavada en el ventrílocuo izquierdo el Comandante.

Tres años después de haber naufragado la expedición a la UCV, concebida como el foco desde donde se irradiaría la revolución hacia el resto de las universidades, Chávez arremete otra vez, sólo que en esta oportunidad es contra el conjunto de esas casas de estudio, pues la medida afecta a las universidades públicas y privadas. El instrumento de la agresión es el Decreto 3.444, que reforma parcialmente el Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación Superior (MES). El Decreto constituye una clara amputación de la autonomía universitaria, ya que le transfiere al Viceministro de Políticas Académicas del MES un amplio conjunto de competencias atribuidas a los Consejos Universitarios, al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). El núcleo incandescente del Reglamento reformado es el artículo 15, desglosado en 16 numerales. Uno de ellos, el número 2, establece que corresponde al Despacho del Viceministro “planificar, coordinar y dirigir la elaboración de planes y proyectos a fin de ejecutar las políticas académicas formuladas en materia de educación superior en concordancia con las políticas del Estado”. Luego de sus ataques despiadados al capitalismo y la modernidad, y de su declaración como un socialista que propone la endogenización frente a la globalización, resulta muy fácil deducir qué significa “en concordancia con las políticas del Estado”, que en realidad es con las “políticas del jefe del Estado”. De materializarse el Decreto veremos a las universidades desarrollando teorías para demonizar el libre mercado, la propiedad privada y la iniciativa particular no interferida por el Estado. Las universidades elaborarán los modelos teóricos del socialismo del Siglo XXI y “descubrirán” las virtudes del desarrollo endógeno, los huertos zamoranos, los huertos hidropónicos, al igual que mostraran las taras que crea en el cerebro el acceso libre y masivo a Internet.

Otro numeral interesante es el 14: el Viceministro se ocupará de “tramitar, evaluar y acreditar los proyectos de creación de programas e instituciones de Educación Superior, así como el seguimiento y rendición de cuentas”. Desde 1970, cuando fue creado, ésta era una atribución del CNU. Ahora se le pretende despojar de una competencia intrínseca a su naturaleza. El objetivo que se busca no está muy disimulado. El giro hacia el comunismo del Siglo XXI requiere de carreras del siglo XIX, antes de que se universalizaran las profesiones, como los famosos “médicos descalzos” inventados por Mao en plena apoteosis de la Revolución Cultural. Los fulanos “médicos” recibían un curso de primeros auxilios que les conferían dignidad profesional. Fue una forma de “proletarizar” los diplomas, y empobrecer la certificación de los títulos. Un clon de ese modelo se busca reproducir aquí. El Viceministro recibirá por ¡Aló, Presidente! la orden de crear una carrera sobre, digamos, el significado estratégico del pensamiento zamorano, y el funcionario saldrá presto a diseñar el perfil curricular y a definir las condiciones de ingreso, permanencia y egreso, que no serán otras que suscribir en todas sus letras el modelo comunista que Chávez alimenta en su cabeza. El Reglamento, al igual que en la China maoísta, tendrá el efecto de envilecer los diplomas y prostituir la educación superior, un nivel de enseñanza que tendría que caracterizarse por la excelencia de los contenidos que se imparten, de los profesores que los transmiten y de los estudiantes que los reciben.

En el Gobierno hay mucha gente que se opuso a la creación del CNU porque la consideró una agresión a la autonomía universitaria. Hoy esa misma gente apoya el Decreto 3.444, que humilla a la comunidad universitaria, pues le arrebata competencias a aquel Consejo, es decir a un órgano con representación plural, transfiriéndolas a un solo funcionario, colocado en un orden jerárquico muy por debajo del Presidente de la República. Esta confiscación es una manera burda de señalar que el destino de la educación superior estará en manos de Hugo Chávez, quien luego de apropiarse de todos los hilos del poder, se declaró comunista.