Las obligaciones del CNE
Los derechos electorales no se negocian. Ni el oficialismo ni la oposición tienen autoridad alguna para negociar los derechos electorales de los venezolanos. Con las nuevas autoridades del CNE no hay nada que negociar. Los rectores del CNE son funcionarios públicos nombrados por la AN para aplicar rigurosamente las normas electorales.
De surgir alguna duda de interpretación sobre la aplicación de alguna norma le correspondería a la Sala Constitucional o la Sala Electoral dar respuesta a tales dudas. El CNE está facultado para proponer a la AN reformas a las leyes electorales, pero en ningún caso podrá dejar de aplicar las normativas vigentes.
La autonomía e independencia del Poder Electoral radica, precisamente, en la capacidad e integridad de los actuales rectores para garantizarle a los electores el ejercicio pleno de sus derechos, que son derechos políticos establecidos en la Constitución de 1999.
Es, en este sentido que, los rectores están en la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes en resguardo de la voluntad política de los electores. De no hacerlo o fallar en tal responsabilidad, los alejaría de su condición de árbitro y tendería a convertirlos en instrumento de los intereses de uno de los actores políticos prostituyendo así su función arbitral.
En orden de prioridad el CNE esta obligado a garantizar a los electores:
Primero, IGUALDAD de condiciones para que los candidatos puedan preparar, organizar, financiar y difundir sus propuestas. IGUALDAD de condiciones para tener acceso a los votantes. IGUALDAD de trato, para los candidatos y adherentes por parte de las autoridades electorales y otras autoridades de la República.
Segundo, amplia PARTICIPACION en la elaboración del Estatuto Electoral y otros Reglamentos que han de orientar el proceso electoral.
Tercero, PARTICIPACION Y CONTROL del sistema automatizado de votación, transmisión de los datos electorales y conteo manual y automatizado de los votos emitidos el día de la votación, y
Cuarto, PARTICIPACION en la AUDITORIA, en todas las fases del proceso electoral, en particular en el Registro de Electores.
La agudización de las tensiones político-electorales en estas elecciones está en relación directa con el cumplimiento de los requisitos señalados.
