Crisis de seguridad
En presencia de un Estado dispendioso, que despilfarra el dinero del pueblo para ganar apoyos internacionales con inocultable abandono de sus deberes para con el país, observamos el ataque a la empresa privada y a los derechos de propiedad lo que ha generado desempleo y pobreza. El lapso de ejercicio de este capitalismo de estado, que se empeña en autodenominarse como un nuevo socialismo, es directamente proporcional al ritmo de crecimiento de la pobreza. El irrespeto a los derechos de propiedad crea desempleo y subempleo y por lo tanto pobreza. Ese creciente empobrecimiento ocurre a la sombra de un Estado dispendioso, cuya riqueza parece acumularse sobre la depauperación y la descapitalización y pérdida de capacidad productiva de la gente y sus empresas. El desempleo, producto de la desaparición de empresas, genera hambre, abandono del núcleo familiar, odio social y delitos para solventar necesidades inmediatas.
Eso acontece en el marco de un Estado cuyos albaceas se enriquecen sin el menor remordimiento por lo que sucede a su derredor. La inseguridad campea. El miedo paraliza toda acción. No se quiere salir a la calle en ninguna parte. Las antisociales han acaparado la vida de los ciudadanos. Hordas de facinerosos toman los centros en donde se refugian los paramédicos cubanos expulsando a los profesionales venezolanos para controlar los insumos. Los centros de abastecimiento popular están rodeados de quienes impiden el acceso de la gente honesta. Los ciudadanos no saben a quien temerle más si a los azotes de barrio o a los uniformados de la policía. El odio social crece aupado desde las más altas magistraturas con un lenguaje violento y provocador con expresiones de permisividad frente a la violación de las leyes.
No hay un núcleo familiar en Venezuela que no tenga una historia sobre delitos, atracos, violencia o acosamiento, oficial u oficioso, para que se convierta en activista del proceso.
Desde luego que estas variables producen el delito el cual se ve protegido por la impunidad e ineficiencia de los órganos del Estado para controlar los desafueros. El delincuente afecto al proceso esta protegido por quienes debieran confrontarlo. Las fuerzas del orden público controladas por el régimen están conformadas, después de prescindir de quienes son profesionales en el área, por aquellos que poseen prontuarios por delitos de todo orden. El incremento de la inseguridad esta concatenado con las crisis de las policías y su desprestigio, a lo cual se suma la oscilación de un poder judicial manipulado y utilizado políticamente y la inocultable crisis carcelaria.
Cuando un delincuente es arrestado in fraganti es presentado ante algunas autoridades, estas sin ninguna rubor solicitan altas sumas de dinero para solventar el caso. En las redadas, en las cuales se debe cumplir con una meta de arrestos, pagan los que nada tienen que ver con el delito y si fallan las gestiones para alcanzar la meta solicitada se inicia una actividad con captura injustificada de jóvenes y adolescentes, a los cuales hasta se les ha sembrado sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, para luego presionar a sus padres o representantes para que paguen la libertad del joven injustificadamente detenido.
En delitos de alta gravedad – tales como homicidios, violaciones y secuestros – a veces quedan impunes sus verdaderos autores, pues para cubrir apariencias de efectividad policial se presentan como culpables a voluntarios que se prestan para esa maniobra politiquera o chivos expiatorios que por alguna razón son escogidos para culparlos. La creciente impunidad aumenta el número de delitos.
Este problema se agrava con la practica de duplicación de documentos de identificación mediante los cuales quien en verdad es ahora no es. Hay casos en los cuales la usurpación de identidad ha desbancado a ciudadanos honestos los cuales se han visto sorpresivamente despojados de sus bienes en registros y notarias, así como de los haberes que poseía en cuentas bancarias. Ello conlleva a una des institucionalización que se profundiza cada día más.
