¿Es acertada la respuesta a Guyana?
La sorprendente posición asumida recientemente por el gobierno de Nicolás Maduro al decretar la Zona de Defensa Integral de la Fachada Atlántica es una necesaria respuesta ante la provocativa e intransigente posición mantenida tanto por el anterior como el actual gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Así lo mantuve en mi artículo de opinión titulado en “Defensa de nuestra soberanía” del 17 de mayo del presente año al afirmar que “sólo existe una forma práctica de preservar nuestra soberanía: definir unilateralmente los límites marítimos de Venezuela en su salida al Atlántico, incluyendo plataforma continental y zona económica exclusiva, y mantener un permanente patrullaje de nuestra Armada en dichas áreas marítimas con la finalidad de establecer claramente nuestra indiscutible posesión”. Esa ha sido siempre la posición de la Fuerza Armada Nacional al mantener nuestra Armada un constante y tradicional patrullaje en las áreas marítimas que corresponden a Venezuela y que garantizan nuestra salida al Atlántico.
Digo sorprendente posición ya que durante los dieciséis años de gobierno chavista se ha mantenido una actitud entreguista ante las pretensiones guyanesas. Eso lo confirman las declaraciones de Hugo Chávez, rayanas en traición a la Patria, dadas en los años 2004 y 2007, al afirmar “que Venezuela no se opone a ningún proyecto de desarrollo en el Esequibo, autorizado unilateralmente por Guyana, si es en beneficio de su pueblo” y sostener que “Venezuela inició la reclamación del Esequibo por presiones de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Cheddy Jagan”, sin considerar que comprometía la autoridad moral de Venezuela. Esa misma posición la tuvo el canciller Maduro al no reaccionar, el año 2009, ante el informe del embajador de Venezuela en Guyana Darío Morandi, que sostenía: “al revisar el mapa anexo queda evidente que con esta acción Guyana le cerraría a Venezuela su salida al Atlántico, lo cual sería estratégicamente inconveniente, además de los perjuicios económicos que representaría para nuestro país perder el acceso a los recursos marítimos y petroleros”.
Esa actitud entreguista de Maduro ante Guyana también la ha mantenido desde la presidencia de la República. A finales de octubre de 2013 los venezolanos fuimos gratamente sorprendidos por la noticia de la detención por el patrullero venezolano “Yekuana” del buque RV “Teknik Perdana, contratado por la transnacional Anadarko para realizar labores de exploración petrolera en la Fachada Atlántica venezolana al servicio de Guyana. Además, se conoció que la Armada venezolana había reiniciado sus tradicionales patrullaje en nuestra zona económica exclusiva. Esa decisión fue tomada por el entonces comandante de la Armada, almirante Gilberto Pinto Blanco. Curiosamente, al poco tiempo fue reemplazado de ese cargo. Además, Maduro declaró el año pasado, sin medir las graves consecuencias, que “recientemente han salido documentos desclasificados de la década de los 60, 70 y 80 que demuestran quienes eran los intrigantes que preparaban una guerra con Guyana”…Una inexplicable posición para un jefe de Estado.
Estas son las razones por las cuales los venezolanos tenemos profundas dudas sobre el verdadero objetivo del decreto presidencial 1787 al considerar que tiene por objetivo fortalecer la decaída imagen de Maduro ante la cercanía de las elecciones parlamentarias. Ésta complaciente política exterior sólo reaccionó, en marzo de 2012, ante la absurda e inaceptable solicitud realizada por Guyana ante la Secretaría General de las Naciones Unidas para ampliar su plataforma continental a 350 millas, sólo consultando a Barbados, Trinidad y Tobago, y Surinam, y sin considerar que su solicitud limitaba totalmente la proyección marítima venezolana generada por el Delta del Orinoco y desconocer la controversia territorial con Venezuela por el territorio Esequibo, la cual se rige por el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, por Venezuela y el Reino Unido, junto con Guyana, próxima a independizarse. La respuesta de Guyana a ese comunicado de Venezuela desconoce totalmente las consecuencias jurídicas de ese Acuerdo, irrespetando normas de Derecho Internacional.
El embajador Emilio Figueredo, un experto en el tema de Guyana, mantuvo recientemente en unas prudentes declaraciones que “el decreto es una respuesta ante la inacción de la Cancillería venezolana durante muchos años con respecto a la actuación de Guyana. Pero si bien es un acto de derecho interno, desde el punto de vista del derecho internacional es cuestionable porque deja a Guyana prácticamente sin proyección marítima. Es lo que quiso hacer Guyana con nuestro Delta del Orinoco. Pero además el decreto afecta la proyección marítima de Surinam y de Guyana Francesa”. Es muy importante que la Cancillería consulte a expertos en el tema con la finalidad de evitar cometer nuevos errores. De todas maneras, hay que saber que la posición intransigente de Guyana por casi cincuenta años, al impedir “una solución práctica de la controversia” como lo establece el Acuerdo de Ginebra y atreverse a tomar medidas unilaterales en contra de la soberanía venezolana y de nuestros derechos en la zona en Reclamación, es la causa de la actual crisis.
@FOchoaAntich.
