El financiamiento de la educación
La educación es muy costosa en todos los niveles, pero no tanto como la ignorancia y la falta de formación. Por eso la sociedad venezolana la afirma en su Constitución y da prioridad de Estado a la educación de calidad. Los gobiernos están obligados a cumplir con ello, y la sociedad les exige cuentas. Para alcanzarla también se requieren más recursos financieros y mejor administración. Es la sociedad la que provee todos los ingresos educativos; no el partido, ni el gobierno que los administra. Los venezolanos destinan unos 30 billones a financiar la educación escolar de sus hijos en todos los niveles. Lo hacen por dos vías, la obligatoria de los impuestos y el presupuesto público, y la de los aportes voluntarios que hacen las familias para sus hijos, de acuerdo a sus deseos y posibilidades. No hay que desdeñar el aporte voluntario que, desde el preescolar a la universidad, supera los 5 billones anuales para unos 2 millones de estudiantes en las instituciones privadas.
Lo importante es que el presupuesto público garantice que ningún venezolano quede excluido de la buena educación porque su familia tiene pocos recursos y que el presupuesto público priorice a los que más necesitan.
El gobierno debe convocar a toda la sociedad para lograr la meta constitucional de que ningún niño ni joven esté fuera de la escuela hasta completar la educación media. Se requiere un extraordinario esfuerzo financiero para duplicar el número de escuelas, liceos, talleres educativos, etc.; formar decenas de miles de buenos docentes nuevos; lanzar un audaz programa de estímulos y becas para fomentar y apoyar la vocación docente de los mejores bachilleres; elevar la responsabilidad del docente y su nivel de vida y seguridad social; dotar y mantener las escuelas. Nada de esto es posible sin un presupuesto público educativo eficiente y transparente y sin mayores aportes voluntarios de los padres y control de parte de la sociedad. A pesar de los altos ingresos petroleros, el gobierno necesita jerarquizar bien su presupuesto público y priorizar la educación, pues lo que no se invierte en ella se termina gastando en armas, cárceles y subsidio al desempleo.
En financiamiento educativo en sociedades democráticas, el mejor gobierno es el que suma los aportes fiscales obligatorios de la sociedad con los aportes voluntarios de los padres y estimula la contribución de las fundaciones educativas sin fines de lucro, y la que proviene de la responsabilidad social empresarial. Incluso sería un gran beneficio que la banca destinara parte de sus colocaciones a la educación (por ejemplo, en construcciones y créditos educativos). Miope y sectario es querer ahogar financieramente a los centros educativos privados.
Todas estas posibilidades están contempladas en la Constitución Bolivariana: “Toda persona natural o jurídica […] puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de éste” (art. 106). “Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva” (art. 103). También estas leyes existen en Inglaterra, Alemania, Francia, España, China, Japón, India, Canadá, Estados Unidos y Holanda, entre otras naciones.
Pero todo esto está prohibido en Cuba, donde no hay democracia ni pluralismo. Modelo que el sectarismo de algunos estatistas con poder quieren imponer aquí de modo antidemocrático. Tras la aparente discusión sobre el aumento de 15% de la mensualidad escolar, está el propósito de matar el financiamiento plural de la educación, para que la dependencia educativa del partido sea total. De total viene totalitario.
El presupuesto público debe reforzar de manera especial la educación preescolar y la educación básica y convocar todas las fuerzas para transformar su calidad. Los convenios institucionales han demostrado su eficacia para el logro de una buena calidad escolar pública que permita a las familias de pocos recursos escoger libremente la escuela que más desee en su zona. El convenio con la AVEC (Asociación Venezolana de Educación Católica) lleva varias décadas con frutos maravillosos. Lo importante es que el presupuesto público no excluya al pobre de la buena escuela porque no puede pagarla.
No hay educación barata. Lo importante es que todos tengan acceso a una educación de buena calidad, para lo cual un gobierno sabio mejoraría su presupuesto educativo, y estimularía el complemento proveniente de las contribuciones voluntarias de los padres a la educación de sus hijos, de las fundaciones e iniciativas sin fines de lucro y de la responsabilidad social empresarial. Es un grave error tachar de neoliberales al cariño y a la responsabilidad paterna y social, cuando contribuyen parcialmente a la educación de sus hijos. Un padre del barrio no se contamina de espíritu neoliberal por convertir tres cervezas al mes en colaboración con la escuela de su hijo, sino que manifiesta el amor a él y cumple con los deberes ciudadanos de asumir lo público como propio; esto hace la diferencia. Defender la dignidad del pobre en educación significa facilitarle su elección de buena escuela, sea ésta de financiamiento oficial, comunitario, privado o mixto.
