Avalancha Legislativa
Dentro del infierno al cual nos quiere conducir este proceso y que han tratado de camuflar bajo la expresión del mar de la felicidad, encontramos que la Asamblea Nacional está ocupando su tiempo en preparar y discutir (sic) un conjunto de leyes que tiene como único objetivo el arrinconamiento de todos los disidentes a los deseos y pensamientos del conductor del proceso.
Una de estas pretendidas leyes es la que intenta regular la cooperación internacional y que tiene como objetivo primordial la obstrucción de los dineros que fluyen internacionalmente para intentar acometer objetivos que no son apoyados adecuadamente dentro del país.
Pareciera que el origen del problema se puede identificar en los pocos dólares que recibió Súmate desde una organización norteamericana que promueve la mejor existencia de la democracia.
No nos atreveríamos a comenzar una lista de las miles de organizaciones que se dedican al bien común y que de una u otra forma reciben recursos foráneos.
Las organizaciones que se agrupan dentro del nombre genérico de ONG´s –organizaciones no gubernamentales- son, por definición, personas jurídicas sujetas al derecho privado. Por lo tanto, pueden realizar todas las actividades que las leyes no prohíben. Por ello la sibilina necesidad de aprobar una ley que satanice las donaciones.
La proyectada ley está en flagrante confrontación con la gran mayoría de las convenciones a las cuales Venezuela se ha adherido y se proclama defensora.
La Carta Democrática Interamericana establece con meridiana claridad la vigencia de la libertad de participación de la ciudadanía y su importancia en el funcionamiento de la democracia.
Solo para hablar de convenciones suscritas durante el régimen vigente, la proyectada ley está en abierta colisión con lo expresado en la Declaración de Varsovia adoptada por Venezuela el 27 de junio de 2000 y con los dictados de convenciones relacionadas con MERCOSUR a las que este régimen respalda, por lo menos, “de la boca para afuera”.
Venezuela aspira, al menos sus dirigentes, a acceder a un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Creemos que detrás de esos deseos se esconden intenciones poco ortodoxas.
Mas el Señor Kofi Annan, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas ha expresado con toda claridad la convergencia necesaria entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas y la sociedad civil para atender los problemas y procurar las soluciones que conduzcan a la paz y a la prosperidad.
Pero lo más grave es que mientras que la Asamblea Nacional intenta satanizar a la solidaridad internacional, el conductor de este terrible proceso dispone, contra lo que dictan las leyes del derecho público, de una convincente chequera que es capaz de intentar, también de la boca para afuera, la solución de los más diversos problemas en países extraños mientras los mismos problemas son ignorados en Venezuela.
Cuba, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y hasta sectores de los Estados Unidos son beneficiarios de la “solidaridad” presidencial. No parece justo.
Hay varias otras leyes en las gavetas de los Asambleístas que también atentan y criminalizan a la población nacional e invaden a los derechos de los ciudadanos. El régimen trata de arrinconarnos. ¿Quién nos defiende?
