Las minas de las FARC

El proceso de paz colombiano ha resultado más complejo y tortuoso de lo que posiblemente esperaban las partes involucradas en las negociaciones, porque independiente a que son muchos los factores que inciden en las mismas, la narco insurgencia pretende ser tratada y considerada como una fuerza beligerante, condición que no logró a pesar de las presiones ejercidas por el presidente Hugo Chávez para que le fuese otorgada esa distinción.

El propio presidente Juan Manuel Santos, principal promotor de estos diálogos declaró en mayo del 2011 en la casa de gobierno, “las fuerzas armadas colombianas están operando bajo el paraguas del derecho internacional humanitario que presupone la presencia de un conflicto armado interno…Pero eso de ninguna manera significa que los terroristas dejen de ser terroristas o dejemos de llamarlos terroristas, porque son terroristas, porque cometen actos de terrorismo”.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y su par el Ejército de Liberación Nacional, son calificadas como terroristas porque sus acciones han estado orientadas a causar el mayor daño posible en la población civil, el secuestro, el reclutamiento forzoso de niños y la colocación de minas antipersonas, lo que ha ocasionado miles de heridos y varios cientos de muertos. Solamente en el 2014 murieron por estos artefactos siete personas y heridas 104, el año anterior las cifras fueron mayores, 165 entre lesionados y muertos. Según diferentes informes de 1990 a la fecha, las minas han afectado a más de 11,000 personas, causando la muerte de al menos 2000, de las cuales el 38% eran civiles.

Los niños han sido víctimas del sembrado indiscriminado de minas antipersonas; aproximadamente mil, han padecido el efecto de esas armas, de ellos 235 perdieron la vida. Como muestra de esa crueldad innecesaria el director de Periodismo Sin Fronteras, Ricardo Puentes Melo, presentó en su página en la internet  la fotografía de un hombre cegado por la explosión de una mina, cargando el cadáver destrozado de su hijo de 17 años. La siembra indiscriminada de estos artefactos hizo posible que unos alumnos camino a su escuela situada en Orito, encontraran una mina que detonó en el aula en la que estudiaban, causando heridas a más de 30 educandos. Otra explosión en la zona rural de la Montañita, Caquetá,  causó heridas graves a una mujer y a sus dos hijas menores, y un soldado perdió una pierna al explotar  una mina en un parque infantil en construcción.

Hace unos meses los hermanos Edilberto y Marlon González Mina, de  nueve y diez años de edad  respectivamente, perdieron la vida al pasar por un campo minado rumbo a su escuela, en una zona en la que opera la columna Daniel Aldana de las FARC, que aparte de minar los campos del departamento de Nariño, se dedica, entre otras actividades a  la extorsión, captación ilegal de dineros, control de la producción y comercialización del narcotráfico en la región.

Diferentes informes reseñan que más de la mitad de los municipios colombianos tienen campos minados, y que los niños colombianos son los más  afectados del mundo por la detonación de estos artefactos, después de los de Afganistán. Un informe elaborado en el 2012 en la escuela Superior de Guerra de Colombia y publicado por el Espectador refiere que son 12 los denominados artefactos explosivos improvisados que fabrican las guerrillas, destacando entre todas las “quiebrapatas” como las denominan popularmente, una catalogada como química porque usan ácido sulfúrico en su fabricación. Estas “quiebra patas químicas” son difíciles de ubicar por los detectores de metales, ya que son fabricadas en envolturas plásticas.

Las minas son portadoras de fragmentos de proyectiles, tuercas, tornillos, vidrios y materia fecal humana y animal, y de otros productos que dificultan la recuperación del sobreviviente de una explosión.

En marzo de este año, el mismo mes de la muerte por la explosión de una mina de los hermanos González, el gobierno de Colombia y las FARC anunciaron un acuerdo para limpiar y descontaminar los territorios en los que hay  minas y otros artefactos de ese tipo. Lo paradójico es que uno de los negociadores de las FARC  Rodrigo Granda, dijo que el desminado humanitario se haría inicialmente en tres o cuatro zonas que estaban por definirse, agregando que  solo se realizaría en zonas de población civil y no en la selva, “porque la gente nuestra en la profundidad de la selva no va a dejar de defenderse”. Asimismo declaró que una de las cuestiones de una fuerza irregular está en el uso de los explosivos y que hasta que no avancen los acuerdos en La Habana, no se hará el desminado en otras partes, así que por voluntad expresa  de las FARC los niños colombianos pueden seguir muriendo hasta que ellos no logren una paz a su medida.