¿Con qué derecho?
Con motivo de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el proyecto totalitario del teniente coronel Hugo Chávez muestra todos sus afilados colmillos. La insolencia alcanza límites que nunca se habían visto en Venezuela, al menos desde que Antonio Guzmán Blanco desaparece del escenario político nacional en el siglo XIX. La lista de abusos y desafueros es extensa, sin embargo conviene señalar, al menos, los más importantes. Entre éstos destaco: el manejo de la Fuerza Armada Nacional como brazo de apoyo de la organización oficialista, la descarada presión sobre los funcionarios y empleados públicos para que se inscriban en esa organización, el uso del SENIAT y de recursos de la Hacienda Pública para organizar y financiar actos proselitistas, la utilización de las instalaciones educativas del Estado para llevar adelante la inscripción en esa tolda.
Sobre la postración vergonzosa de la FAN se ha comentado bastante, lo mismo que acerca de las miles de atmósferas de presión que se desatan contra los empleados y funcionarios públicos. No así en torno de la manipulación obscena de organismos como el SENIAT y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Quisiera detenerme aquí. El SENIAT es un servicio autónomo que recauda ingresos para mantener los gastos de todas las instituciones del Estado venezolano, no sólo del Gobierno. En estricto sentido, debería ser un órgano de la administración central con autonomía funcional, que tendría que reportarle al Parlamento, institución que encarna la soberanía popular. En la Venezuela actual se da la circunstancia de que la Asamblea Nacional está controlada casi totalmente por el Presidente de la República. No obstante, cuando el mapa político de la nación varíe, el organigrama del Estado debería contemplar esa reforma que estoy señalando, pues el SENIAT, repito, se encarga de recaudar impuestos y aranceles que van al Tesoro Nacional. Por lo tanto, ese servicio tendría que estar bajo la jurisdicción de un poder distinto al Ejecutivo, ya que esta rama es la encargada de repartir aquellos recursos entre las distintas esferas del Estado.
Si ese es el papel del SENIAT, ¿con qué derecho el Presidente de la República se atreve a valerse de ese servicio nacional para adelantar una campaña proselitista a favor de una parcialidad política como el PSUV? Sólo el abuso y la arrogancia permiten explicar semejante exabrupto, que sin duda viola de forma clara la Constitución redactada por los propios chavistas y aprobada por quienes respaldan el proceso bolivariano. En su momento el capitán José Gregorio Vielma Mora, tan dado exigirles a los comerciantes e industriales el acato a las leyes y reglamentos tributarios, tendrá que explicar las razones de semejante ilegalidad.
Con respecto al CICPC, ¿dónde se ha visto que un cuerpo de investigaciones científicas, obligado a actuar como órgano auxiliar del Poder Judicial, aunque esté adscrito al Ministerio de Interior y Justicia, esté al servicio de una parcialidad política? Si aplicamos un razonamiento estrictamente académico, habría que anotar que las investigaciones científicas se caracterizan por buscar la verdad y anular el influjo negativo de los juicios de valor y los prejuicios. Aquí resulta que es al revés. El CICPC se declara “científico y socialista”, términos antitéticos entre sí, y su comisario jefe, el señor Marcos Chávez, en un acto público y notorio, y escoltado por funcionarios del MIJ, va a inscribirse en el PSUV. ¿Con qué derecho este régimen envilece de esa manera a la policía a través de su máximo jefe?
Las razones de esta descomposición, aunque les pese a los defensores del socialismo del siglo XXI, hay buscarlas en alguien tan antiguo como Lenin y su teoría del Estado revolucionario. El líder de la Revolución Rusa, al igual que Marx, era un severo crítico del Estado liberal, en el cual rige la independencia, el equilibrio y la cooperación entre los poderes, se defiende la igualdad ante la Ley y la existencia del Estado como institución laica al servicio de toda la sociedad, y no de un partido, clase, grupo o sector determinado. Desde la perspectiva revolucionaria leninista, el Estado pierde su condición seglar y pasa a convertirse en el. Instrumento de dominio, dictadura, de una clase (partido o grupo) sobre el conjunto de la sociedad. Esta visión leninista, comunista, del Estado es la que se ha puesto en movimiento desde que Hugo Chávez llegó a Miraflores en febrero del 99. Hasta el 3 de diciembre de 2006 esa ideología había sido disfrazada con ciertos coqueteos con la democracia representativa; sin embargo, a partir de su triunfo en esa cita electoral y de la ostensible debilidad organizativa, política e ideológica de la oposición, el teniente coronel llega a la conclusión de que las condiciones objetivas y subjetivas del proceso revolucionario habían madurado y que podía dar un salto cualitativo hacia un nuevo estadio: el Estado revolucionario de tipo leninista. En él quedan abolidas las fronteras entre el Estado, el Gobierno y el Partido. Todos ellos forman una sola unidad, cuyo vértice es el jefe máximo de esas instancias: Hugo Chávez.
Por eso es que el rojo, rojito y las siglas del PSUV, tiñen todos los organismos gubernamentales y estatales, tanto en el plano nacional como en los niveles regionales y municipales. Desde las FAN hasta la más baja dependencia del Ministerio de Hacienda, pasando por PDVSA, todo queda pintado de rojo. Lo mismo ocurre en la provincia, desde, digamos, la Gobernación de Carabobo hasta el municipio más apartado de ese entidad donde gobierna un chavista, la obligación revolucionaria es deificar el Estado revolucionario, contribuir a que se expanda el evangelio chavista y prospere la nueva religión.
Empuñando el “derecho” revolucionario es como el primer mandatario está acabando con la democracia e implantando el Estado revolucionario comunista.
