Paradojas del Caracazo

El 18º aniversario del “Caracazo” nos ha sometido una vez más a un despliegue
de demagogia, mentiras y manipulación de los hechos en el que este gobierno
resulta de una habilidad pasmosa. Es evidente que esos sucesos acaecidos el
27 y 28 de febrero de 1989 fueron la plataforma perfecta para el frustrado
intento de derrocar al gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, el 4 de
febrero de 1992. La cosa es muy simple: sin Caracazo nunca se hubiese
producido un 4 de febrero que festejar y sin 4 de febrero Chávez estaría hoy
disfrutando de su retiro como un oficial de quién sabe qué rango,
difícilmente el de general. De manera que los revolucionarios tienen razones
más que suficientes para agradecer a los saqueadores de distintas clases
sociales y al hampa común, que les abrieran el acceso al poder del que no
piensan irse jamás. Porque decir que fue el bravo pueblo el que se introdujo
violentamente en supermercados, abastos, bodegas, farmacias, carnicerías,
ventas de electrodomésticos, muebles, ropa, etcétera, para apropiarse de sus
mercancías, y querer transformar ese asalto a la propiedad privada en una quincalla ideológica, es ofender al colectivo nacional. En esos dos días de locura
colectiva, algunos pobres, unos cuantos venezolanos de la clase media y los
delincuentes comunes no saquearon solamente los negocios de los ricos, sino las
viviendas de otros pobres de sus mismos barrios y a pequeños y medianos
comerciantes que quedaron arruinados.

Era presidenta de la comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados
cuando esa comisión recibió el mandato de investigar los sucesos que
enlutaron al país y que pusieron punto final a nuestra ilusión democrática.

Porque en esos dos días, no cabe duda, murió el pacto social que habíamos
asumido los venezolanos del respeto de los unos por los otros, que es base
de la democracia. La comisión conformada con la misma proporcionalidad
partidista de la Cámara, se convirtió durante las semanas que duró la
investigación en el centro de atención de los medios y por consiguiente en
un ambiente propicio para que cada diputado, miembro o no de ella,
aprovechara sus minutos de fama. Los de izquierda (a quienes podríamos
llamar prechavistas) en este caso Gustavo Márquez, Walter Márquez y
Aristóbulo Istúriz, que eran miembros de la comisión y otros como Pablo
Medina y Enrique Ochoa Antich, escandalizaron desde el primer día (unos más
que otros) con las denuncias de que eran dos mil los muertos y quién sabe
cuántos los desaparecidos, al mejor estilo de las dictaduras sureñas.

Vinieron delegaciones de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de
derechos humanos, recibíamos no menos de treinta cartas diarias desde los
cinco continentes, exigiendo que se aclararan las muertes de determinadas
personas con sus nombres y apellidos. Se interpeló a los ministros de
Defensa y de Relaciones Interiores y a muchos otros funcionarios, testigos y
agraviados. Se ejecutó la exhumación de cadáveres en la fosa común de La
Peste en el Cementerio del Sur. Nunca nadie pudo demostrar que hubiese uno
más de los 276 fallecidos que se registraron y ni uno solo de los supuestos
desaparecidos. El informe final fue aprobado por unanimidad y ninguno de los
ya mencionados diputados salvó su voto ante la conclusión que atribuyó al
hampa común la mayor parte de los saqueos ni tampoco en relación con el
número de muertos comprobado, es decir 276.

¿Pero cómo murieron esas 276 personas? Allí es donde se le pone la cosa
estrecha al gobierno chavista y allí mismo es donde deben mentir, falsear y
manipular para poder culpar directamente a Carlos Andrés Pérez por esas
muertes. Estas, en su gran mayoría, fueron provocadas por miembros del
ejército en cumplimiento del llamado Plan Ávila, el mismo que Chávez ordenó
poner en ejecución el 11 de abril de 2002 y que provocó que los militares,
léase bien, los militares, lo sacaran temporalmente del poder para luego
ellos mismos reponerlo. El diario El Nacional publicó el lunes 5 de este mes
de marzo la noticia del desacato del Tribunal Supremo de Justicia a la
sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el
homicidio del poeta Crisanto Mederos, ocurrido durante el Caracazo en La
Parroquia La Pastora. No hay que hilar demasiado fino para saber
las razones de ese desacato: los presuntos involucrados en el hecho son dos
coroneles y un mayor del ejército.

Es obvio que cuando se producen hechos que afectan a la población civil como
sucedió en el Caracazo, el jefe de Estado que da la orden de disparar tiene
una alta cuota de responsabilidad, pero eso de ninguna manera exonera de la
suya a cada uno de quienes dispararon sus armas contra civiles indefensos
provocándoles la muerte o lesiones. Chávez necesita culpar a CAP y exculpar
a sus colegas militares y ahí es donde se le enreda el papagayo.

Lo mejor que podría hacer el teniente coronel Chávez es olvidarse de
celebrar fechas infaustas no solo para la democracia venezolana sino
para su propia imagen de militar y político exitoso, que tanto esfuerzo
y petrodólares le ha costado construir. En la medida en que se consolidaba la democracia venezolana, el partido Acción Democrática fue procurando que
cada 18 de octubre pasara por debajo de la mesa. A pesar de los años luz que separan esa insurgencia cívico militar contra el gobierno de Isaías Medina
Angarita, en 1945, de la fracasada intentona de Chávez y sus compañeros
de ruta el 4-02-92, aquella fecha se fue haciendo un recuerdo algo vergonzante
o no digno de grandes celebraciones; sobre todo porque abrió las compuertas
para el golpe militar contra el gobierno democrático de Rómulo Gallegos,
en 1948. Con tanta celebradera de golpes y saqueos ¿quién puede saber qué compuertas está abriendo el comandante Hugo Chávez?