Impedir un secuestro

Herramienta eminentemente política, la revisión constitucional se ha convertido en un agudo problema táctico y conceptual para el oficialismo. El pausado cambio de gabinete ha servido para ganar un poco más de tiempo, a objeto de despejar la ecuación de sus apremios, incluyendo la inconsulta creación de un partido único.

Corren tiempos distintos al proceso constituyente de 1999, en los que hubo más cautela que unanimidad. Hoy, ha surgido en el mapa una porción más organizada y paciente de la oposición que, a mediano y largo plazo, hábil e inteligentemente, agudizará las contradicciones del régimen al desenmascarar los propósitos antes esforzadamente enmascarados por el Presidente de la República.

Afrontar la revisión supondrá el resignado acatamiento de una bancada silenciosamente estremecida por la imposición de un partido y un modelo partidista francamente desconocidos, cuyas siglas –por elemental cortesía- apenas se conocen. Contrastando con el parlamento multipartidista de los sesenta, obligado a las más complejas negociaciones, el actual parece distraerse con algunas propuestas orientadas más a la interpretación de la voluntad presidencial, esperando acertar en la angustiosa adivinanza que pueda sacar del anonimato algunas ideas, individuos o corrientes que la sustentan o dicen sustentarla.

La revisión asumida como un instrumento ofensivo en el tablero de la confrontación, adquiere características defensivas por la muy probable interpelación que provocará la oposición en los terrenos del hastío gubernamental. La inevitable y tácita redistribución de cuotas de poder en curso, para facilitar paradójicamente la versión ceresoliana, arribará a una constituyente derivada, restándole oxígeno a su exhausta legitimidad.

La oposición decidida y democrática, sabrá de una decantación de planteamientos, esbozo probable del futuro consenso, con sus propuestas de corrección y precisión del texto constitucional diseñado apresuradamente siete años atrás, frente a las otras expresiones ornamentales y, por tales, sospechosas. Obliga a una ruptura de los partidos de larga y reciente data con la vieja cultura utilitaria y populista, en la búsqueda de una identidad que le permita desarrollar una lucha que es –ante todo- ideológica, obstaculizando el secuestro del sistema constitucional.

Asumida la reforma como una institución básica de garantía y de contrapeso frente al gobierno nacional, pondrá a prueba el liderazgo venezolano de una y otra acera en las avenidas de una polarización artificial. El gobierno tiene por ventaja la de contar con un plazo de dos años, después de aprobada cualesquiera de las solicitudes – conforme al artículo 343 de la Constitución de 1999- para referendarla (s) en una maniobra plena de riesgos al coincidir, si fuere el caso, con los comicios ordinarios regionales y municipales, aunque parecía más sencilla la fórmula del artículo 246 de la Constitución de 1961.

Y es que, al convertir al pueblo en un órgano más del Estado, el oficialismo dirá perfeccionar la harto gastada y simplificada plebiscitación que choca con las posibilidades políticas esperadas por una revisión constitucional, aún por quienes respaldan al gobierno nacional. Aseguraba Manuel Aragón, en uno de los títulos que tuvo a bien obsequiarme Leonardo Guzmán, joven especialista en la materia y presidente de COPEI-Anzoátegui: “… La soberanía popular, como cuestión de hecho, (hay) que hacerla descansar, me parece, en la noción de consenso, de consenso político” (“Constitución y democracia”, Tecnos, Madrid, 1989, p. 33).

CONSTITUCION Y CIRCULARIDAD

Acertadamente, en las páginas literarias de un diario de circulación nacional, Sandra Pinardi observaba que la revisión constitucional nos regresaba a lugares ya conocidos. Y es que la perspectiva del oficialismo nos condena al permanente afán de recomenzar la vida republicana, empecinados en fundarla cuantas veces sea posible, para acallar la ausencia de imaginación histórica.

El reciente éxito del oficialismo, incluyendo el poco convincente abultamiento de la diferencia entre el Presidente en ejercicio y el principal Candidato de la oposición, le permitirá retomar el expediente de una reforma constitucional que habrá de convertirse en un asunto de mayor gravedad para su destino. Por una parte, tenemos las comprobadas improvisaciones que nuevamente lo distinguen, como la pretensión de crear un “poder popular” o comunal (en rigor, “representativizándolo”, para restarle eficacia, autonomía y espontaneidad a la participación), al lado de la nada descabellada hipótesis de un “poder castrense”, para canalizar las denominadas relaciones cívico-militares (acentuando el corporativismo parlamentario), o la de constitucionalizar la rectoría del partido –por supuesto- único (creyendo ornamentalizar al resto de las organizaciones políticas). Y, por otra, desencantará a más de un proponente, pues el objetivo esencial es el de la indefinida reelección presidencial, así tropiece con principios como el de la alternatibilidad en el poder: para mayor exactitud, el relevo presidencial que el propio Juan Vicente Gómez cuidó en la vitrina de las apariencias.

La alteración de los elementos estructurales de la constitución, aunque la llamen una simple corrección de foliatura de la versión caligráfica de palacio, los llevará de la interesada interpretación y falseamiento al fraude constitucional: empleo del procedimiento (jurídico) de la reforma para generar otro ordenamiento y un diferente régimen político, apegado al sistema de legalidad establecido, equivalente a un “golpe de Estado constitucional” como lo sugirió Pedro de Vega al versar sobre el triste desenlace de la República de Weimar (“La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente”, Tecnos, Madrid, 1985, p. 293). La literatura especializada coincide en que, una transformación de tan profundo alcance, requiere de un proceso (político) constituyente que, llevando al extremo los vagos enunciados socialistas o socialistoides del gobierno, identifica al chavismo con el mismo contrato social y –democracia directa, al fin y al cabo- lo dispensará por siempre de una constitución u otros mecanismos de limitación del poder.

La caprichosa interpretación que hace del texto constitucional vigente, afianzando en la práctica el principio de su violabilidad por el régimen, lleva a no pocos de los personeros a ilusionarse con un propósito que va más allá del objetivo esencial al que nos hemos referido, aunque poco sabemos de unas propuestas reales, discutidas y concretas, las cuales tampoco recogió Oscar Figuera, secretario general del PCV en vías de extinción, cuando planteó la reelección de la directiva legislativa, en un extenso discurso lleno de los lugares que fueron tan comunes décadas atrás. No pueden llamarse a engaño los parlamentarios que serán requeridos para intentar una constituyente derivada, en el caso que una reforma no le conceda la eternidad en el poder al comandante miraflorino, a la espera de una mejor oportunidad para una peligrosa una constituyente originaria.

De conformidad con el artículo 342 de la Constitución de 1999, la iniciativa de la reforma depende del Presidente de la República en Consejo de Ministros, la mayoría de la Asamblea Nacional o un número no menor del 15% de los electores inscritos, mientras la Constitución de 1961, en su artículo 246, previó un tercio de los miembros del Congreso y la mayoría absoluta de las Asambleas Legislativas que la discutieran no menos de dos veces. Es demasiado obvio que Hugo Chávez controla todos los órganos del Poder Público, siendo capaz de debilitar la iniciativa popular, habida cuenta de la experiencia del maniobrado proceso revocatorio de su mandato, contrastando con la aparentemente disminuida vocación democrática de la carta de 1961, confiada la reforma “general” con exclusividad a los parlamentos nacional y regionales en los que gobiernos, como el de Rómulo Betancourt, perdió el control o, por lo menos, debió sostener un tenso equilibrio de acuerdo a las evidencias históricas.

Sabemos de una anomia constitucional, palpable en el carácter no deliberativo pero sí partidista de la entidad armada, la selección de diputados que antes no residieron en su circunscripción o en la dudosa rendición de cuentas anual ante la Asamblea, por un presidente que gusta de la oratoria dispersa, extendida y anécdotica, por no citar la coexistencia de una estructura democrática con otra autoritaria en el texto de 1999. En todo caso, probable apuesta, no luce disparatado que el oficialismo se aventure en una revisión que enmendará tardía y convenientemente la Sala Constitucional, acentuando la circularidad de nuestros males.

ENUNCIADOS

Novísimo vicepresidente: llama más la atención el despido de José Vicente Rangel, seguramente lamentado por sus relacionados de la oposición, que la designación de Jorge Rodríguez. Sin embargo, éste cuenta con la decisión y las habilidades que pudieran equipararse a las de aquél, representando el ascenso paradójico de la extinguida Liga Socialista, con sus cuadros y propósitos…
Sucursal no deliberante de Miraflores: entrevistado por Lilina Barboza (Quinto Día, Caracas, 5 al 12/01/07), el coronel (aviación) Eleazar Nieves, miembro de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, disertó sobre los estudios que se realizan para una modificación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN). Señaló que el borrador manejado por mla comisión será revisado por el ministro de la Defensa y por Chávez “antes de que salga de manera oficial al país” y, en torno al nuevo grado militar, nada sabe: dependerá de la alta oficialidad, comandantes de fuerza y – ¿no adivinan?- del propio Chávez. No podía faltar el “parlamentarismo militar”, la otra versión de una iniciativa de plebiscitación legislativa. Por lo pronto, comprobamos que no hay tal división de los órganos del Poder Público para los diputados….

A quien pueda interesar: la intelectualidad prochavista dejó constancia expresa e inquívoca de su respaldo a través de una página completa, publicada en una edición postcomicial edición de Ultimas Noticias (Caracas, 18/12/06)…

Desespecialización creciente del Estado: familiares pagaron 600 millones de bolívares para hallar avioneta desaparecida (El Nacional, Caracas, 11/09/06)…

Observación válida para cualquier disciplina prisionera de la piratería: Adela Cortina observaba que “no se conforma una concepción filosófica, por modesta que sea, desde el zapping, el eslogan, la respuesta rápida, el ágil reflejo intelectual; desde esos modos de pensar cortoplacistas, exigidos por el guión del universo mediático, por la técnica del bestseller” (El Ciervo/Madrid, nr. 578 de 1999)…