Confiscación del derecho a la protesta
El régimen de Maduro no tiene inconveniente alguno para recurrir a la crueldad cuando de la confiscación del derecho a la protesta se trata. Criminalizar la protesta de quienes con justa razón manifiestan su desacuerdo en forma democrática siempre ha sido un punto de honor de los dictadores de derecha e izquierda; razón por la cual es una táctica fundamental sembrar el miedo en los ciudadanos que son acusados sin prueba, apresados, torturados, vejados, negados los derechos a la defensa y justicia, estén o no participando en una protesta y aún más si alguno ha sido observado teniendo un gesto de bondad hacia quienes protestan.
Caso del señor Rodolfo González (el aviador) detenido y llevado al SEBIN el 20/4/14, acusado falsamente de ser el líder de las manifestaciones de calle realizadas el año 2014 por diversos sectores de la sociedad; cuando lo único que hacía era llevarle botellas de agua y suero a unos estudiantes que estaban en huelga de hambre. Por este caso también están presos en la misma cárcel los estudiantes Douglas Morillo, Yeimi Varela y Renzo Prieto. Sus abogados defensores han manifestado que llevan 10 meses esperando ser llevados a tribunales para demostrar su inocencia; derecho que ha sido conculcado por parte de las autoridades. El 12/3/14 Iris Varela, Min de Asuntos Penitenciarios, ignorando la autoridad de otros funcionarios llegó al SEBIN anunciando que los estudiantes serían trasladados a la cárcel de Yare, penal de alta peligrosidad. El señor González, les dijo a los estudiantes que haría algo para que ellos no fueran trasladados a esa cárcel. El día 13/3/15 aparecería ahorcado con una correa. Su hija Ivette González al acudir al SEBIN encontró el cadáver de su padre amoratado en el piso, cubierto con una sábana y fuera de la celda. Algunos de los carceleros se veían angustiados. Las ONGs FUNDECI, Provea y Venezuela AWARENESS responsabilizan al Estado por su muerte.
El defensor de DDHH José Vicente Haro denunció que durante la noche del 13/3/15 la policía política preparaba el traslado a cárceles de alta peligrosidad a los estudiantes Lorent Saleh y Gabriel Valles presos en» La tumba» del SEBIN en Plaza Venezuela, cuya existencia es negada por el régimen. También apareció el anuncio: «Min de Asuntos Penitenciarios y SEBIN amenazan con trasladar a Pablo Estrada, enfermo (Tuberculosis Pulmonar), a Penal de Alta Peligrosidad».
Raúl Emilio Baduel, (hijo del también preso político General Raúl Isaías Baduel) y Alexander Tirado, fueron condenados a 8 años de prisión por tomar parte en una protesta debida a los sucesos del 12/2/14 y, recluidos en la cárcel de Tocuyito, que es para presos de alta peligrosidad. Previo a la condena estuvieron presos en la cárcel de Uribana, lugar en el que sufrieron quemaduras en los genitales, luego de permanecer horas castigados y tendidos sobre asfalto. La violación de los DDHH continúa. Monseñor Roberto Luckert declaró: «Imposible cumplir una obra de caridad en Cuaresma. Intenté ver al joven Raúl Baduel en la cárcel de Tocuyito y no permitieron la entrada». También informó que luego de esperar más de una hora e insistir entrar al recinto penitenciario un Guardia Nacional le dijo que las visitas a los reclusos son los días lunes. También le fue informado que tiene prohibida la entrada en todas las cárceles del país por orden de la ministra para el Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. Cuando La hermana de Raúl Baduel hijo fue a visitar a su padre a la cárcel militar de Ramo Verde fue vejada al obligarla a desnudarse y a pujar durante la requisa previa.
El abogado constitucionalista José Vicente Haro explica porqué los presos políticos no pueden trasladarse a cárceles para presos comunes: «Como principio general de derecho humanitario, no se pueden mezclar con la población penal común, en cárceles para presos comunes», ya que no se les puede garantizar sus derechos a la vida, integridad física, salud y no ser sometidos a tratos crueles e inhumanos. Agregó que los presos que están en el SEBIN no han sido condenados, en prácticamente 99% de los casos. De acuerdo con el Foro Penal Venezolano desde las protestas habidas en el país contra el gobierno de Maduro desde el 12/2/14 han habido 3.693 detenciones, que incluyen a 354 menores de edad, de ese total 63 continúan detenidas.
Estos casos representativos le muestran al pueblo venezolano el verdadero significado de la confiscación del derecho a la protesta y su impacto sobre la pérdida de la libertad y democracia. No es posible que un país arruinado económica y moralmente sea la Venezuela que hereden las generaciones futuras.
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@Mechemon
