Grietas en el “no” alemán a indemnizar a Grecia
El «no» oficial de Alemania a indemnizar a Grecia por los crímenes nazis topa con la opinión extendida entre los expertos de que ese capítulo no está cerrado, mientras desde el ámbito parlamentario se recomienda una «reparación moral» a Atenas.
«El Gobierno alemán se aferra a que la cuestión está jurídica y políticamente zanjada, pero sabe que no es así. Hay muchos apartados que no se cerraron o se cerraron mal. No tiene sentido seguir ignorándolo», apuntaba estos días Eberhard Rondholz, autor de varios libros sobre la cuestión, a medios extranjeros.
La reciente decisión del Parlamento de Atenas de crear una comisión para plantear una eventual reclamación formal a Berlín coincide con los cruces de reproches y salidas de tono entre sus ministros de Finanzas, el alemán Wolfgang Schäuble y el griego Yanis Varufakis, a propósito de la inmensa deuda de Grecia.
Para Rondholz, es importante que ambas partes separen las deudas pendientes de sus disensos actuales, que se abra una negociación sin cifras desorbitadas -en Grecia se había hablado de 162.000 millones de euros, la mitad de su deuda- y centrada en lo más viable.
La opinión de este autor -con un alto grado de empatía hacia Grecia- coincide con la de otros expertos más decantados hacia la parte alemana, como el historiador Hans Günter Hockerts.
En ese mismo sentido se pronuncian voces del ámbito político, partidarias de abordar una cuestión que inevitablemente pesará sobre la primera gran cita bilateral entre la canciller Angela Merkel y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, el próximo lunes, en Berlín.
Desde el cogubernamental Partido Socialdemócrata (SPD), Gesine Schwan -candidata en dos ocasiones a la presidencia del país- apostó por atender las reclamaciones por responsabilidad histórica.
«Hay que reconocer la terrible injusticia cometida con Grecia», apuntó Schwan, en «Der Spiegel» y abundando en una opinión que hasta ahora defendían las opositoras La Izquierda y Los Verdes.
El vicepresidente del SPD, Ralf Stegner, admitía que hay muchos aspectos que no pueden darse resueltos desde el punto de vista del derecho internacional, respecto a un país que fue especialmente castigado por la ocupación y que percibió, en virtud de los acuerdos globales de la posguerra, el equivalente a 58 millones de euros.
El nazismo masacró la población civil griega, arrasó con sus infraestructuras y, además, arrancó de Grecia un crédito forzoso de 476 millones de marcos del Reich por «gastos de ocupación».
Para Rondholz, conviene que ambas partes diferencien entre estas categorías de injusticias o atrocidades perpetradas bajo el nazismo, de las cuales el crédito forzoso es el jurídicamente más viable.
El valor actual de esa deuda se estima en cifras que van de los 11.000 millones de euros -«sin intereses», apunta Rondholz- a la mitad, en las evaluaciones difundidas estos días por Hockert.
Pendiente de indemnizar están los judíos de Tesalónica -con 50.000 miembros antes de la ocupación y actualmente apenas 2.000-, que pagaron a losnazis 3.000 millones de dracmas a cambio de no ser empleados como trabajadores forzosos y que acabaron deportados.
El destino de éstas y otras víctimas civiles del nazismo merecen, cuando menos, una negociación y no la mera respuesta ritual del oficialismo alemán de que todo quedó cerrado con el Tratado «2 + 4» de 1990 entre las dos Alemanias -occidental y oriental- y las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la URSS).
Entre los suscriptores no estuvo Grecia y el argumento de Berlín de que este país «bendijo» el Tratado se limita, según Rondholz, a que Atenas expresó su satisfacción por un acuerdo que posibilitó la reunificación, pero que no incluyó la renuncia a sus reclamaciones.
Los anteriores compromisos que sí implicaban a Grecia, firmados en Londres en 1953 y complementados en posteriores acuerdos en los 60, incluían una moratoria a las reparaciones, revisable cuando Alemania suscribiera un tratado de paz, lo que nunca se llegó a ocurrir porque el «2 + 4» evitó a propósito ese término.
Berlín teme que abrir ese capítulo precipitaría un alud de otras reclamaciones, pero tanto Rondholz como Hockert apuntan al modelo empleado para otro tipo de indemnizaciones tardías, las aprobadas en 2000 para los supervivientes entre los trabajadores forzados.
Entonces se creó una fundación que gestionó esos pagos, compartidos entre fondos públicos y de los consorcios que utilizaron mano de obra esclava, que evitó el Estado un precedente jurídico.
Esa se percibe como fórmula viable para las reclamaciones griegas que, recuerda Rondholz, no se inventó ahora Tsipras, sino que ya las plantearon sus antecesores, incluido el conservador Andonis Samarás. E