La constitución roja
En un acto de insólito sectarismo y arrogancia Hugo Chávez proclamó en el Poliedro de Caracas que “La Bicha”, forma elegante cómo él llama a la Constitución de 1999, a partir de su reforma no tendrá la carátula azul, sino roja. El rojo, símbolo internacional del comunismo, sirve de emblema a la intolerancia chavista.
Desde que comienzan a elaborarse las primeras constituciones modernas, por allá en el siglo XVII, estas se definen como cartas que resumen los derechos ciudadanos, consagran las obligaciones y límites de los estados, y regulan la relación entre el Estado y la Sociedad. Luego de superado el Absolutismo, las constituciones democráticas y liberales expresan contratos sociales que permiten normar las relaciones dentro de una nación y hacen posible que las diferencias y conflictos entre grupos con intereses diferentes se resuelvan en paz. Estos “contratos sociales”, por lo tanto, deben contar con el mayor respaldo posible, con la más amplia base de apoyo social, de modo que la mayoría de los ciudadanos y sectores de un país se vean reflejados en ellos. Cuando se aprueban las Constituciones en ambientes democráticos, sus redactores evitan que un sector se superponga de manera soberbia sobre otros. Se evita imponer la dictadura de la mayoría de la cual habla Alexis de Tocqueville. Por supuesto que en las dictaduras totalitarias comunistas este principio no se respeta. El Estado revolucionario sólo se preocupa por concentrar al máximo el poder, sin importarle para nada el consenso social.
En Venezuela, en el siglo XX la búsqueda del consentimiento a través de las constituciones comienza luego de la muerte de Juan Vicente Gómez. La Constitución de 1936, aunque no surge como resultado de una extensa consulta, mejora las condiciones laborales y reduce el período presidencial de siete a cinco años, aspiraciones de amplios estratos de la población. La Constitución de 1947, a pesar de que se elabora en un clima de altas tensiones políticas, la redacta una Asamblea Constituyente elegida por la mayoría del pueblo, el cual se había volcado sobre las urnas en los comicios de 1946, y que cuenta con una representación plural de las fuerzas políticas nacionales. Esa Constitución, por cierto, marca el inicio del Estado Social de Derecho, que recoge los deseos de la mayoría de los ciudadanos que aspiraban a que la riqueza petrolera en manos del Estado, se reparta entre los venezolanos a través de un amplio conjunto de beneficios sociales. La Constitución de 1961, elaborada por una comisión parlamentaria designada por el Congreso electo en 1958, resulta de un amplio proceso de consultas que incluye a todos los sectores de la vida nacional. Tan extensa es la exploración de la opinión del país que hasta los diputados del PCV refrendan el texto constitucional.
La de 1961 fue una Carta concebida para que el país, luego de 10 años de dictadura y con una experiencia democrática muy breve durante el siglo XX, entrara en un largo período de paz, estabilidad y progreso. Los valores predominantes que subraya son la democracia, la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a las minorías, la alternabilidad y el carácter federal y descentralizado del Estado, entre otros. Su vigencia permite que al teniente coronel Hugo Chávez –a pesar de fracasar como golpista y no obstante prometer que “refundaría” la República, es decir, que la destruiría- se le respete su triunfo en las elecciones de diciembre de 1998.
El rasgo consensual de la Constitución de 1961 queda abolido en la Carta del 99, que Hugo Chávez redacta luego de obtener una desproporcionada mayoría en la Asamblea Constituyente de ese año (con 60% de los votos obtiene más de 95% de los diputados) y después de hacerla sancionar en un referendo aprobatorio en el que se abstiene 40% de los electores y en el que no se establece el quórum aprobatorio de 50% más uno, tal como rige en la mayoría de los países donde la Constitución se legitima a través de la consulta popular. En esa oportunidad Chávez le impone, por la vía del escamoteo electoral, su criterio a casi la mitad de la nación que está en desacuerdo con su proyecto. Sin embargo, en esa Carta -especialmente en los artículos 2, 4 y 6- aún se mantiene, aunque sea formalmente, el carácter democrático, electivo, descentralizado, alternativo, responsable y pluralista del Gobierno.
Con el proyecto que acaba de introducir en la Asamblea Nacional el ideal del consentimiento queda pulverizado, así como la naturaleza democrática, descentralizada, pluralista y alternativa del Gobierno. Chávez busca pasar a lo que Lenin llama en El Estado y la revolución, el “Estado revolucionario”, es decir, un régimen en el que desaparecen totalmente las instituciones republicanas y liberales, y su lugar lo toman organismos y dependencias subordinadas al líder que se arroja la soberanía y representación de las masas populares. Ya Chávez perdió todo pudor y recato. Lo único que le importa es imponerle a la nación el proyecto de país y de revolución comunista que viene macerando desde su juramento en el Samán de Güere. Un plan que gira en torno de la autocracia, el militarismo, el ataque a la propiedad privada, el centralismo, el caudillismo, la arbitrariedad y discrecionalidad en todos los espacios de la vida nacional.
Su visión cupular y prepotente de la manera como se elabora y aprueba una constitución, además del insondable temor que le produce la voluntad popular, determinan que se oponga a que la votación en el referendo consultivo previsto para diciembre se haga artículo por artículo, con un CNE independiente y con un reglamento electoral que le impida cometer los abusos que acostumbra.
Los que no queremos una Constitución roja tenemos el derecho e incluso la obligación de quedarnos en Venezuela luchando por la democracia. Si Hugo Chávez y Diosdado Cabello quieren una Carta Magna igual a la de Cuba y a la medida de Fidel Castro, pueden irse para la isla, aquí no hacen falta.
