Constitucionalizar el delito
Las modificaciones propuestas por la Presidencia de la nación a la Constitución que se promulgó después de un año en el gobierno, en 1999, no son tales. Como hemos leído en muchos trabajos de diversos autores, se trata de la sustitución de los principios básicos del ordenamiento jurídico nacional que traerá consecuencias impensadas al futuro de Venezuela.
A nadie ha escapado que el objetivo fundamental es la continuidad electoral -lo que es violatorio al espíritu de la democracia- y el establecimiento de un socialismo monárquico. Pero a manera de justificación se han propuesto varios otros cambios. Por ejemplo, se han modificado los requisitos de transparencia y de rendición de cuentas imprescindibles en toda función administrativa, trátese del campo público o del privado. Pero este desliz puede tener otra consecuencia. Al eliminarse la obligación de bien administrar y de poner a disposición de la ciudadanía tanto las cuentas de la gestión como la información producida por los órganos de supervisión, se está legalizando un delito que se ha venido cometiendo consistentemente a través de toda esta desafortunada administración.
Para nadie es secreto que desde que se desmanteló la industria petrolera los daños no solo alcanzaron a las áreas de producción. Intuimos que mayores fueron los daños producidos en las áreas de contabilización y supervisión de las cuentas corporativas lo que transformó a la industria petrolera nacional en una caja negra absolutamente inescrutable.
Consideraciones similares se pueden realizar alrededor de las “donaciones” que se les han otorgado sin permiso y sin control a muchísimos países. No podemos ser enemigos de la solidaridad pero esta tiene que corresponderse una correcta ubicación dentro de las prioridades de la nación y su otorgamiento no puede ser un ucase sino que tiene que contar con la aprobación y supervisión de los organismos competentes de acuerdo a las prescripciones constitucionales.
La realidad es que todas las organizaciones que tienen funciones muy importantes de acuerdo a la Constitución de 1999 y de cualquiera de las veinticinco anteriores, han hecho mutis a la hora de cumplir con sus obligaciones y en la mal llamada reforma se les exime de esas responsabilidades con lo que estaremos en la presencia de una legalización que no solo es constitucional sino que sucede post facto, después de sucedida la violación.
Nos encontramos ante situaciones inaceptables de propuestas facinerosas que solo contribuirán al continuo descuadernar de Venezuela lo que también vislumbramos como acción del régimen.
Hace falta debatir y acordar los pasos a seguir para llevar estas denuncias a las instancias adecuadas pues se ha evidenciado que las instituciones oficiales están sufriendo de una parálisis y de una complicidad que hacen imposible su acción por propia decisión. Ya lo hemos visto en repetidas situaciones. La más reciente es la ausencia de acción por parte de la fiscalía en el bochornoso caso del maletín. En nuestro país parece no interesar ni de donde salió esa inmensa cantidad de dólares ni mucho menos cual era su destino. Tampoco se ha investigado como circulan desde Venezuela ochocientos mil dólares, delito consagrado en la “Ley de ilícitos cambiarios” que no solo prohíbe hechos como el sucedido sino que consagra la ilegalidad de hablar sobre un cambio distinto al oficial.
Diera la impresión de que el régimen trata de enmarcar a cada disidente en algún delito y eliminar dicha posibilidad a quien se le rinda.
