Del fraude constitucional a la hipoteca histórica
Uno de los factores que no pueden jamás estar ausentes en lo que refiere al diseño, visión, administración y gestión pública es justamente la rica experiencia que América Latina como región y espacio geográfico tiene en más de tres décadas en la que hemos visto el desarrollo y puesta en marcha de una serie de programas y planes de crecimiento, gestión, planificación, administración y desarrollo.
Por tanto, somos partidarios de aprovechar en el mejor de los casos y términos las experiencias vividas en el campo político, económico, financiero y demás, resultado del laboratorio que ha sido nuestra región, en la que Venezuela no ha estado ajena. Todo lo contrario hemos visto poner en práctica programas de ajuste, disminución y fortalecimiento del Estado en detrimento de la sociedad, y para usted de contar, con un denominador común y constante dramático que es la pobreza y la inflación.
En nuestro caso particular pudiéramos incluso periodizar la labor del Estado y fundamentalmente su disfunción al no lograr un crecimiento económico sostenido, reducir el gasto público, promover desarrollo humano y social y en fin alcanzar niveles aceptables de gobernabilidad que permitan no sólo blindar la democracia, sino además limitar la llegada de liderazgos vagos, neopopulistas y caudillistas como constante en la América Andina.
Venezuela intento a finales de los años ochenta un cambio en el modelo de desarrollo de una orientación hacia la planificación estatal, de importación de substituciones y de controles de tasas de interés y de precios, tarifas y regulaciones, flujos de capital e inversiones, hacia un desarrollo orientado al libre mercado, apertura comercial y competitividad.
Sin embargo, con la llegada de Chávez y alza del barril del petróleo lejos de promover desarrollo, crecimiento y competitividad regresamos a viejos y cerrados esquemas con saldos drásticos en material social, en donde no es posible equilibrar mercado y Estado y la globalización con la gobernabilidad como pasa en otros ámbitos, incluso de nuestra América Latina.
Venezuela en la última década ha retrocedido en términos de crecimiento humano, de capital social, de institucionalidad. Da la impresión que el gobierno no asume la necesidad de promover una nueva gestión pública como proceso y fenómeno que supone una reingeniería y rediseño de las relaciones entre los actores estatales, económicos, y sociales con miras a crear una administración y gestión pública más transparente, más eficiente y cónsona con las circunstancias, rasgos y expectativas del país y los venezolanos. Esa revolución no se decreta, no es de papel, no es ni será aquella que colocando una F al lado de nuestro signo monetario, automáticamente nuestra moneda se fortalece.
Cuánta agua hemos visto pasar bajo el puente, y cuanta más falta ver ahora con un intento de forzar la historia y nuestra tradición liberal y democrática al querer imponer una reforma constitucional en bloque, más caudillista, conservadora, estatista y menos democrática. En fin, el debate está abierto, y los venezolanos no debemos permitir que nos los secuestren. Frente a las propensiones desfasadas y autoritarias del presidente nos corresponde salir al paso y asumir la premisa y tesis del asedio democrático, de la lucha abierta, de lo contrario siendo pasivos seremos parte de una fraude constitucional y una hipoteca histórica que no será perdonada por nuestra descendencia.
(*) Profesor de la Universidad de Los Andes
