Una monumental hipocresía.
La moción aproba exclusivamente por la mayoría oficialista del Congreso, condenado a la comición interamericana derechos humanos de la OEA por haber <<adelantado opinión>> en el comunicado de prensa de fecha 5 de junio en el que tres de sus miembros afirman su <<seria preocupación>> por la destitución de tres magistrados del TC, constituye uno de los mayores actos de hipocresía de un régimen con un pasado negro en la materia y es a la vez una suerte de <<seguro>> que cree tomar el fujimorismo ante lo que puede suceder en los próximos meses.
Ninguno de los antecedentes predisponían a que la relación entre el oficialismo y la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA fuese buena. Dicho organismo acababa de publicar un informe bastante severo respecto de la situación de los DD.HH. en el Perú (ver editorial LR, 1/6/97), incluyendo a nuestro país -con Guatemala y Colombia- entre los tres del continente en los cuales existen evidentes restricciones para el ejercicio de los derechos ciudadanos y acompañándolo de siete recomendaciones para revertir esta situación.
Ya este informe había provocado grandes aspavientos de nuestra embajadora ante la OEA quien, adoptando la costumbre oficial de callarse sobre lo principal y denunciar lo accesorio, cuestionó que no se hubiese permitido al gobierno peruano refutar los términos de dicho documento. Qué hubiera podido decir? Es cierto que una quinta parte del territorio sigue bajo estado de emergencia, que parte de la legislación antiterrorista viola las normas internacionales, que se sigue utilizando el sistema de jueces sin rostro (pese a que ya no se justifica) y que no se ha cumplido con erradicar la tortura y prácticas degradantes.
Con este precedente de tensión, los siete miembros de la Comisión llegaron a Lima para participar de la reunión de la OEA, y en el peor de los momentos para el gobierno peruano por culpa de su mayoría, que acababa de destituir con pretextos inexistentes a los tres honestos magistrados del TC que se habían pronunciado por la inaplicabilidad de la Ley de reelección. No importa con qué ropaje lo cubran: esta es la razón de fondo para lo ocurrido, y tanto ellos como la ciudadanía lo saben.
Este acto de arbitrariedad provocó que 46 congresistas de la oposición acudieran ante la Comisión para denunciar al gobierno peruano, motivando el encrespamiento de las geishas oficialistas, que sostenían que no se había agotado el procedimiento interno de acuerdo a nuestra legislación. Pues bien, aparte de que no había necesidad de que fuera agotado, lo que realmente preocupó al oficialismo es que el Perú está en la obligación de acatar lo que la Corte Interamericana de San José decida, pues así está previsto en nuestra legislación.
Los miembros de la Comisión de DD.HH. encontraron el país en ebullición, con manifestaciones multitudinarias, pronunciamientos de instituciones y medios y una condena general al fujimorismo por el trato dado a estos magistrados honestos. Aprovechando de su presencia en Lima, se entrevistó con los denunciantes y recibió a los vocales del TC destituidos, emitiendo luego un mesurado pronunciamiento en el que manifiesta su preocupación por lo acaecido.
Este es el pretexto del cual se ha cogido la mayoría para emitir su moción de condena, la cual considera no sólo que se ha <<adelantado opinión>> sino que se ha cometido <<intromisión>> en asuntos internos del Perú, aprovechando de paso para afirmar la enormidad de que los miembros de la Comisión <<carecen de legitimidad>> para intervenir en cualquier proceso que toque la situación de los destituidos magistrados.
Este último punto constituye en realidad el principal objetivo de la maniobra, cual es que, ante el temor de que el gobierno pueda ser condenado por lo que cualquier análisis jurídico consideraría una arbitrariedad contra el TC, prefiere de antemano <<poner el parche>> y curarse en salud negando autoridad a la Comisión.
La maniobra sólo ha contribuido a dejar en ridículo a los promotores y firmantes de tal moción, y por varias razones: 1) La Comisión no está obligada legalmente a guardar reserva sobre una determinada cuestión que es objeto de una denuncia ante ella; 2) Los tres firmantes del comunicado no se han pronunciado sobre el tema de la denuncia, simplemente han dicho que <<les preocupaba>> (como preocupa al 80% del país); 3) Incluso si los tres firmantes del comunicado se excusaran de opinar sobre la denuncia, igual los restantes miembros podrían resolverla; 4) Al demandar que se regularice el funcionamiento del TC, los firmantes no se han equivocado, puesto que en su actual estado no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las leyes (su principal razón de ser) y tampoco -miente el oficialismo- está en marcha el proceso para nombrar nuevos magistrados: la comisión del Congreso no ha sido completada y ni siquiera ha podido cumplir con instalarse.
Bien ha hecho la oposición en no secundar esta moción -que ridiculiza a sus firmantes- y en proponer otra de respaldo y felicitación a esta Comisión de la OEA, cuyo actuar ha sido impecable. Claro que no pudo ni siquiera discutirse: el sectarismo de la mayoría la dejó para otra oportunidad. Pero a estas alturas quién se sorprende?.
La Republica domingo 15 junio de 1997
