Los costos de la intentona reformista
La estrategia presidencial ha sido acertada, resignándose a los resultados referendarios. Prontamente, la ira se convierte en proclama de una vocación democrática que alimenta la poderosa maquinaria propagandística y publicitaria del régimen, aunque del imaginario ensayado se cuelan admisiones como la rendida a un programa vespertino de su canal 8: deseando dar la impresión de un incansable trabajador, señaló que tenía parapeteado su comando de crisis (un eufemismo), presto a impedir las muertes que propiciaría su sola voluntad de resistirse ante las cifras (03/12/07).
Además de agradecerle el favor concedido, impidiendo la guerra civil, en un programa en el cual no cupo más la abultada y grosera gracia del culto a la personalidad, sus seguidores deben gratificarle por la voluntad de replantear el proyecto de reforma, así sea por la vía de las leyes habilitadas que serán manifiestamente inconstitucionales. En todo caso, el Presidente Chávez y los poderes subordinados hicieron nulo caso a la evidente violación de la Constitución con el consabido proyecto, por lo que poco importaría que – cosa juzgada – volviese a sus andanzas con el tan interesadamente incomprensible recetario, porque se trata de un salvador de todas las guerras y escaramuzas civiles, Tiburón 1 como el mismo protagonista confesó ante los periodistas de planta.
A falta de un proyecto serio, coherente y convincente, destapó una de sus cartas más queridas, ofreciéndolo mediante un febril y burdo esquema de transformación dizque socialista para reelegirse eternamente. Habla de “praxis” o de tránsito hacia la VI República sin el menor rubor, literalmente pirateando el ejercicio del poder como si fuese profeta o mesías que esperada una bocanada de inspiración a la vuelta de la esquina, como los aplausos de la galería tarifada. No obstante, en lugar de extendernos sobre las respuestas inmediatas que ha dado Hugo Chávez a la derrota de sí mismo, pues, el chavismo y no otro lo derrotó, incluyendo la vasta membresía del PSUV, deseamos consignar dos rápidas observaciones en torno a los costos de la reforma que él mismo se propinó.
De un lado, no quiso transarse jamás con sus gobernadores y alcaldes, concediéndoles la gracia de la reelección o – quizá – borrando del proyecto la imprescriptibilidad de los delitos de salvaguarda del patrimonio público, enredados en el manejo directo e indirecto del erario público. Tamaña terquedad produjo una “operación morrocoy” que prueba que el hijo de Sabaneta no se basta a sí mismo, siendo fruto de otro pacto como el que explicó la permanencia de Guzmán Blanco en el poder.
De otro lado, a lo mejor estaremos en presencia de otro presunto delito de salvaguarda, porque –semejante a las autoridades que permiten y hasta estimulan el deterioro de los espacios públicos para luego justificar una cuantiosa inversión – estamos huérfanos de un Plan de Desarrollo Social y Económico de la Nación como lo ordenaba la vigente Constitución de la República a Chávez, a Giordani y a los parlamentarios merecedores – eso sí – de la revocación de sus mandatos. El desbrujulamiento de la administración pública acarrea inmensas pérdidas y el reemplazo del Plan 2001-2007, por más torceduras que se hagan, no puede remediarse por la vía de las leyes estrictamente habilitadas.
Huelga comentar la gigantesca inversión en materia de promoción del derrotado proyecto de reforma constitucional, equivalente a centenares de miles de viviendas, hospitales, medicamentos, etc. Y la temeridad de exhibir sus rostros tan gubernamentales, ensayando unos latigazos morales donde – sencillamente – hay urgencias que atender.
