Comunistas y sentidos comunes

CUANDO en la Gaceta Extraordinaria del 5 de septiembre de 1995 se publicó la Ley 77, referida a la por muchos conceptos sorprendente Ley de la Inversión Extranjera, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, presidida por Ricardo Alarcón Quesada, demostró dos cosas muy sencillas: que ninguna razón ideológica, ninguna posición política ni nada que se hubiera jurado junto al mausoleo de nadie iba a prevalecer sobre la sencilla verdad del ajado proverbio: primero vivir y después filosofar, que no es sino el sentido común al que constantemente ha remitido nuestro ministro de Cordiplan.

La segunda es que ninguna alianza es imposible para quien tiene a su favor una voluntad implacable que no detienen nostalgias ni promesas solemnemente postuladas y solemnemente abandonadas.

Cuba es un país hasta cierto punto socialista. Un país, además, oficialmente enemigo de EUA. Sólo que del lado fidelista ninguna voltereta debería sorprender ya.

No deja de sorprenderme la relectura de los párrafos arriba escritos considerando la indicada ley de privatización, por todo lo que tiene que enseñarnos a nosotros, tan doblegados por el peso de tabúes y mitos inoperantes:

‘En el mundo actual dice uno de los Por Cuanto sin la existencia del campo socialista, con una economía mundial que se globaliza… Cuba, en aras de preservar sus conquistas y sometida además a un feroz bloqueo, careciendo de capital, de determinadas tecnologías, de mercado y necesitada de reestructurar su industria, puede obtener a través de la inversión extranjera, sobre la base del respeto irrestricto a la independencia, beneficios con la introducción de tecnologías novedosas y de avanzada, la modernización de sus industrias, mayor eficiencia productiva, mejoramiento de la calidad y reducción de los costos, mayor competitividad en el exterior, el acceso a determinados mercados’.

En dos platos: la odiada inversión extranjera, la modernidad, la competitividad (y toda esa regorgalla atribuida a los ‘neoliberales’) ensalzadas y convertidas en fuente de progreso indetenible. ¿Qué diría esta gente si tuviera una mesa servida como la de las aperturas petroleras y mineras venezolanas? Seguramente no dejarían escapar la presa.

He vuelto a pensar en eso ante la manifiesta irracionalidad de respetados intelectuales venezolanos que se horrorizan por los buenos resultados de la tercera ronda de convenios operativos; y en otra banda, de los grupos ecologistas que lanzan contra el Decreto del Imataca, la primera enormidad que se les viene a la cabeza.

Creo entrever en este tipo de objeciones un básico desapego de la realidad. No porque no quepan críticas o mejoras, sino porque asumen que, en las negociaciones, a los otros no les queda sino aceptar sin chistar nuestros términos, tal como si se tratara de contratos de adhesión. Ignoran lo que Alarcón Quesada ve con claridad y sin el riesgo de intemperancias disidentes: la competitividad, la pluralidad de opciones. Los inversionistas hacen sus rutinarios informes sobre riesgo de inversión. Y mientras tanto nuestro maltratado país ha sido ubicado por el ranking de riesgo en inversión aurífera en el penúltimo lugar de una lista de 12 que encabezan Chile, Argentina, Brasil.. y Cuba, señores.

Los de Fundapatria pueden demostrar cuánto mejor hubiera sido negociar primero crudos pesados en lugar de hacerlo con los livianos. Eso sería, desde luego, estupendo. Por desgracia así no le interesó a los inversionistas cuyo elenco de opciones es bastante surtido.

Los ecologistas, a su vez, pueden extenderse en consideraciones sobre el grosor de la capa vegetal en Imataca e incluso en nombre de la humanidad eliminar la minería… en Venezuela, no en la humanidad. Pero aún si tuvieran razón (por supuesto, no creo para nada que la tengan) parecen ignorar que no pueden escoger. Siempre se puede dictar una ley seca o un plan de ordenamiento que borre del mapa la actividad minera o un decreto de control de cambios. Shumpeter escribió que los controles de cambios se han intentado desde los tiempos del imperio romano y jamás dieron resultados. La ley seca en EUA multiplicó el alcoholismo a base de ‘caldos’ (no sé si se pueda aplicar esta palabra al whisky) malos y envenenados, en tanto que de las vedas de minería tenemos en Venezuela mucho que enseñarle al mundo pues nunca hubo tanta minería como en los territorios prohibidos y nunca hubo tanta destrucción y pillaje tampoco.

Es por eso que tenemos todo el derecho del mundo a pedir serenidad en este debate. Si por petición ambientalista se derogara ahora el decreto de Imataca la catástrofe sería universal. No sólo porque el país quedaría en la lista negra de la inversión por no se sabe cuánto tiempo, sino porque el desempleo minero tocaría alturas monstruosas e inmanejables y la destrucción de la naturaleza sería de dimensiones cósmicas. Pude decir ‘cómicas’ pero ante semejante desastre no cabe ninguna forma de humor. No sería la primera vez que un iluso de mirada encendida desencadenara una gran guerra.

El Universal Caracas, viernes 13 de junio, 1997