Bienestar para todos.
En forma progresiva se desarrollará un sistema de seguridad social tendente a proteger a todos los habitantes de la República contra infortunios del trabajo, enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo y cualquiera otros riesgos que puedan ser objeto de previsión social». para: Para nadie es un secreto que el artículo 94 de nuestra Constitución ha pasado a ser letra muerta. Cuando la comisión tripartita comenzó sus deliberaciones existían 400.000 ancianos, supuestamente protegidos por el Seguro Social, subsistiendo con una pensión mensual de Bs. 15.000. A estos ciudadanos que durante décadas cotizaron bolívares duros para una vejez digna, hoy se les promete, luego de años de reclamos y luchas, un aumento que no llegará a igualar el salario mínimo. Idéntico drama viven los trabajadores incapacitados y los sobrevivientes de asegurados ya fallecidos.
Diez millones de venezolanos que dependen del Seguro Social para la atención de sus enfermedades deben costear sus propias medicinas, a pesar de haber cancelado religiosamente sus cotizaciones al IVSS. Si tienen el infortunio de llegar a necesitar una intervención quirúrgica, o una simple cura ambulatoria, deben dirigirse a unos hospitales dignos del más pobre país africano, atendidos por excelentes especialistas, pero donde la dotación de gasa, adhesivos y suturas es considerada un lujo de la edad moderna.
Esta situación es intolerable y no puede continuar. Venezuela es hoy el único país del hemisferio sin cobertura de seguridad social para sus ciudadanos. Desde hace seis años, y durante los últimos tres gobiernos, se ha intentado infructuosamente, corregir los vicios del mayor símbolo de corrupción y clientelismo en el país, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Afortunadamente, en el seno de la comisión tripartita trabajadores y empresarios coincidimos en que era hora de enfrentar el problema de la seguridad social con una nueva óptica, abandonando las trincheras ideológicas en búsqueda de un consenso para mejorar la calidad de vida de la población. Los trabajadores ya no estaban dispuestos a seguir inmolándose en el altar del estatismo desquiciado, y los empresarios estábamos dispuestos a estudiar nuevas modalidades de gestión que permitieran el uso eficiente de los cuantiosos recursos que destinamos a la seguridad social. El resultado fue el diseño de un sistema de seguridad social distinto y novedoso. Logramos el consenso.
Los lineamientos generales de este nuevo sistema quedaron inicialmente plasmados en el acuerdo firmado en Miraflores, el 17 de marzo. Sesenta días más tarde, el equipo coordinado por el ministro para la Seguridad Social, José Miguel Uzcátegui, finalizó un excelente proyecto de Ley Marco, la Ley Orgánica de Seguridad Social Integral, que fue entregado al Congreso para su aprobación a mediados del pasado mes de mayo. Este proyecto establece el marco general bajo el cual se regirá a futuro la legislación en materia de seguridad social, y deja sentadas las bases para el diseño de las leyes especiales que deberán ser promulgadas para regular el funcionamiento de los subsistemas de pensiones, salud y paro forzoso. Adicionalmente, el proyecto incluye un régimen transitorio para garantizar el uso adecuado de los recursos adicionales que percibirá el IVSS, a raíz del reciente aumento del salario mínimo.
El propósito de la Ley Marco, es el de garantizar la coherencia y encadenamiento mutuo de las diversas leyes que deberán ser aprobadas para los distintos subsistemas. De lo contrario correríamos el riesgo de aprobar un conjunto de leyes que aisladamente se pudieran considerar adecuadas, pero que en conjunto no formarían un nuevo sistema de seguridad social.
Al proyecto ya le han aparecido críticos. Algunos objetan la creación de dos nuevas superintendencias encargadas de regular y controlar la sana gestión de las administradoras de fondos de pensiones y salud, así como la creación de un Fondo Solidario Intergeneracional de Administración Autónoma. íDemasiada burocracia!, dicen, ignorando el hecho que incluso en Chile, durante un gobierno militar, se consideró esencial crear una superintendencia específica para cada sistema de fondos. Otros objetan el hecho de que el nuevo sistema no fuese totalmente administrado por empresas privadas, ignorando que ningún sistema previsional ciento por ciento privado puede garantizar pensiones adecuadas a personas de muy bajo nivel de ingresos (un salario mínimo), quienes tienden a sufrir desempleo ocasional. En el caso sanitario ocurre lo mismo. Es imposible para los fondos privados garantizarle, a tasas de contribución razonables, cobertura total de los costos de atención médica a las personas de menores ingresos. Eso sólo puede hacerlo el Estado un fondo intergeneracional, no así un fondo individual.
Lamentablemente, la mayoría de las críticas que tempranamente se le han hecho a las propuestas de la Comisión Tripartita han sido hechas por personas atadas a ideas preconcebidas. En Chile, país universalmente admirado hoy por su sistema de seguridad social, 30% de la población todavía efectúa sus aportes para pensiones a un fondo público solidario, y 70% de los ciudadanos recibe cobertura sanitaria del Fondo Nacional de Salud, no de fondos privados. Sólo cuando el nivel de ingresos de la población en general se vaya acercando al de los países desarrollados podremos pensar en desechar completamente la administración pública de fondos solidarios. El proyecto de la Ley Orgánica de Seguridad Social Integral es producto de un cuidadoso análisis de la situación particular de Venezuela, toma en cuenta las mejores experiencias de reformas similares efectuadas en otros países, y deslastra al Estado de la gestión de grandes nóminas, hospitales y ambulatorios para concentrar esfuerzos en la regulación y fiscalización del nuevo sistema.
La reforma de la seguridad social, conjuntamente con la reforma laboral, constituyen hechos históricos que contribuirán a incrementar la calidad de vida de los venezolanos.
*Luis Henrique Ball es presidente de Conindustria
El Universal Caracas, lunes 16 de junio, 1997
