¿Cómo desmontar el actual control de cambio?

Un control de cambio ruinoso. El control de cambio ha fracasado estruendosamente como medida económica. Desde el 5 de febrero de 2003 —cuando se implantó— hasta el tercer trimestre de 2014, se fugaron por la cuenta financiera de la balanza de pagos más de USA $166 millardos según registros del BCV, poco menos de la tercera parte proveniente del sector público. Si se añade lo aventado por la cuenta de errores y omisiones[1], la magnitud de los capitales que han huido del país durante ese lapso asciende a $192,5 millardos, más de 10 veces los $18,9 millardos que salieron por estas cuentas durante los cuarenta años anteriores a Chávez (1959-1998). Tampoco ha estabilizado la moneda: el tipo de cambio oficial pasó de BsF. 1,6 por dólar en 2003 a 6,3 BsF./$, una devaluación del 75%[2]. Y en el mercado paralelo la cotización de la moneda estadounidense llegó a superar hace días los 180 bolívares; un encarecimiento del dólar del 11150% (más de cien veces) y una depreciación (respecto a la tasa de BsF. 1,6/$) del 99% (¡!). Lo que es peor, el racionamiento cada vez más estrecho de la divisa ha hecho del dólar paralelo referencia para la fijación de precios de muchos bienes y servicios en el mercado interno. Sólo a ese precio se asegura la reposición de la mercancía importada en muchos casos y sólo comprando dólares a esa tasa pueden resguardarse los dineros de la gente. Es decir, el control de cambio, en vez de “anclar” el sistema de precios para combatir la inflación, lo ha elevado hasta el punto de que hoy Venezuela es el país de mayor inflación en el mundo. Adicionalmente, al rezagar el ajuste en el tipo de cambio oficial, el bolívar se ha sobrevaluado significativamente -75% a la tasa de Bs. 6,30 por dólar, 55,5% a la de Sicad I. Ello ha multiplicado las importaciones que desplazan producción local y resultado en un desabastecimiento sostenido porque las divisas no alcanzan. Finalmente, el control de cambio en absoluto ha resguardado las reservas internacionales, pues éstas están en la mitad del monto alcanzado hace 6 años[3]. Hoy apenas cubrirían tres meses de importaciones y de pagos de deuda externa.

En resumen, el control de cambio, lejos de contener la fuga de divisas la ha alentado, privando al país de montos significativos de recursos para la inversión productiva y para la elevación del consumo doméstico; ha envilecido al bolívar, que hoy no es percibido como depositario de valor, contribuyendo con una dolarización creciente de la economía nacional; ha impulsado la inflación y, con ello, el deterioro del poder adquisitivo de la población; ha ocasionado un daño severo a la competitividad de la industria y la agricultura domésticas, sobrevaluando el bolívar oficial a la vez que restringe su acceso; ha generado una situación crónica de desabastecimiento; y ha hecho mermar las reservas internacionales, agudizando la vulnerabilidad externa del país. Además, su permanencia ha sido un factor central en la propensión de corruptelas y actividades especulativas, con efectos altamente distorsionadores de la actividad económica, en detrimento de la actividad productiva. Su permanencia, por ende, solo puede tildarse de criminal, dado el enorme daño que ha hecho a nuestra economía. Se ha mantenido sólo por razones políticas: para  controlar y someter a empresas del sector privado y así reservar los dólares para provecho discrecional de la oligarquía militar-civil en el poder[4]. El control de cambio es, en tal sentido, piedra angular de este peculiar socialismo, cuyo fin ha sido arrinconar a la iniciativa privada y a las libertades civiles para poder repartir la renta petrolera entre los allegados. Pero el desabastecimiento y la inflación, como la indignación de la población ante los reiterados abusos —llevarse a la familia y a un entourage de amigos a pasear en ocasión de viajes oficiales, por ejemplo— y las corruptelas de esa oligarquía aprovechadora del dólar oficial, hace imperativo acabar con este esquema. Levantar el control de cambio es decisivo para reemplazar este socialismo petrolero por una economía productiva.

El desiderátum. Dado el desastre impuesto por políticas disparatadas la magnitud del despilfarro, de las distorsiones macroeconómicas y de los incentivos perversos que han destruido la economía, levantar el control de cambio implica tomar medidas dolorosas para el bienestar de la población en el corto plazo, pero con consecuencias muy beneficiosas para el mediano y el largo plazo. Dicho en la jerga de los economistas, el valor presente neto[5] de un ajuste bien logrado, en un país con las potencialidades de Venezuela, es altamente positivo. Por el contrario, mantener en el tiempo el arreglo existente —bajo el supuesto negado de que fuera políticamente viable— tiene un costo presente con tendencia al infinito. El quid del asunto es instrumentar un ajuste que minimice hasta donde sea posible su costo durante los primeros dos años, particularmente para los sectores más vulnerables de la población, mientras se asienten las condiciones para sostener un crecimiento sustancial, con equidad. Entre los costos no debe subestimarse la resistencia, que puede ser violenta, de quienes se han beneficiado de las corruptelas, negociados y abusos prolijeados por el actual sistema. A continuación, los elementos constitutivos de un plan de ajuste que permita levantar el control de cambio.

Objetivo: Lograr la estabilización del precio del dólar, en un mercado sin restricciones para la compra y la venta, en torno a sus valores de equilibrio, sustentado en un conjunto de medidas que afiancen las posibilidades de crecimiento con equidad de la economía venezolana.

Problemas: La magnitud de la brecha entre la tasa en el paralelo y la tasa oficial es descomunal. ¿Cuál podría ser una tasa previsible de equilibrio? Para comienzos de 2015, estimo que el tipo de cambio real de equilibrio estaría entre 27 y 30 bolívares por dólar[6]. No obstante, la liberación del control de cambio por sí solo no resultaría en esta paridad, por las siguientes razones:

1. La relación entre liquidez monetaria (M2) y Reservas Internacionales, se encuentra actualmente en el orden de BsF. 80/$;

2. Sólo un 14% de estas reservas son líquidas —capaces de responder al instante a una demanda repentina de dólares—, ya que el 70% está en oro y otro 16% en Derechos Especiales de Giro;

3. Un gasto público desbordado ha resultado en déficits superiores al 15% del PIB en los últimos tres años, alimentando el exceso de liquidez y la demanda de dólares;

4. La perspectiva de que el barril de exportación del crudo venezolano se cotice a lo largo de 2015 a precios muy inferiores a los de 2014 genera expectativas adversas sobre la estabilización del tipo de cambio a los niveles referidos y alienta compras nerviosas de dólares. Esta expectativa adversa suele convertirse en una profecía auto-cumplida, alimentando el alza en su precio;

5. Existe una brecha notoria entre la oferta de divisas y su demanda para atender los requerimientos de la economía, que resulta en desabastecimiento y en la exacerbación de las expectativas adversas antes mencionadas.

De manera que es menester acompañar el levantamiento del control de cambio con un conjunto coherente de medidas que hagan sustentable en el menor tiempo posible la estabilización del precio del dólar en torno a sus valores de equilibrio.

Medidas: Las medidas requeridas para el fin expuesto son: reducción de la liquidez en manos del público, concertación de un significativo financiamiento externo en el corto plazo, una reforma del Estado tendiente a reducir el gasto y mejorar su eficiencia, medidas de compensación a los sectores más vulnerables y otras, que se explican a continuación.

1. Reducción drástica del exceso de liquidez, a través de:

— La anulación de la disposición mediante la cual el Banco Central puede financiar a las empresas públicas no financieras. Ello generó un tercio de la liquidez monetaria para finales de 2014. Este financiamiento monetario representó en 2013 un 10% del PIB y casi la totalidad de los impuestos (incluyendo regalía) pagados por PdVSA al fisco. Con este “dinero inorgánico” pudo financiarse más de la mitad del déficit público global, ¡combustible inflacionario como ninguno!;

— Una reducción drástica del gasto público.[7] Lamentablemente, con precios del barril de exportación de crudo en torno a 50 o 60 dólares, se requeriría que la devaluación del dólar petrolero (Bs. 6,30/$) superara los Bs. 35 por dólar para que empezara a reducirse el déficit público.[8] Si bien en el corto plazo es poco lo que puede hacerse por la nómina inflada del Estado y los compromisos de gasto corriente adquiridos —misiones—, la reducción del gasto debe inscribirse en un proyecto de reforma integral del Estado que privatice empresas, elimine redundancias, descentralice responsabilidades, reduzca personal y aumente la eficiencia y eficacia del gasto. Un precio más alto del dólar recogerá liquidez pero sólo si viene acompañado de medidas de restricción del gasto público que eviten el ingreso a la circulación de los bolívares adicionales que percibe el gobierno;

— Medidas ortodoxas, como operaciones de mercado abierto del BCV y elevación del encaje a la banca;

— La fijación de tasas de interés reales positivas que contengan la demanda por dólares al incentivar la conservación de ahorros en bolívares. En este orden, el saneamiento de la economía deberá proveer instrumentos financieros atractivos, que le ganen la carrera a la inflación y a las expectativas de devaluación (una vez estabilizado el tipo de cambio libre).

—Adicionalmente, debe considerarse la venta de participación —acciones— a residentes[9], tanto en PdVSA como en las empresas mixtas. Ello contribuiría, junto con la sinceración del precio interno de la gasolina, a resolver los problemas de caja de la empresa petrolera, pero implica la modificación del artículo 302 de la Constitución, para lo cual se requiere de un amplio consenso político. Tendría que acompañarse de medidas convincentes de saneamiento en el manejo de PdVSA, empezando por la sustitución de la actual directiva por una gerencia profesional competente y transparencia en su gestión, y una vuelta a la auditoría confiable, incluyendo registro —de nuevo— en la SEC de EE.UU., para ganar la confianza de los venezolanos. Recuérdese la estafa a que fueron sometidos los trabajadores y ex empleados de SIDOR que invirtieron sus ahorros en la compra de acciones “B” de esa empresa, para que el gobierno luego la arruinase y la dejase incapacitada de pagar dividendos.

2. Financiamiento externo para cubrir el boquete entre ingresos de divisas y requerimientos de la economía. Al considerar la caída en las importaciones desde 2012 —con su secuela de desabastecimiento—, las deudas de Cencoex y de SICAD con proveedores externos, y los compromisos de pago de la deuda externa para 2015[10], se llega a una cifra aproximada de USA $20 millardos, como mínimo, para tapar ese hueco. Siendo muy remotas —y costosas— las posibilidades de refinanciar las deudas, estas son las opciones:

—Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el único ente capaz de otorgar un financiamiento de esta magnitud en el corto plazo y los intereses que cobra son los más bajos del mercado. Adicionalmente, un acuerdo con el Fondo es garantía sine qua non para que un país con el desastroso record económico de Venezuela pueda atraer capitales para proyectos de inversión. Los supuestos $20 millardos que China invertiría en el país, o los hipotéticos proyectos en que estarían interesados los qataríes, se acercarán mucho más a poder materializarse con un paraguas como el que pudiera ofrecer el FMI. Además, la garantía de un acuerdo con el Fondo permitiría erradicar la perniciosa práctica de tener que avalar los préstamos chinos con petróleo a futuro. Este paraguas está en las condiciones para sanear la economía a que obliga el Fondo para de que pueda honrar los compromisos —reembolso del préstamo, remisión de dividendos de inversionistas— asumidos. Si bien esta condicionalidad ya no se impone en la forma de un recetario único, inflexible, como en los ’90, implica un ajuste severo. En primer lugar, condición sine qua non para recibir dineros es un ajuste fiscal y la eliminación del financiamiento monetario del déficit público por parte del BCV. En segundo lugar, ir hacia la sinceración del tipo de cambio. Luego está un precio de la gasolina que se aproxime a su costo de oportunidad y el desmontaje de los controles de precios, como de la excesiva represión de la actividad privada (regulaciones, sanciones, etc.). Pero son las medidas que de todas maneras debe instrumentar quien pretenda sacar a Venezuela del despelote actual. En fin, sin restablecer las condiciones para que la economía venezolana pueda crecer de manera sostenida, no es posible atraer los capitales foráneos que tanto nos hacen falta y solventar nuestra insuficiencia de ingresos externos.

— Crear condiciones para atraer inversión extranjera que fortalezca la capacidad exportadora del país y desate efectos multiplicadores en el aparato productivo interno. Ello requiere restablecer plenamente las garantías para el desenvolvimiento de la iniciativa privada, desmantelando el sistema de controles y de regulaciones punitivas, a la vez que se mejoren servicios e infraestructura de forma que se alivie el costo de hacer negocios en Venezuela. La condicionalidad del préstamo del Fondo va en esta dirección y se complementaría con la negociación de acuerdos con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura y servicios. Más allá, es menester flexibilizar las condiciones de participación del capital extranjero en la explotación del petróleo, nuestra ventaja comparativa por excelencia, para incrementar rápidamente nuestra capacidad de producción y exportación de crudo y derivados.

— Formulación, de manera concertada con el sector privado, de una política industrial que provea externalidades positivas y supere los cuellos de botella que traban su desarrollo, de forma de hacer más atractiva la inversión productiva en el país. Particular atención merece los esfuerzos por capacitar y calificar la mano de obra venezolana, base para procesos productivos tecnología intensivos y para la generación de empleos bien remunerados.

3. Mejorar la eficiencia del gasto público. Éste es inflacionario, aun equilibrando contablemente las cuentas (cero déficit), porque el dinero que arroja a la circulación vía remuneraciones es mayor al valor social del servicio ofrecido[11]. Un Estado ineficiente, que satura a la sociedad de controles, prohibiciones y regulaciones, y abre oportunidades a corruptelas de todo tipo, produce males públicos y no solo los bienes públicos que le corresponden. Se genera, por tanto, un desequilibrio entre el valor social de los servicios que presta el Estado y la demanda de ellos que se deriva de las remuneraciones que éste paga. Todo gasto improductivo es inflacionario. El saneamiento de la economía interna y la provisión de los equilibrios macroeconómicos necesarias para estabilizar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio requiere de una verdadera reforma del Estado que debe comenzar con medidas como las siguientes:

— Descentralización de las atribuciones y responsabilidades del Estado en materia de salud, educación y otros servicios en las administraciones estadales y municipales. El desarrollo de una hacienda pública regional y local capaz de generar fuentes propias de ingreso y de poder evaluar la calidad y pertinencia del gasto es clave. La cercanía al ciudadano contribuye con una mayor eficiencia del gasto, más si se busca su participación activa en la toma de decisiones, como es el caso ya famoso de Curitiba en Brasil.

—Restablecer el equilibrio de los poderes públicos, la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de penalizar delitos contra la cosa pública.

— Restablecer plenamente las libertades de información y comunicación, así como los derechos civiles y ciudadanas, para contribuir con el punto anterior.

4. Reducir hasta donde sea posible el impacto negativo de la devaluación en los sectores más desfavorecidos. La estabilización del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio implica una devaluación con respecto a las tasas de Bs. 6,30/$ y la tasa SICAD I. asegurar la viabilidad social y política de una transformación como la propuesta, ante una población tan cultivada en la cultura populista del PetroEstado, requiere atención especial a este aspecto. Entre otras cosas, debe considerarse lo siguiente:

— La devaluación no debería tener un impacto proporcional en los precios, por las siguientes razones: a) En buena parte la escalada de precios ocurrida usando como referencia al dólar paralelo ya anticipó los efectos del encarecimiento del tipo de cambio. Para evitar posibles abusos de algunos comerciantes, la continuidad de algunos sistemas de monitoreo por parte del gobierno –dentro de límites razonables- podría ser necesario en el corto plazo; b) La competencia de las importaciones, aun realizadas a un dólar más caro, estará liberada de los efectos proteccionistas del racionamiento Cencoex / SICAD, con todos los requisitos exigidos para acceder a los dólares. Si se agilizan las importaciones, bajarán los costos de transacción involucrados y éstas podrán contribuir a morigerar un alza desmedida de precios. Finalmente, al desaparecer el marcador derivado del precio absurdamente alto del dólar en el mercado paralelo, se elimina un factor decisivo en la exacerbación de la inflación.

— Aun cuando el impacto sicológico del regreso a anaqueles con productos y marcas que habían desaparecido subsane en algo el malestar de tener que pagar más, es menester que ello se compense, en el corto plazo, con transferencias monetarias directamente a los bolsillos de trabajadores y familias de pocos recursos. La promesa de mantener las misiones, mejorándolas, debe proveer el vehículo para tales transferencias, mientras se recupera la economía y mejoren los sueldos. Ello podrá financiarse con el mayor ingreso de bolívares en las arcas públicas a consecuencia de la devaluación. Debe desistirse de incrementar los sueldos en las empresas para compensar la devaluación, ya que anula los efectos del cambio producido en los precios relativos: no habría devaluación real. Por lo que la única forma aceptable de atajar la caída del poder adquisitivo a causa de la devaluación es a través de transferencias desde el Estado, que no graven la estructura de costos (salariales) de las firmas. Estas transferencias deben ser temporales, hasta que el crecimiento económico pueda ofrecer salarios remunerativos con bajo desempleo.

—Un buen sistema de seguridad social integral, financiado a través del fondo de capital social (ver abajo) debe proteger a trabajadores y familiares contra contingencias adversas como desempleo, problemas de salud, becas escolares, etc.

—Es menester mejorar rápida y significativamente los servicios públicos dirigidos a atender las necesidades más sentidas de la población: seguridad, educación, salud, reparación, adecuación y construcción de viviendas, adecuación del ambiente (recolección de basura, iluminación), infraestructura (aceras, escaleras, carreteras, conexiones, etc.). Este “salario social”, que mejora las condiciones de vida de la gente, contribuye también a compensar por el impacto negativo que pueda presentarse a través del pass through. Pero como habrá una discrepancia temporal —la mejora de estos servicios se demora respecto al alza de precios— el manejo político de estas medidas, forjando expectativas favorables, será crucial.

 5. Otras

—Las medidas anunciadas deben generar expectativas positivas que devuelvan la confianza a los residentes del país para que mantengan sus activos en moneda local. Aunque ello escapa, por lo complejo e integral, de estas cortas líneas, asomo algunas ideas. A nivel de las empresas, debe desactivarse de inmediato todas las medidas de coerción y acoso que espantan las inversiones y que estimulan, como única defensa, el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el sistema de controles para incurrir en prácticas especulativas. Ello implica en el tiempo la reforma o anulación de muchas leyes y la aprobación de otras, pero en el corto plazo basta que los órganos de ejecución se inhiban de aplicar muchos controles y que esto se haga saber de manera convincente. Debe desmantelarse el control de precios lo más rápido que se pueda, sin alimentar expectativas de ganancias fáciles, de naturaleza especulativa. Campañas educativas, publicitación de la competencia de precios e información masiva al respecto son aspectos importantes. Decisivo también es la competencia de las importaciones. ¿Podrá invertirse el tinglado montado en la SUNDDE para monitorear costos y precios para que pueda contribuir con estos propósitos?

— La reactivación del mercado de capitales con la venta de acciones de PdVSA, la privatización de empresas públicas y la vuelta a las garantías económicas, debe ofrecer opciones atractivas al ahorrista doméstico. Ello tendrá como referencia adicional el establecimiento de tasas de interés positivas reales (pasivas) al bajar la inflación.

— Pero una política de tasas de interés reales positivas podría tener efectos adversos sobre los deudores bancarios, poniendo en peligro los balances de algunas instituciones. Una política de monitoreo cercano y de provisión de auxilios financieros condicionados por parte de los organismos competentes, puede proveer la red de seguridad necesaria para que estos posibles percances no amenacen con desestabilizar el sistema como un todo.

— Hay que evitar que el atracón de bolívares que entrarán al Estado por la devaluación, infle el torrente monetario en el corto plazo. Desde luego, algunas incidencias son inevitables, como son el mayor gasto en insumos más caros por parte del sector público, algún ajuste de sueldo –que tendrá que ser inferior a la devaluación- y las transferencias monetarias arriba mencionadas. De ahí la importancia de recortar el gasto, como se comentó antes.

— Más allá, es menester crear rápidamente fondos que absorban estos bolívares y, en general, los proventos en forma de renta petrolera, para sustraerlos del gasto discrecional del Ejecutivo. Estos fondos serían: fondo de infraestructura, fondo de capital social, fondo de pensiones y fondo de estabilización macroeconómico[12], cuyos criterios de asignación y erogación de recursos estarían blindados institucionalmente por un gran acuerdo nacional, conforme a objetivos previamente acordados como política de Estado, independientemente de quien ejerza el gobierno de turno. Los gobiernos tendrían que acoplar sus planes a las reglas de desembolso de estos fondos. La renta no será para usufructo discrecional del Ejecutivo, tan presto a prácticas populistas irresponsables, y éste tendrá que depender de la tributación interna, a la vez que se verá conminado a ser eficiente y a rendir cuentas.

— Es menester desmontar las medidas que desangran las reservas internacionales (desvío de “reservas excedentarias” al Fonden, no enterar las divisas por la venta de petróleo al BCV, poner “todos los huevos en una sola canasta” –oro), de forma que mejore el respaldo de éstas a la moneda local. La prohibición del financiamiento monetario del BCV al Estado es muy importante al respecto. Por otra parte, la prosecución de un tipo de cambio cercano a sus valores de equilibrio conforme a la PPA obliga necesariamente a la acumulación de reservas internacionales (compra de dólares por el BCV), ya que la captación de rentas internacionales permite sobrevaluar el bolívar sin que ello provoque déficits en la balanza comercial[13]. Ello contribuirá a fortalecer el respaldo a la moneda nacional y a contener la desconfianza respecto a la sostenibilidad del precio de la divisa.

Comentarios finales. Todo lo anterior habrá de descansar en una transformación profunda de las instituciones que devuelva las garantías económicas, civiles y procesales, respete la propiedad y genere un ambiente favorable a la inversión productiva. Elemento central es la expansión de la producción petrolera, nuestra principal ventaja comparativa, actividad que debería quedar abierta a la participación de capitales privados, nacionales y extranjeros. El sector conexo (al petrolero), conformado por los sectores metalmecánicos, químicos, de construcción y de servicios, algunas de cuyas empresas cosecharon en el pasado experiencias y experticias no desestimables, puede convertirse en eslabón multiplicador de la reactivación, acompañado de políticas industriales inteligentes.

Arribar a un tipo de cambio que se estabilice en torno a sus valores de equilibrio es decisivo para una economía competitiva. Una economía activada, que haga un uso más completo y provechoso de sus recursos productivos, no tendrá problemas en absorber mayores niveles de liquidez provenientes de mayores inversiones y de una gestión pública eficiente, sin que ello redunde en mayor inflación[14]. Pero ello plantea un cambio fundamental en la manera de atender los asuntos económicos.

El reparto rentístico del socialismo petrolero ha demostrado fehacientemente haber fracasado, incluso cuando el barril de exportación petrolero se cotizaba a $100. Ahora que entramos a un período de “vacas flacas”, es imperativo echar las bases de una economía productiva, fundamento insoslayable para niveles crecientes de bienestar y de justicia social sostenibles en el tiempo. Para ello se requiere un marco institucional que respete los derechos humanos y civiles, y que promueva la meritocracia como criterio de remuneración. Estimular el retorno del joven talento que ha sido aventado del país por un régimen que les ha negado posibilidades de realizarse hacia el futuro y mejorar la calidad de la educación, son elementos claves e imprescindibles en este viraje, así como todo lo que pueda fomentar la iniciativa privada, la innovación y una mayor calidad de vida.

El populismo y el clientelismo del socialismo petrolero, con su secuela de despilfarro, corruptelas e ineficiencias, se contrapone frontalmente a las posibilidades de superación de la actual crisis, más cuando se perfilan precios del barril de petróleo de 60 dólares o menos. Es más que evidente, entonces, que todo lo planteado en estas líneas tiene profundas implicaciones políticas. Pero no se trata sólo de vencer el aprisionamiento ideológico en dogmas atrasados a que nos quieren someter la oligarquía militar-civil en el poder. Más importante aún es derrotar los intereses que se han escudado detrás de estas doctrinas primitivas, incluyendo un bolivarianismo fraudulento, simplista y maniqueo, para espoliar al país y “justificar” la represión de la protesta y la negación de los derechos humanos y civiles de los venezolanos. Y la posibilidad de estos logros remite a la contienda política. Venezuela se debate hoy entre la instrumentación de un ajuste doloroso que, no obstante, le abra a sus ciudadanos las posibilidades de una sostenida prosperidad futura, o continuar cavando la fosa de su perdición como país viable, aderezado con niveles aun mayores de penurias y de represión. Si en algo debemos coincidir los venezolanos racionales ante la caída de los precios del petróleo es que el rentismo populista ya no tiene vida.

***

[1] Como su nombre lo indica, la cuenta de errores y omisiones es una cuenta residual, para “cuadrar” las cuentas  externas. Ahí se ocultan transacciones no registradas como la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, el tráfico de drogas, así como referentes a otras actividades ilícitas.

[2] Se refiere a la pérdida del valor de la moneda local expresada en divisas, por lo que cuando su poder adquisitivo es prácticamente cero se aproxima al 100%. Otra cosa es el encarecimiento de la divisa que, en el caso mencionado ha sido de casi cuatro veces (294%).

[3] El 2 de enero de 2009 el BCV registra reservas internacionales de $43 millardos; para esa misma fecha del 2015 habían caído a $22 millardos.

[4] Ya lo dijo Aristóbulo Istúriz: “”El control de cambio en Venezuela no es una medida económica, el control de cambio en Venezuela es una medida política porque si nosotros quitamos el control de cambio ustedes sacan los dólares y nos tumban. Mientras gobernemos, tenemos que tener control de cambio“, El Universal, 14/07/2014

[5]Se refiere al valor actual de la corriente de ingresos netos futuros a generarse, descontados por una tasa que, en la contabilidad financiera, suele ser la tasa de interés de mercado.

[6] Según la noción de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), el tipo de cambio de equilibrio es aquel que equipara el poder de compra interno del bolívar con su poder de compra externo. Según mi estimación, un dólar afuera compraría la misma cantidad que 27 a 30 bolívares en el mercado doméstico.

[7] No se trata sólo de reducir el déficit público, sino también la magnitud del gasto, pues éste es el mecanismo mediante el cual se monetiza la renta externa captada por la exportación de crudo.

[8] Suponiendo una devaluación del dólar petrolero (Bs. 6,3/$) a SICAD I (Bs. 12/$), un barril s $50 reducirá el aporte fiscal de PdVSA a la mitad, en términos de % del PIB, mientras que una devaluación de 6,30 a 30 Bs/$ conservaría este aporte en el rango de 9-11% del PIB, similar al de los últimos años.

[9]Personas naturales. La compra de acciones por parte de venezolanos residenciados en el extranjero, si bien no recoge liquidez, oferta dólares. Habría que definir el tipo de cambio para estas compras, el cual debería ser muy inferior al cambio paralelo, todavía sin liberar.

[10] El servicio de la deuda externa pública ha promediado anualmente unos $15 millardos desde 2011. Para este año vencen pagos por $11,2 millardos.

[11]La valoración social de un bien o servicio la determina, en principio, la disposición de los consumidores a pagar por el. El menosprecio por la calidad y cobertura de los servicios públicos lleva a una porción creciente de la población a buscar proveedores privados de servicios educativos, de salud, de vigilancia, etc. No obstante, el Estado sigue asignándoles recursos (aunque en magnitudes insuficientes).

[12] Propuesta del Área de Desarrollo Económico del CENDES. Ver, Nueva Economía, # 33, abril, 2011.

[13] Ver, García, H., “La paradoja cambiaria en Venezuela”, en, Revista Venezolana de Análisis de la Coyuntura, Instituto de Investigaciones Económicas, FACES, UCV, Volumen VIII / N° 2, julio – diciembre, 2002.

[14]La remonetización de la economía implica un incremento de las transacciones de todo tipo de manera que la mayor masa monetaria no se traduzca en incrementos de precios (PT = MV, por lo que P = MV/T; si el denominador aumenta al igual que el numerador, no hay efectos en P).