La reforma de la Administración Pública: Una apuesta compartida

Tan importante como la deuda económica y la deuda social que ha contraído el Estado Venezolano, es la llamada «deuda administrativa» es una deuda que tiene un impacto significativo en la población, y en especial en aquellos sectores de menores recursos ante quienes el Estado tiene una responsabilidad de primer orden. La calidad de los servicios públicos, el ejercicio de la regulación estatal con el fin de promover la libre competencia y proteger a los consumidores, la instrumentación de programas sociales eficaces, el mantenimiento del régimen de libertades, la garantía de la seguridad jurídica y personal de los ciudadanos, entre otras tantas responsabilidades públicas del estado, están condicionadas a la existencia de una maquinaria gubernamental con capacidad efectiva para atenderlas.

Sin embargo dicha, capacidad administrativa dista mucho del perfil que desearíamos que tuviera. Más bien las condiciones en que se desenvuelve la administración pública y su marginación de la agenda prioritaria de políticas propician su deterioro, hipertrofia e inoperancia, al punto de constituirla en uno de los factores más importantes del descontento social.

Frente a esta dramática situación, se han adoptado previsiones y acciones de cambio que intentan ofrecer soluciones en diferentes horizontes de tiempo, aunque existe conciencia que las respuestas de fondo son de larga maduración, como del pecario estado en que se encuentra la maquinaria gubernamental y de las inevitables reacciones de aquellos intereses que han colonizado la administración.

El objetivo estratégico de tales cambios se focaliza en la necesidad de incrementar la capacidad de gobierno del Ejecutivo Nacional y, con ello, la eficiencia y gobernabilidad del estado y del sistema social en su conjunto.

En efecto la gobernabilidad es un concepto que guía las transformaciones administrativas y alude básicamente al grado en que el gobierno es capaz de fijar objetivos, elaborar propuestas de políticas, hacerlas aprobar y tener la fuerza para implementarlas. En otros términos, la gobernabilidad está relacionada con la capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas, y su consecución implica, por lo tanto, aliviar la sobrecarga de la Administración con el fin de mejorar sus niveles de dirección y desempeño.

En este contexto, el proceso de reformas institucionales se orienta a focalizar la actuación estatal en la conducción estratégica de la sociedad y a intervenir subsidiariamente en la producción de bienes y servicios. Se abre al mismo tiempo mayor espacio económico al sector privado y una mayor injerencia política y administrativa de las entidades territoriales en la conducción de los asuntos públicos.

Como corolario, la Administración Pública requiere de profundas transformaciones estructurales y funcionales con el propósito de atender los requerimientos de gobernabilidad. De hecho, la capacidad afectiva de gobierno depende de las características orgánicas de la Administración.

A tales efectos, el proceso de modernización administrativa impulsado a partir de 1994 inició un conjunto de transformaciones en los siguientes ámbitos:

a) Cambios estructurales orientados a redimensionar la administración Pública Nacional (APN), como consecuencia de la necesidad de ajustar la estructura y el funcionamiento de los organismos que la integran a los procesos de descentralización y de privatización en curso, y satisfacer, al mismo tiempo, requerimientos de una mayor eficiencia institucional con el fin de liberar recursos que puedan ser aplicados al gasto social.

Tales cambios se orientan, principalmente, a focalizar la actuación minestral en la conducción estratégica de sus respectivos sectores; a superar los déficit de coordinación inter e intrainstitucional; a modernizar los mecanismos de control interno y los sistemas de apoyo general, tales como los de las Finanzas Públicas, de Contabilidad Gubernamental, de Presupuesto y de Información, Cristalizados en el diseño de Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) y en el desarrollo de la Plataforma de Información Oficial (PLATINO). Se incluye, finalmente, la racionalización de las formas jurídicas, los sistemas de control y coordinación, y las dimensiones de la Administración Descentralizada funcionalmente.

En tal sentido se han adelantado reformas en la mayoría de los ministerios induciendo al fortalecimiento del papel rector de los despachos, especialmente en materia de formular planes y políticas públicas; de ejercer un efectivo control de tutela sobre los entes adscritos; de desarrollar mecanismos de coordinación con los gobiernos subnacionales, y de incrementar las capacidades de regulación para el libre desenvolvimiento del mercado y para la protección de los ciudadanos frente a los agentes económicos.

En esta perspectiva, y como consecuencia, el proceso de reestructuración ha tendido a la reducción de las dimensiones institucionales y a la consecuente desincorporación de personal, ya sea por la vía de transferencia a los estados, o por jubilaciones, o por retiros voluntarios o compulsivos.

B) Flexibilización de la gestión pública, promoviendo funcional o la desconcentración por la vía de los servicios autónomos sin personalidad jurídica. En efecto, se ha tendido a transferir las funciones operativas de los ministerios hacia entidades públicas con más autonomía operativa, jurídica y presupuestaria, con el propósito de permitir un mayor dinamismo al Ejecutivo Nacional en la prestación de servicios públicos y recuperar parcial o totalmente los costos en que incurre.

C) Facilitar el acceso de los ciudadanos y de los agentes económicos a los servicios que prestan los organismos de la APN, mediante la simplificación o eliminación de las regulaciones, trámites y procedimientos administrativos innecesarios y de mayor recurrencia, de manera que sean expeditos, oportunos, económicos y transparentes, y se mantenga informado a los usuarios. Se adelanta, a tal efecto, un programa coordinado por CORDIPLAN, a través de una estrategia de «múltiples ejecutores» en el siguiente sentido:

• Procedimiento de resolución inmediata a cargo de CORDIPLAN

• Simplificación de procedimientos mediante la subcontratación de IVEPLAN.

• Abordajes institucionales en el marco del Decreto No. 1.423 del 29-08-96 mediante el cual se ordena a los Ministros recomendar medidas para la simplificación o eliminación de trámites o procedimientos que se consideren inconvenientes.

• Simplificación de procedimientos con la colaboración del sector privado.

D) Modernización de la infraestructura social, focaliza fundamentalmente en los sectores de educación, seguridad social y salud en el marco del proceso de descentralización, del cambio del régimen laboral, y de la redefinición del sistema de seguridad social (protección médica, pensiones y jubilaciones, recreación, etc.). Para llevar adelante este proceso de cambios, se constituyó una Comisión Presidencial integrada por las máximas autoridades de CORDIPLAN, de la OCP, de la OCEPRE, de la COPRE, del Fondo de Inversiones de Venezuela y del Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales, cuyo soporte técnico radica en CORDIPLAN.

No obstante el esfuerzo emprendido se desenvuelve en un escenario altamente complejo y de múltiples actores. Constituye, por otra parte, más que un proceso técnico, un proceso político que requiere de inmensas fuerzas sociales que lo impulsen. Por lo tanto, aunque es el gobierno el responsable de reducir la llamada «deuda administrativa» la solvencia definitiva es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y de los intereses comprometidos en su reforma.