Redistribución, chavismo y riqueza
Si tuviéramos que definir al proyecto chavista desde el punto de vista económico, tal vez deberíamos decir que es, básicamente, uno de redistribución de la riqueza nacional. Inspirado en la visión de la izquierda clásica (propia del marxismo dogmático y, a la vez, ajena a él), el planteo de gestión de gobierno de estos años ha sido sencillo: diseñar y sentar los canales institucionales para ejecutar una masiva transferencia de capital a los más pobres. Las misiones, pues. Justa reivindicación, pago de una centenaria deuda social acumulada en las entrañas de la patria. Y, si se hiciera bien, si la educación y la salud ofrecidas fuesen de calidad, por decir algo, componente imprescindible del desarrollo nacional, como ha sido demostrado por las experiencias exitosas a lo largo y ancho del planeta y de la historia.
Comparto la tesis según la cual este gasto social debe ser visto también como inversión en recursos humanos, pero está claro que es una y otra cosa: inversión y gasto. Así que el punto que todo proyecto de redistribución tiene la obligación de plantearse es cómo produce la riqueza que va a ser redistribuída, cómo va a financiar ese gasto. Tengo para mí que, tal vez ansioso de cumplir el compromiso justiciero asumido con los más pobres que son o han sido base de su poder, el chavismo no sólo no se formuló estas preguntas (al menos no en sus primeros dos lustros) sino que procedió a vulnerar la fuente de creación de riqueza nacional a cuenta de transferir ingentes recursos al pueblo. Primero, sólo apostó al petróleo caro como piedra angular de su política de redistribución (creyéndolo eterno) de modo que poco de él se invirtió en infraestructura, servicios, y estímulo a la producción; segundo, amenazó, restringió, obstaculizó, inhibió, expropió y espantó a la otra alfaguara de riqueza: la empresa privada, todo a partir de una visión ideológica, más moral que científica, según la cual la causa de la pobreza de los pobres es únicamente la riqueza de los ricos (lo que conduce a abordar, por su propia naturaleza, como una inmoralidad el beneficio y el enriquecimiento individuales). Al final, escogidos los ingresos petroleros, quebradas las siempre subsidiadas empresas del Estado, la nación se quedó sin riqueza qué repartir. Como en la democracia puntofijista de los años ’80 y ’90… pero peor. Y, claro, son los más pobres pero en general todos quienes terminamos pagando en inflación, desabastecimiento y malos empleos y servicios, los platos rotos por la crisis.
«Socialismo productivo» pareciera ser, como consigna regidora del nuevo programa del gobierno, la intuición si no la admisión clara de cuanto afirmamos. Sólo que me temo, por cuanto escuchamos de sus principales voceros, que decanta como poso fatídico de este discurso la creencia según la cual esa productividad provendrá de la acción del Estado. Las zonas económicas especiales, en las que según entendemos las empresas privadas nacionales y extranjeras podrán actuar sin cortapisas, es decir, con entera libertad, son un excelente plan que de alguna manera niega la creencia estatista que sospechamos. Pero no bastan. Ojalá se entienda, como lo ha entendido toda la izquierda latinoamericana en funciones de gobierno y de allí su éxito, que para poder redistribuir hay que crear. En otras palabras, propiciar que más allá del Estado los miles, los millones de privados: industriales, agricultores, comerciantes, produzcan la riqueza que, multiplicando por cien la actual, Venezuela requiere para poder impulsar el desarrollo haciéndolo, a través de impuestos e inversión social, inclusivo y justo. Más y mejor inversión social habrá por este camino que por el ya transitado.
