La deuda de cada uno de los venezolanos
Dólares más, dólares menos; la deuda externa venezolana asciende a la astronómica cifra de 86.000.000.000,00 de USD. Esta deuda odiosa traducida en Bolívares reales, no en la de esas moneditas que se convierten en anillos, alcanza 184.900.000.000.000,00 de bolívares venezolanos calculados al cambio oficial que impone el gobierno de 2.150,00 por dólar. Si sumamos a dicha cantidad los 12.000.000.000,00 de la demanda de la Exxon Móvil Corporación, las obligaciones del pueblo de Venezuela con sus acreedores extranjeros alcanza la suma de 98.000.000.000.000 de dólares que al restarlo al capital declarado de PDVSA de 106.000.000.000,00 deja un saldo a favor de Venezuela de tan solo 8.000.000.000,00 de dólares USA.
Ello indica que antes de estar buscando apoyos ante tan tremenda irresponsabilidad administrativa debiéramos estar más que preocupados ante la quiebra del país. Las reservas internacionales de Venezuela, al 06 de febrero del 2008, bajaron a 33.292.000.000,00 USD.
Estas casi incomprensibles cifras determinan que cada uno de los 26.000.000 de venezolanos tenemos una deuda que no hemos disfrutado ni autorizado y que ha sido contraída a espaldas de los intereses de un pueblo acogotado por el desabastecimiento, el alto costo de la vida, la inseguridad social y personal, así como del despilfarro de los dineros que por ley le pertenecen a todos los ciudadanos nacidos en este territorio que limita por el norte con el mar de las Antillas, por el sur con Brasil y Colombia, por el oeste con Colombia y por el este con la Guayana. Esa deuda externa, que es la suma de las obligaciones que ha contraído
Venezuela con entes financieros del exterior, es un serio problema para el desarrollo económico del país y compromete su autonomía.
El endeudamiento se torna en problema cuando no se utiliza realmente para lo que fue solicitada o bien cuando las condiciones de devolución se robustecen manteniendo el subdesarrollo. El gobierno no puede salir de ese círculo de vivir del fiado sobre todo cuando sus políticas determinan una fuga de capitales que le quita una fuente de ahorro los cuales pudieran ser usadas para desarrollo autónomo y sostenido.
En muchas ocasiones los apoyos financieros recibidos terminan en cuentas privadas de bancos extranjeros.
Si sumamos a ello la mala administración de esos fondos, lo cual produce pérdidas ruinosas impulsoras de buscar más recursos externos para suplir ese déficit, es lo que nos esta conduciendo a una crisis económica de inconmensurables consecuencias.
Por ello no dudamos de calificar, usando el lenguaje de los economistas, la deuda venezolana como una deuda odiosa de la cual los venezolanos no somos responsables y que a todas vistas se esta usando para enriquecimiento personal, para cubrir déficits de otras naciones, para el armamentismo y para organizar la represión social y política contra la población que se le enfrente.
Deuda odiosa contraída contra los intereses de la población y, para mayor gravedad, con el completo conocimiento del acreedor de que esos dineros no se usarían para fines de un desarrollo autónomo y sostenido, puesto que nuestro país vive de una economía de puertos, importando ms del 95% de lo que consumimos.
Lo vergonzoso es que el culpable del despilfarro cree tener derecho a exigir al pueblo a que a cualquier costo y sin importar las consecuencias, bajo la premisa rallada del nacionalismo, sea solidario con él. Cuando lo que la lógica e inteligencia establecen es la corresponsabilidad de habérselo permitido por lo que debe exigírsele una cesación en el cargo y las sanciones establecidas en las Leyes por sus acciones contra el pueblo y la Patria de Bolívar. Ello, que de no estar incapacitado por otras razones, su proceder debe evaluarse como definitivamente contrario a ley y al buen juicio administrativo.
Venezuela debe proceder a revertir la carrera armamentista y la política de confrontación por una estrategia firme y sostenida de educación, salud, trabajo productivo, seguridad y sentido de pertenencia en una patria para el bienestar y la equidad social, con total respeto a la propiedad privada bajo una irreductible seguridad jurídica y personal.
