Un gobierno dictatorial, un gobierno despótico, un gobierno de facto
Que el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez ha dejado de ser un gobierno democrático para convertirse en un gobierno de facto, no hay quien pueda discutirlo. Y si algunos insisten en mirar de soslayo como el Secretario General de la OEA, el Coordinador del MERCOSUR o los gobernantes de los países de Hispanoamérica las 26 leyes habilitantes promulgadas vía decreto violentando todas las normas jurídicas y constitucionales y la lamentable y ominosa decisión del Tribunal Supremo de Justicia atropellando la propia Constitución para inhabilitar a los candidatos detentores de las preferencias populares por instrucciones directas del presidente de la república deberían bastar como para ponerlos ante la crasa evidencia: Hugo Chávez es un dictador y su Estado la versión a la venezolana del totalitarismo fascista.
Así su barniz de izquierdas, su verborrea populista y seudo revolucionaria y la petro chequera les sirvan de camuflaje para comprar anuencias, confundir a los incautos y darles una coartada a los cómplices. Pruebas palpables e irrebatibles de la miseria política que aqueja a ciertas élites latinoamericanas, dispuestas a venderse al mejor postor y prescindir del respeto a los más elementales principios de la soberanía popular.
Lo que unos y otros quisieran pasar bajo cuerda es que lo que fuera aplaudido como la gracia de un desenfado y extrovertido teniente coronel golpista comienza a convertírsenos en una cruenta morisqueta: la de un déspota militarista, corrupto, ineficiente y represor. Nuestro país se halla en ruinas, su economía, absolutamente desquiciada, sus instituciones pisoteadas, escarnecidas, humilladas y sometidas al arbitrio despótico de un autócrata y la población entregada inerme a la más espantosa criminalidad, al desempleo, a la inflación y al hambre. Venezuela es hoy por hoy una república devastada. Sufriendo la que sea posiblemente la más grave crisis existencial de su historia bicentenaria. Sin otra perspectiva futura que el despotismo presidencial o la violencia. Que ya se avizora, nutrida por el descontento popular y la multiplicación de las manifestaciones y protestas que se han convertido en hechos cotidianos a lo largo y ancho de nuestro atribulado país. Venezuela vive una auténtica tragedia.
Si la ficción del llamado Estado de Derecho ha saltado hecha pedazos por la imposición dictatorial de 26 leyes que contravienen el espíritu y la letra de la constitución así como la mayoritaria voluntad popular expresada el 2 de diciembre pasado en el rechazo absoluto a la pretendida reforma constitucional que hoy se contrabandea ante el cómplice silencio de los encargados de velar por la vigencia de la constitución -, la naturaleza democrática del régimen ha sido desmentida de la manera más fehaciente por la violenta negación del pluralismo y los derechos humanos esencia de un Estado democrático moderno – , de los cuales, junto al derecho a la vida, su máxima expresión ciudadana es el derecho a elegir y ser elegido. Que el Tribunal Supremo de Justicia, una vergonzosa cofradía de lacayos al obsecuente y servil servicio del autócrata, haya convalido tanto las inhabilitaciones como la promulgación absolutamente irregular, anormal y sobre todo inconstitucional de los decretos leyes en materias de estricta competencia constitucional, demuestran una verdad a gritos: los ciudadanos venezolanos vivimos bajo un régimen de facto. Y el presidente de la república actúa bajo el excepcional imperio de su voluntad personal, estatuida por sobre la constitución y las leyes. Hugo Chávez es un tirano. Su gobierno, una dictadura.
Sólo la criminal irresponsabilidad de una parte de la sociedad venezolana, mantenida en la marginalidad política, espiritual y moral por el populismo más desenfrenado, y la apatía de quienes debieran levantarse como un solo hombre para denunciar la iniquidad imperante hacen posible la permanencia de un déspota como Hugo Chávez en el Poder. Sólo la anuencia y la complicidad de una región que ha renunciado a la defensa de los más sagrados principios de la convivencia democrática, pueden soslayar los imperativos categóricos de sus compromisos políticos y constitucionales, como la aplicación inmediata de la Carta Democrática de la OEA o el Tratado de Ushuaia. La miseria de Venezuela es el espejo de la miseria de América Latina. La complicidad de los actuales gobernantes con el déspota militar venezolano es una pesada deuda a futuro. Tarde o temprano deberá ser saldada..
