Dictador
Según la Real Academia Dictador es una “persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica”. También significa “persona que abusa de su autoridad o trata con dureza a los demás”. Por otra parte, dictadura significa “gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente”.
Las definiciones anteriores coinciden, palabra por palabra, con lo que tenemos en Venezuela. Una dictadura no tiene que ser necesariamente producto de un golpe de estado. Tampoco tiene que ser necesariamente un régimen cruel y despiadado como han sido prácticamente todas las dictaduras militares o civiles que han existido en Venezuela. Un dictador puede ser un gobernante electo por la voluntad popular pero que durante su desempeño desconoce la institucionalidad democrática y manteniendo una fachada democrática, utiliza medios indirectos para amenazar, excluir, amedrentar, perseguir, agredir, imputar a inocentes, expropiar, y mandar a asesinar impunemente. En suma, como dice la Real Academia, un gobernante que abusa de su autoridad y, agrego yo, pretende eternizarse en el poder.
La oprobiosa decisión dictada la semana pasada por el TSJ ha puesto en evidencia ante todos los venezolanos y ante la comunidad internacional que ese órgano no tiene el más mínimo recato a la hora de doblegarse ante los dictados del dictador (valga la redundancia). Esa funesta decisión ha consumado la destrucción de todo el basamento de la estructura jurídica, de legalidad y del Estado de derecho en nuestro país. La famosa pirámide de Kelsen, fundamento del orden constitucional existente en prácticamente todos los países del mundo, ha sido demolida de un plumazo por cuatro de los magistrados del más alto tribunal. Dictaminar que una ley prevalece por encima de la Constitución es la aberración jurídica más descomunal que jamás haya podido ser concebida.
Adicionalmente, los 26 decretos “con rango, valor y fuerza de ley” promulgados el pasado 31 de julio son la manifestación más patente del ejercicio del poder sin limitación alguna y con la complicidad de todos los órganos e instituciones que hoy día se encorvan ante quien se ha arrogado todos los poderes para imponer un proyecto político que los venezolanos rechazamos en las urnas el pasado 2 de diciembre.
No voy a repetir las fundamentadas denuncias que han formulado eminentes juristas venezolanos y diversas instituciones del sector privado señalando la naturaleza abusiva y la alevosía y premeditación con la cual el comandante presidente ha procedido a implantar sus fracasada reforma constitucional valiéndose del cheque en blanco que le otorgó la Asamblea Nacional mediante la ley habilitante y violentando las normas constitucionales que regulan el ejercicio de esa potestad.
Basta con recoger la opinión de la más autorizada institución en la materia como es la Academia de Ciencias Sociales y Políticas, la cual, entre otros señalamientos ha dicho categóricamente que el conjunto de leyes promulgadas el pasado 31 de julio “presenta un contenido restrictivo a los derechos fundamentales, consagra principios y fines de un solo pensamiento ideológico, y modifica normas constitucionales sin el debido procedimiento democrático de consulta”. En síntesis, se ha configurado una violación flagrante de la Constitución.
Los acontecimientos recientes no dejan la más mínima duda de que el mandatario “elegido democráticamente” en 1998 se ha convertido en un auténtico dictador y esto me lleva a compartir la opinión de los miembros de la Academia en el sentido de que es necesario agotar todas las vías institucionales para poder dar sustento al recurso al artículo 350 de la Constitución que consagra el derecho a la desobediencia civil para hacer frente a los abusos del dictador.
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