Santos y el golpe de Estado permanente
El affaire del viaje de Timochenko a Cuba, con aprobación del gobierno colombiano, es probablemente el peor error que ha cometido Juan Manuel Santos en los cuatro años y pico que lleva de mandato. Durante el llamado “proceso de paz en La Habana”, el país le ha perdonado muchos errores y chambonerías. Esta vez, la píldora se le atragantó a todo el mundo. Ese acto, deliberado y gravísimo, no se lo perdonarán jamás las víctimas, ni los militares ni los policías, ni el país. Santos fue muy lejos. Tomó una decisión que podría minar su poder. Creyó que nadie se enteraría de ese viaje. Pero el mismo ministro de Defensa reveló el asunto. Quizás el vió el abismo que esa medida abría a sus pies.
Dejar viajar a Timochenko, o por lo menos dejar que llegara a Cuba sin pedir al gobierno de Cuba su extradición inmediata, fue la gota que llenó el vaso. Ese acto no es lo mismo que haber dejado llegar a Cuba a los 30 guerrilleros de las Farc que están allá en conversaciones secretas con los agentes de Santos. Fue otra cosa.
Timochenko no es un guerrillero más. Es el jefe de las Farc, el responsable moral y material de miles de atentados, secuestros, deportaciones de población y otras atrocidades contra Colombia. Sus decisiones han llevado y llevan a la muerte a miles de colombianos. Es el jefe de un aparato terrorista que ha golpeado al país durante 50 años.
Dejar que un criminal de ese calibre se mueva a su antojo en el extranjero, sin hacer nada para capturarlo, es acordarle un privilegio monstruoso. Es jugar con la seguridad nacional, es violar el artículo 189 de la Constitución colombiana. Es traicionar a las víctimas, a los militares, policías y civiles que perdieron la vida o que han sido mutilados por las actuaciones de ese individuo.
Santos nos dice con esa medida que las Farc pueden hacer todo lo que quieren pues están “en proceso de paz”. Es decir, que el proceso de paz es un pretexto que les permite a las Farc organizarse, dentro y fuera del país, para mejor avanzar contra las instituciones del país, contra su fuerza pública y contra los inermes ciudadanos.
Santos hizo eso, en secreto, pues se creía a salvo de todo. Creía al país, a sus ministros, a la prensa, hipnotizados por el “proceso de paz”.
El presidente Santos no estaba facultado para autorizar la salida ni la llegada de ‘Timochenko’ a Cuba. Una cosa es “dirigir el proceso de paz” y otra es proteger los movimientos de un criminal que tiene varias órdenes de captura.
Santos violó el poder judicial. El jefe del poder ejecutivo se entrometió en un asunto del poder judicial y violó así la separación de poderes. Su actuación fue ilegal al autorizar la llegada de un criminal a Cuba sin haber tramitado antes el levantamiento de la orden de captura, como hizo con los otros criminales que están dialogando con los agentes de Santos en La Habana. Son dos figuras diferentes.
Un presidente no puede sacar de la cárcel ni absolver a quien se le dé la gana. Un presidente puede conceder indultos. Pero Santos no ha indultado a Timochenko. Un presidente no puede abrogar una orden de captura con un signo de la mano. El presidente de Colombia no puede hacer todo lo que quiere. No es un Dios. No es un soberano absoluto. Es un presidente, es decir un funcionario del Estado con funciones limitadas y precisas. Si no las respeta el comete uno o varios delitos. Es un funcionario que debe rendir cuentas. Pues sus actos no pueden ser otros que los descritos por la Constitución y la ley. Santos no está por encima de la ley, ni de la Constitución.
¿Cuál es la norma del llamado “derecho internacional”, como dijo Jorge Fernando Perdomo, fiscal general encargado, que permite a un presidente de la República dar patente de corso a un criminal? ¿Dónde está la norma que permite a todo jefe de Estado violar las decisiones del poder judicial con el pretexto de que él “dirige un proceso de paz”? Esa norma no existe y el doctor Perdomo no la puede inventar ni invocar.
Santos no es sino un presidente de la República. El Procurador General tiene razón y tiene el derecho a pedirle cuentas por lo que hizo con Timochenko. La respuesta arrogante de Santos, quien no se dignó siquiera responder a las cuatro preguntas de Alejandro Ordoñez Maldonado (1), y quien pretende despachar al Procurador con una sola palabra, “improcedente”, es un gesto inadmisible. Es el acto de un dictador, no de un funcionario de un Estado de derecho.
Timochenko no viajó para discutir con los negociadores de Santos en La Habana. Vió a sus cómplices de las Farc y del Eln y a responsables cubanos. ¿A quién más vió? ¿A otros agentes de países que también están interesados en echarle mano a Colombia? ¿Nicaragüenses, rusos, chinos? El Presidente Santos y el ministro Pinzón deben explicarle al país qué pasó, qué está pasando. Está en juego la soberanía colombiana. Dentro de unos meses, probablemente, Colombia verá los efectos del viaje de Timochenko. ¿Y será ya muy tarde?
Con esas actuaciones Santos muestra que ya no hay Estado de derecho en Colombia, que su gobierno no es más que un golpe de Estado permanente, donde la Constitución, las leyes y decretos no son más que cartulinas. El Estado de derecho ha derivado hacia el poder de un hombre, que contradice el consentimiento general, que intimida a quienes le llevan la contraria. Muestra que Santos adoptó, con ayuda del Fiscal General y de una parte de los partidos de la unidad nacional, sin que viéramos en qué momento, el “nuevo constitucionalismo” chavista, donde el poder ejecutivo es todo y los demás poderes son nada, pues son poderes subordinados, subordinables, meros auxiliares del ejecutivo. Ese no es el país que teníamos. Ese es el país que está saliendo del llamado “proceso de paz”, como un espectro tenebroso en medio de un pantano, aún antes de que los terroristas firmen nada.
