Sin seguridad
La inseguridad ciudadana se convirtió desde hace algunos meses en el problema más sentido de los venezolanos. Cerca de 150.000 muertos en hecho violentos desde que el teniente coronel llegó a Miraflores, en febrero de 1999 -de ellos 27.000 en 2008 y lo que va de 2009 (y aun faltan los de diciembre)-, explican por qué la violencia y la delincuencia se transformaron en el drama más angustiante de los venezolanos.
La inseguridad, además, forma parte de las razones fundamentales por las cuales profesionales, empresarios y otros grupos de la clase media emigran del país. Esta huida persigue mejores destinos económicos, pero, sobre todo, mayor seguridad personal. Busca rescatar la vida ciudadana. Sentir que se puede caminar por una calle de noche sin estar perseguido por el temor de que se va a ser secuestrado, asaltado o asesinado. Las historias sobre la inseguridad relatan sucesos que les ocurrieron a personas cercanas a nosotros. Ya no son meras informaciones que se leen en las páginas rojas de los periódicos. Ahora es un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, o uno mismo quien fue víctima de un asesinato, de un secuestro, de un plagio o de un atraco a mano armada. Algunos relatos son tan sórdidos o tan estrambóticos, que parecieran formar parte de esos mitos urbanos surgidos y alimentados por la vida colectiva. Sin embargo, la verdad es que los delincuentes son cada vez más atrevidos. Asaltan edificios enteros, roban a la gente en los cines, secuestran a plena luz del día y delante de los policías, cobran vacuna para garantizar seguridad. Estamos frente a una paradoja muy cruel: el Estado chavista engordó como un obeso mediante la adquisición de empresas privadas y la invasión de espacios que no le pertenecen, pero abandonó la obligación que no puede transferirle a ningún otro sector: el resguardo de la vida.
El Gobierno replica diciendo que tal clima de inseguridad no existe. Que todo es un invento de los medios de comunicación “golpistas”. Un señor que conduce un programa de televisión los domingos por la mañana, si bien admite el aumento de la criminalidad, coloca la causa en los paramilitares financiados por la “ultraderecha” venezolana y por el gobierno colombiano, interesados ambos en desestabilizar la revolución bolivariana. Ese mismo caballero fue diputado, candidato presidencial y hasta vicepresidente, navegando sobre la fama alcanzada por haber sido defensor de los derechos humanos. En la actualidad le preocupa mucho más absolver al régimen, con explicaciones rocambolescas, de cualquier responsabilidad en materia de seguridad, que entender las razones por las cuales se desató esta furiosa espiral de violencia que diezma a los venezolanos, especialmente a los más pobres.
Entre las causas de la inseguridad se encuentran la pobreza y la desintegración familiar. Ni qué dudarlo. Pero aquel gravísimo problema no puede resolverse atacando solo su núcleo social. Un plan integral de combate a la delincuencia y a la inseguridad tiene que incluir otros componentes. Probablemente el primero sea el desarme de la población. Los expertos en esta materia señalan que en Venezuela existen al menos dos millones de armas clandestinas, la mayoría en manos del hampa común. Esto quiere decir que sus portadores son delincuentes individuales u organizados en bandas. Si no se desarma a estos grupos resulta imposible disminuir la criminalidad en forma sensible. El Gobierno nacional, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, tendría que proponer un plan detallado de desarme, que incluya beneficios para quienes entreguen sus armas, y castigos severos para quienes las mantengan y cometan delitos con ellas. Colombia y Centro América muestran experiencias exitosas que podrían adaptarse a las condiciones específicas de Venezuela.
Otra medida crucial es el adecentamiento de las policías y de la Guardia Nacional. Elio Gómez Grillo, profundo conocedor de la violencia en el país y hombre de izquierda que estuvo vinculado al proyecto chavista, ha dado a conocer cifras alarmantes sobre los delitos que cometen personas de los cuerpos de seguridad del Estado. Una cifra importante de los secuestros, robos y asesinatos, son perpetrados por agentes o ex agentes de la policía y de la Guardia Nacional. Por lo tanto, es urgente trazar un plan que permita en un tiempo relativamente breve adecentar esos cuerpos, profesionalizarlos, aumentarles la remuneración, y restituir la carrera policial y militar como una opción vital digna. Se impone erradicar el modelo impuesto por Barreto en la Alcaldía Metropolitana, donde el ex alcalde, alcahueteado por el chavismo, incorporó a sus amigotes de baja ralea.
Otra acción que el Gobierno debe emprender es la concertación con las gobernaciones y las alcaldías, por un lado, y con los grupos organizados de la sociedad civil, por el otro. La Policía Nacional podría convertirse en una zona de fricción adicional con los gobiernos regionales, en caso de que ese organismo opere en los estados y municipios como producto de una imposición centralista. A los sectores de la sociedad, incluidos los Consejos Comunales, habría que incorporarlos en un proyecto que incluya programas de profilaxia y prevención del delito.
Para que estas y otras medidas se adopten resulta crucial que Hugo Chávez tome conciencia de la gravedad y profanidad del problema, al igual que de la necesidad de actuar sobre él de forma concertada e integral. Pareciera que esa aspiración no entra en los cálculos de del comandante. ¿Será que una delincuencia exacerbada le resulta útil para el mantenimiento de su proyecto revolucionario? Responda usted mismo.
