Cadena de fallos
Los primeros datos disponibles sobre las circunstancias en que se ha producido el contagio de ébola de una auxiliar de enfermería del hospital Carlos III de Madrid revelan que los protocolos aplicados para prevenir la enfermedad han resultado del todo insuficientes. Sin que se haya podido determinar todavía por qué motivo y en qué momento se produjo el contagio, parece evidente que la grave crisis desatada es consecuencia de una cadena de errores de seguimiento y evaluación, además de notables insuficiencias asistenciales. A lo que hay que añadir una mala política de información por parte de las autoridades sanitarias.
Desde que la propia paciente llamó al servicio de riesgos laborales de su centro, alertando de posibles síntomas, hasta que acudió al servicio de urgencias del hospital de Alcorcón transcurrieron nada menos que seis días en los que se dio al virus la oportunidad de replicarse en otras personas. Lo que hubiera podido ser un caso puntual y perfectamente controlable de contagio secundario ha derivado en un grave problema sanitario cuyas consecuencias resultan difícil predecir.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la enfermedad y el lógico estado de alarma que causa, es urgente que las autoridades sanitarias realicen una auditoría clínica de lo ocurrido. Esa auditoría debe determinar en primer lugar los fallos que en su momento permitieron el contagio de la auxiliar. Pero tan importante como averiguar la causa es revisar cada uno de los puntos del protocolo aplicado para el seguimiento preventivo del personal que atendió a los dos enfermos de ébola repatriados en agosto y septiembre, y que murieron en el mismo hospital madrileño. Las supuestas deficiencias de esos protocolos son las que parecen haber permitido que la paciente infectada se haya convertido en posible foco de expansión del virus.
Lo más urgente ahora es evitar que ocurra lo mismo con las personas que estuvieron en contacto con ella. Es preciso establecer un seguimiento riguroso de todos los contactos —de momento son 52 personas— y, si es preciso, aplicar las medidas extraordinarias que autoriza la ley de salud pública. Aunque deben evaluarse con rigor los pros y contras de un posible aislamiento hospitalario preventivo, el criterio que debe prevalecer es el del interés general. En este caso, evitar nuevos contagios debe ser la absoluta prioridad. Para ello también debe establecerse con mayor claridad un centro de referencia y los mecanismos precisos de traslado y atención de los posibles nuevos enfermos.
En una crisis sanitaria como esta, con enormes repercusiones internacionales, tan importante como garantizar que se aplican rigurosas medidas de prevención es gestionar la alarma que lógicamente se genera. Hasta ahora, el manejo de la información por parte del Ministerio de Sanidad, y particularmente de su titular, Ana Mato, ha sido poco tranquilizador.
A la falta de datos precisos sobre lo ocurrido hay que añadir una notable confusión sobre la atribución de responsabilidades y el ejercicio de la autoridad. Llegados a este punto, y ante las insuficiencias de la titular de Sanidad, el presidente del Gobierno debería asumir la dirección de la crisis con el nombramiento de un comité científico y técnico del máximo nivel, que permita evaluar en cada momento la medida más conveniente, y ofrecer a los ciudadanos información detallada y periódica sobre lo que suceda.
Informar no es contraproducente. Lo que causa alarma es la desinformación. La crisis tiene los elementos necesarios para provocar reacciones de temor colectivo, lo que, de ocurrir, podría agravarla aún más. Europa y el resto del mundo nos observan con preocupación. En situaciones como esta se mide la talla de los gobernantes.
(Editorial)
