Inviabilidad de la Ley Orgánica de Educación
Hemos señalado que el gobierno ha forzado la marcha histórica, política y social del País, e incluso he hecho aprobar un conjunto de Leyes Orgánicas que no sólo no han tenido el debate requerido y la discusión con los sectores involucrados en las respectivas materias. Pero más aún, la Asamblea Nacional ha aprobado leyes que carecen de técnica legislativa, coherencia, claridad, pertinencia y fundamentalmente son inconstitucionales al atentar contra artículos, títulos y principios muy bien expuestos en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. La LOE exige promulgar 24 leyes especiales y alrededor de 12 reglamentos para que pueda ser operativa.
Por otra parte las leyes en todo país persiguen reglamentar, ordenar, modernizar y estructuras sistemas, pautas, conductas, instituciones, legislaciones y prácticamente con poquísimas excepciones las Leyes Orgánicas son para mejorar, optimizar, progresar y no retroceder en el tiempo como sucede en la Venezuela contemporánea, donde todo tiende a politizarse e ideologizarse, desvirtuando así procesos, dinámicas, sinergias de orden técnico, científico, humanístico y tecnológico.
En el caso de la Ley Orgánica de Educación (LOE) no tuvo los debidos debates en el seno de la Asamblea Nacional, además de no tomar en cuenta a los estudiantes, profesores, maestros, iglesia católica, padres y representantes, empleados, gremios y demás. Sin embargo, más allá de esa necesaria formalidad, no podemos perder de vista que la educación es el tema más importante, sensible y además transcendental en la sociedad del siglo XXI sustentada en el conocimiento, en el saber y en el hacer. La LOE politiza e ideologiza procesos netamente técnicos y humanísticos, desnaturalizando la educación como valor universal estructurados en todos los países sobre criterios netamente de orden técnico, meritocrático, humanístico, científico y tecnológico.
El Adoctrinamiento Ideológico destruye y socaba la labor pedagógica. La LOE incorpora a los Consejos Comunales, elegidos por el Ejecutivo, y los hace corresponsables de la educación, de conformidad con su artículo 18, a pesar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que privilegia a padres y representantes en cuanto a la facultad de decidir la educación que deben recibir sus hijos; es inconstitucional que puedan pronunciarse sobre los docentes, textos, asignaturas, postgrados y aspectos esenciales, convirtiéndose en la práctica en una suerte de comisarios políticos o evaluadores al servicio de la revolución. Plantear la Territorialización o Municipalización de la Educación es un aspecto inviable, inadecuado y no visto y registrado en el resto del mundo. Asimismo, la LOE delega y responsabiliza la evaluación del proceso de ingreso, ascenso, promoción y desempeño de los profesionales del sector educativo a poderes e instancias ajenos al quehacer educativo, no técnicos y encima ideologizados.
En lo atinente a la Universidad y la Autonomía Universitaria la Ley Orgánica de Educación trastoca directamente los procesos autonómicos y meritocráticos que nuestras universidades tienen, y que han dado frutos y permitido que la sociedad venezolana sea una sociedad profesional, democrática, profesional, plural y critica. Se postula elegir y nombrar en base a la democracia participativa a las autoridades e intervenir en diversos procesos desconociendo la proporcionalidad, la meritocracia, criterios técnicos, experiencia, formación, y otros aspectos y principios recogidos en prácticas, leyes, y en la propia Constitución de 1999.
Es inconcebible entender a la escuela como un centro de formación política. Es irracional sostener que la sabiduría popular sobrepasa los saberes académicos. Nadie puede negarse al progreso y desarrollo humano, inmaterial y espiritual, científico y técnico pero con esta Ley Orgánica de Educación difícilmente podremos hablar de calidad, pertenencia, excelencia y demás. Nuestros hijos y nietos en pleno siglo XXI sentirán una nueva forma de esclavitud.
(*) Profesor de la Universidad de Los Andes
