Santos y Holguín, una decepción

Con cierto dejo de cinismo, conscientes de llevar a cabo un atropello a las reglas más elementales del Estado de Derecho, en una democracia garantista de la dignidad humana, las autoridades de Colombia afirman que la entrega expedita a los Servicios de Inteligencia venezolanos de un estudiante acusado de “expresarse” y “opinar” libremente en contra del régimen de Nicolás Maduro, la hicieron de acuerdo con la ley y respetando los derechos humanos.  Nada más. Pero nada más falaz.

Resulta irrelevante – tampoco nadie lo informa – indagar sobre los hechos y circunstancias particulares que dieran lugar a la expulsión de Lorent Gómez Saleh, ni que hacía o acaso que relaciones tejía en territorio neogranadino. Basta saber, y eso sí lo declaran las autoridades vecinas, que lo despacharon en aplicación de un decreto ejecutivo, genérico en su texto, que le permite a las autoridades de migración impedir el ingreso o disponer la expulsión de todo extranjero que pueda poner en peligro el orden público y la seguridad nacional. Cabe presumir que el mismo fue redactado así en el marco de la lucha agonal contra el narcotráfico.

Pero a todas estas y es lo que importa señalar, Colombia es Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Su Constitución vigente le otorga primacía a las normas de los tratados internacionales relativos a tales derechos y sus libertades por sobre su ordenamiento jurídico interno.

Por lo visto, Juan Manuel Santos y su Canciller, María Ángela Holguín, olvidaron que la citada Convención, en su artículo 22, dispone que sólo a través de disposiciones de rango legal se puede limitar o restringir el derecho a la libre circulación. Y el extranjero, quien se halle legalmente en el territorio de un Estado parte de la Convención, “sólo podrá ser expulsado en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley”. En pocas palabras, a nadie se le pueden afectar sus derechos sino a través de normas de carácter legislativo, democráticamente justificadas, y con base a procedimientos que garanticen los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Así de simple.

Pero si acaso Colombia, conforme a la ley y con fundamento en decisiones legítimas – donde el orden y la seguridad nacional se entiendan como el orden de los derechos humanos – tuviese motivos para extrañar a un extranjero de su territorio, “en ningún caso”, según la Convención, puede devolverlo a su país de origen, menos entregarlo a sus autoridades – como ocurriera con Saleh – si existe el riesgo de que pueda ver afectados sus derechos a la vida o a la libertad personal a causa de “sus opiniones políticas”.

No es secreto para Santos ni Holguín que Nicolás Maduro separó a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Les consta que desde febrero pasado, de manera sistemática y generalizada su gobierno a violado los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal de jóvenes estudiantes manifestantes. Suman centenares, en conjunto, las víctimas de dichas violaciones. Lo que es más grave, saben el presidente y la ministra de relaciones exteriores de Colombia, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha declarado repetidamente que en Venezuela se usan la Justicia y los jueces penales para la persecución de la disidencia política y democrática.

Quiéranlo o no, les importe o no, la decisión administrativa mediante la cual a Gómez Saleh y otros estudiantes venezolanos se le expulsó y entregó a manos de las autoridades de inteligencia al servicio de Maduro, cristaliza en una violación de la Convención Americana que compromete la responsabilidad internacional de Colombia por hecho internacionalmente ilícito. Cabrá valorar, luego y sobre los efectos, cual es el alcance de las responsabilidades individuales que quedarían comprometidas al respecto, a lo largo de la cadena de disposiciones que llevaran al señalado atentado a la Convención y a la dignidad humana de las víctimas.

Es imposible digerir o racionalizar la iniciativa colombiana, que no sea observando que  en cabeza de los vecinos gobernantes, demócratas e hijos de un país con acerada tradición en cuanto a la independencia de su judicatura, prendió el virus que destruye de raíz a toda democracia, a saber, justificar en la legitimidad de los fines la ilegitimidad o arbitrariedad de los medios dispuestos para alcanzarlos.

La opinión pública de Colombia en buena hora ha reaccionado y con fluidez se ha expresado sobre la cuestión, al punto que la misma Canciller hubo de ofrecer sus explicaciones. Pero lo que nunca podrá explicar es lo elemental, haber entregado a los verdugos un estudiante opositor y demócrata de cuyo destino nada se sabe, pues saben Holguín y su presidente que bajo el régimen de Maduro rige a cabalidad la ley de la mordaza.