Las omisiones Desplegadas por Luisa (I)
El proyecto de Ley Especial Contra Delitos Mediáticos, es en verdad “especial”. Especial, porque una simple ojeada al mismo lo ubica dentro de los más disparatados, absurdos y antidemocráticos instrumentos legales que se hayan presentado en la historia contemporánea de Venezuela ante ningún cuerpo legislativo, incluidas nuestras innumerables y variadas dictaduras militares.
Sin entrar en profundos análisis jurídicos, el texto está lleno de contradicciones y falta de coherencia, que van acompañadas de indefiniciones intencionales, que le permitirían al gobierno y sus secuaces, léase Ministerio Público, jueces y otros agentes del gobierno, una extraordinaria amplitud para subsumir cualquier supuesta “acción” u “omisión” de cualquiera de los denominados “sujetos activos”, que de acuerdo a su definición terminamos siendo todos los venezolanos, dentro de los expresamente indefinidos tipos delictivos contenidos en ese “mamotreto” inconstitucional.
Y es que no se le pueden pedir peras al olmo. Nada diferente puede esperarse de la Fiscala Generala, para utilizar el ridículo y sexista lenguaje chavista, Luisa Ortega Díaz. Independientemente de ser simple subordinada del Iluminado de Sabaneta, cada intervención suya revela su inconmensurable carencia de conocimientos jurídicos.
El artículo 1, Objeto de la Ley, es todo un ramillete de incoherencias. A la letra, se lee lo siguiente:
“Esta Ley tiene por objeto prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que puedan ser constitutivas de delitos; ello con el propósito de lograr el equilibrio y la armonía entre los derechos a la libertad de expresión y a la información oportuna, veraz e imparcial, y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y en los tratados, convenios y acuerdos suscritos y ratificados por la República”.
Sin presumir de ser un experto jurista, porque no lo soy, no conozco ninguna ley, particularmente en materia penal, que sirva para “prevenir acciones u omisiones” de ninguna naturaleza. Como nunca es tarde para aprender, le agradecería a cualquier lector que conozca alguna ley que prevenga “acciones u omisiones”, me lo haga saber y me explique cómo lo hace. Tal aserto no es sino el producto de tratar de aparentar, un lenguaje jurídico que no se domina ni conoce, cayendo así dentro del mejor estilo de Cantinflas.
Pero el asunto no se queda ahí, sino que más adelante nos dice que el objeto de la “ley” es prevenir y sancionar acciones u omisiones “desplegadas”. Desplegar, según la Real Academia Española, es “3. tr. Ejercitar, poner en práctica una actividad o manifestar una cualidad”. Por supuesto no llegaría nunca a pedirle a la Fiscala Generala que acudiera a esa fuente de conocimiento de nuestro lenguaje, pero cualquier persona con capacidad de discernir puede entender o deducir que las “omisiones”, no se pueden “desplegar” ya que ellas no son una actividad, sino todo lo contrario. La misma “oligárquica” Real Academia Española define “omisión” de la siguiente manera: “1. f. Abstención de hacer o decir. 2. f. Falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. …(omissis)…1. f. Der. Delito o falta consistente en la abstención de una actuación que constituye un deber legal…”
De allí, que para darle lustre al conocimiento jurídico venezolano y de paso revolucionar nuestro idioma, sería muy provechoso que la Fiscala explicara cómo es que esa ley va a prevenir las “omisiones” y sobretodo cómo es que los infractores las podrían “desplegar”. Como aficionado al derecho, me gustaría aprender de qué manera se puede “desplegar” una omisión por un medio de comunicación o por cualquier otro medio.
Y continúan los disparates de Luisa, cuando afirma que dicha ley tiene por objeto prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación “que puedan ser constitutivas de delitos” En esta última expresión, a lo mejor de manera inconsciente, la Fiscala deja verse las costuras: la ley no es para sancionar unas conductas constitutivas de delito, sino ¡¡¡que puedan ser constitutivas de delitos !!! En otras palabras, aquellas conductas que el régimen quiera en un momento dado calificar como delitos, lo que es perfectamente compatible con el contenido del resto del proyecto totalitario, que no describe, como requiere toda norma penal, los supuestos de hecho que constituyen las conductas a sancionar en cada una de ellas. Así pues, en la práctica, sería el régimen el que en definitiva va definir a su capricho y para ahogar la libertad de expresión y acentuar la represión, cuales son “las acciones u omisiones” que en cada caso constituirían delito.
Más adelante, el talante antidemocrático y nazi-fascista del régimen y de la Fiscala, se pone al descubierto cuando trata de contraponer la libertad de expresión al derecho a la información. Se pretende poner a estos conceptos como adversarios y casi como incompatibles. Y la ley, según reza el artículo 1, procurará una “armonía y equilibrio” entre esos valores contrapuestos.
La libertad de expresión es el derecho a expresar libremente el pensamiento mediante la palabra, escrita o de viva voz, y hasta mediante los gestos, que a veces son más expresivos que las palabras. Por ejemplo pintarle una paloma bien grande al Iluminado de Sabaneta o a la Fiscala es más expresivo que mil palabras. El derecho a la información, es el derecho de los ciudadanos a poder conocer los acontecimientos que tienen lugar en su comunidad, en su municipio, en su estado, en el país y en el mundo. Derecho que hacen realidad mediante el ejercicio de su libertad individual, cuando tienen oportunidad de escoger de cual fuente quieren recibir esa información. Y lo que pretende el régimen robolucionario es robarles a los venezolanos la libertad de expresión y la libertad de escoger sus fuentes de información. Es dejarnos mudos, sordos y ciegos frente a la realidad y el saqueo del país. Lo que se persigue es robar en silencio y reprimir sin escándalo.
Se habla de información oportuna, veraz e imparcial. ¿Quién determina cuando una información es oportuna? O que es veraz. O que es imparcial. El régimen nos mostró cual es su interpretación cuando le abrió un expediente administrativo a Globovisión por haber informado rápida y oportunamente sobre las características del sismo que sacudió a Caracas hace unos meses y llamó a la población a la calma, mientras el canal del PSUV transmitía una de las habladeras de bolserías de Jorge Rodríguez. Quién califica una información u opinión como veraz, ¿Hugo Chávez o José Vicente Rangel, Ojitos Lindos o García Ponce? ¿Será o no veraz que los lanzacohetes AT-4 encontrados en poder de las FARC pertenecían a las fuerzas armadas venezolanas? ¿Qué es una información imparcial? ¿Será decir que el asalto continuado llevado adelante por el combo de familiares y relacionados de Papi Papi a la Alcaldía de Sucre no fue tal asalto, sino una interpretación caprichosa de los hechos por parte de Globovisión o Tal Cual?
Y para rematar la faena de estupideces, todas en un solo artículo, dice la Fiscala que la ley, tiene “el propósito de lograr el equilibrio y la armonía entre los derechos a la libertad de expresión y a la información oportuna, veraz e imparcial, y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos”. Esta vaina sí que es un chiste. Primero habría que preguntarle a la Fiscala qué es la “seguridad interna” de los ciudadanos. Porque los ciudadanos lo que reclamamos a gritos, y con más de una mentada de madre, es seguridad en la casa, seguridad en la calle, seguridad en los medios de transporte, seguridad en el trabajo, seguridad en el campo, y en resumen, protección contra el hampa y los facinerosos que detentan el gobierno. El clima de terror e inseguridad que vivimos los venezolanos no es producto de delitos mediáticos ni de las mariqueras que inventa este gobierno, sino producto del discurso de violencia y odio del presidente y su combo, producto de la incompetencia de un régimen inepto, lleno de funcionarios serviles e incapaces, a la cabeza de los cuales va la Fiscala Ortega Díaz.
Esto ya está muy largo y quedan 16 artículos, que como dice una frase de moda “no tienen desperdicio” y los comentaré para mis amigos en los próximos días.
