No es justo…
No es justo que los desaguisados de todo orden que ha cometido el régimen durante tres lustros que lleva en el poder, ahora se pretenda corregirlos parcialmente aplicando una serie de medidas, aún por instrumentar, que indefectiblemente conducirán que el país deba soportar más inflación, desempleo y a exacerbar una mayor conflictividad social.
No es justo que un régimen, que utiliza la demagogia y la mentira como forma de relacionarse con los ciudadanos, que ha destruido y desquiciado al país, a sus instituciones, a los valores del diálogo y la tolerancia como instrumentos para la convivencia pacífica y democrática, al aparato industrial, a las industrias básicas y a PDVSA, la empresa fundamental que, desde el reventón de Zumaque I, siempre había sido la locomotora del crecimiento nacional; pretenda, como si no hubiera pasado nada, que sean los ciudadanos los que paguen, mediante la elevación de impuestos, de las tarifas de los servicios públicos, del precio de los combustibles, de la devaluación del bolívar, de la aceleración de la inflación y la venta de activos de la nación, por las erradas políticas e irresponsabilidades gubernamentales que han llevado a la Nación al umbral del colapso.
El gobierno, antes de aplicar “el paquete” que ha venido anunciando, debe rendir cuentas sobre el uso que hizo de los ingentes recursos provenientes de los proventos petroleros, debe explicarnos cuáles serán las reformas y cambios institucionales que realizará para acompañar y garantizar que las medidas anunciadas efectivamente estén orientadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos, a detener la generación de dinero inorgánico, a morigerar el desenfrenado endeudamiento público, a prevenir el acelerado deterioro de la seguridad social, a subsanar la insuficiencia de divisas, a enmendar la sobrevaluación del signo monetario, a efectivizar el control de la inflación, a disminuir la escasez, y a la recuperación de PDVSA. Asimismo, deben garantizar el respeto a la propiedad privada, a crear un clima de certidumbre para la inversión, a obligarse a ser garante de la seguridad jurídica y ciudadana y a la racionalización o eliminación de los absurdos controles sobre la actividad económica.
No es justo que el régimen anuncie un posible programa de acciones puntuales, como si estuviéramos transitando por una crisis coyuntural, que afectarán la ya alicaída situación socioeconómica de los venezolanos, sin que permita que se conozcan al detalle las cifras del desempeño económico del país, eso sería como emitir un cheque en blanco en favor de un gobierno que carece de legitimidad y credibilidad.
No es justo que el régimen aplique medidas económicas sin indicarle al país, entre otros aspectos, cómo manejará la relación Estado-sector privado, cómo administrará a PDVSA, qué ocurre en los Fondos que ha creado, especialmente, la situación de Fonden, cómo estimulará el ahorro de la sociedad.
Estas son algunas de las premisas básicas que de adoptarse darían cierta credibilidad a las acciones anunciadas y que engendrarían una elemental confianza a los hombres y mujeres de este país sobre los que recaerán los embates y el costo del ajuste, causado por las inexplicables deficiencias en el manejo de la cosa pública por parte del gobierno.
En caso contrario, la aplicación de los correctivos no será suficiente, solo serán acciones aisladas sin asidero real que nos empobrecerán aún más, darán un efímero alivio a la crítica situación por la que atraviesa el gobierno, pero muy pronto reaparecerán los desequilibrios macroeconómicos y su secuela de males inequidades: ineficiencia, corrupción, despilfarro, impunidad, desempleo y un país hipotecado que compromete el presente y el futuro de varias generaciones.
