Este Acuerdo será histórico
El Acuerdo Nacional por la Justicia y la Paz Democrática que ayer 25 de julio, día de Caracas, suscribieron todos los grupos que integran la Coordinadora Democrática, será un hito histórico en la vida política de Venezuela, como lo ha sido el Pacto de Puntofijo firmado el 31 de octubre de 1958 por los representantes de los partidos políticos Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y COPEI.
Entre ambos instrumentos políticos hay muchas coincidencias y también hay divergencias. No podría ser muy de otra manera, puesto que ambos documentos corresponden a eventos entre los cuales hay semejanzas en circunstancias de la vida nacional, pero, igualmente, diferencias no sólo en los tiempos cuando se producen sino en las condiciones del país de entonces y del presente. Corresponderá a los estudiosos el profundizar en tales características y a los historiadores evaluar, a la luz del tiempo, los resultados obtenidos. Voy solamente a intentar referirme a una de las divergencias y a señalar de manera indicativa algunas de las coincidencias.
La divergencia consiste en que el Pacto se realizó nueve meses después de que el gobierno despótico de Pérez Jiménez hubo dejado el poder por presión de las fuerzas militares y civiles de la sociedad venezolana, mientras que el Acuerdo se produjo a pocos días del 15 de agosto de 2004, fecha señalada para realizar el Referéndum Revocatorio del mandato legítimamente democrático, dado a Hugo Rafael Chávez Frías, para desempeñar la presidencia de Venezuela, pero cuya legitimidad, ya socavada el mismo 2 de febrero de 1999, su primer día de gobierno, ha sido totalmente perdida durante los dos mil días transcurridos desde aquella fecha inicial hasta el día de ayer. Y ha sido perdida por la contumaz y sistemática violación tanto de la Constitución de 1961 bajo la cual se realizó la elección que en diciembre de 1998 lo llevó al poder, como de la propia Constitución hecha aceleradamente y aprobada en 1999 de acuerdo a las conveniencias y ocultas pretensiones de este Presidente.
Además, mientras el Pacto tenía por finalidad garantizar la gobernabilidad para el inicio de una nueva etapa republicana de vida democrática, el Acuerdo se produce para hacer posible una transición -que ya en 1958 estaba cumplida- hacia otra etapa democrática y, al mismo tiempo, garantizar el desplazamiento del poder de un gobierno cuyo proyecto principal es establecer un régimen de corte totalitario que sirva de instrumento principal para una irracional subversión continental y mundial.
Respecto a las semejanzas, encuentro muchas por señalar. Me limitaré a indicar algunas, partiendo de contenidos de la consideración tercera del Pacto de Puntofijo:
1º.- Defensa de la Constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Este aspecto se refleja en todo el documento del Acuerdo como elemento substancial del ejercicio democrático.
2º.- Gobierno de Unidad Nacional. El Acuerdo es, ante todo, un pacto por la unidad y establece la formación de un gobierno de Unidad Nacional. En su sección “Compromiso con Venezuela” reza: “El gobierno que se instalará en Venezuela como resultado de las elecciones posteriores a la revocatoria del mandato del Presidente de la República, estará signado por la unidad” y poco después, en la misma sección, hace expresa referencia a “garantizar la viabilidad, estabilidad y eficacia del gobierno de unidad nacional”.
3º.- Programa Mínimo Común. En este punto hay absoluta coincidencia. De hecho, buena parte del documento es dedicada a señalar los lineamientos de acción del gobierno de transición, cuyo desarrollo corresponde, como expresa el mismo texto, a una acción del gobierno se enmarcará en la propuesta y visión de Venezuela que está contenida en el plan Consenso País, presentado a la nación por la oposición democrática”.
El documento del Acuerdo destaca varias de dichas propuestas en su sección Lineamientos Estratégicos del Gobierno de Unidad Nacional: Atención a la urgencia social; Nueva política económica y petrolera; Reformas políticas y constitucionales; Administración de justicia, igualdad ante la ley y lucha contra la corrupción; Relaciones internacionales.
4º.- Candidato único. El Pacto no logró realizar este objetivo por muy que los dirigentes políticos de los partidos democráticos se lo propusieron a través de la reunión de foros y asambleas, pero especialmente de mesas redondas, en los que varios nombres de destacados venezolanos fueron considerados por las dirigencias de los partidos como posibles candidatos de unidad (Martín Vegas, Rafael Pisan, Julio de Armas, etc). La consideración cuarta del documento señala: “El ideal de la unidad como instrumento de lucha contra la tiranía y contra las fuerzas en actitud de reagruparse para auspiciar otra aventura despótica, sería la selección de un candidato presidencial democrático único”, y prosigue a texto seguido: … “la formación de planchas únicas para los cuerpos colegiados y la formación de un frente único a base de un solo programa integral de Gobierno.” El documento continúa: “En la práctica se ha evidenciado que diferentes factores reales contradicen esa perspectiva teórica, mas, afortunadamente, hay otros medios idóneos de preservar la unidad, de extender la tregua interpartidista y de garantizar el Gobierno de Unidad Nacional”. El Acuerdo si ha logrado ese desideratum: “Para garantizar la viabilidad, estabilidad y eficacia del gobierno de unidad nacional, las organizaciones de la oposición democrática acuerdan presentar un candidato unitario a la presidencia de la república” ; pero más aún, ha determinado la forma de elección del mismo y un importante compromiso de su parte: “seleccionado a través de un proceso de elecciones primarias y quien se compromete ante al país a no aspirar a la reelección inmediata”.
En este último sentido el Acuerdo por la Justicia Social y la Paz Democrática parece haber llegado más allá del Pacto de Puntofijo. Sin embargo, es de justicia señalar que gracias a los años de vida democrática vividos en el país desde la firma del Pacto, se ha desarrollado una conciencia más madura en la población y en la dirigencia que, ante la muy peligrosa posibilidad de que pudiera continuar el actual gobierno y establecer formalmente su proyecto totalitario, no ha sido difícil llegar al convencimiento de que confiar su solución al pueblo en elecciones primarias era la mejor y única solución posible dentro de la deseada unidad. La misma consecuencia positiva del tiempo vivido en democracia destaca al comparar ambos documentos: en el documento del Pacto de Puntofijo se refleja un pacto entre partidos representados por sus dirigentes; en el documento del Acuerdo por la Justicia Social y la Paz Democrática se siente la presencia del pueblo venezolano que espera, exige y reclama. No era posible esperar eso en 1958: cumplir ahora con ello es una exigencia imposible de ser eludida o manipulada. Es, también, responsabilidad de todos los venezolanos, pero que recae con mayor peso sobre quienes más pueden o tienen. La tarea es hacer de la “masa” pueblo: esa es la mejor vacuna antitotalitaria; pero para hacerlo, es menester transformar la cultura del “más tener” en la del “más ser” y sustituir la “voluntad de dominio” en beneficio de la “voluntad de amor”.
Tanto en el anterior particular, así como en el contenido del documento del Acuerdo, especialmente en lo que se refiere a la Atención a la Urgencia Social, destaca que la verdadera unidad, más que entre partidos y grupos es con el pueblo venezolano. La política es el arte de hacer posible lo que es menester, pero en función de la buena vida humana de las personas que constituyen ese pueblo y esa es la vía que tiene que recorrer esta nueva etapa democrática que pronto iniciará el país.
Se ha alcanzado la unidad de la oposición en el seno de la Coordinadora Democrática. Unidad que no es uniformidad; unidad en la que cada grupo conserva su fisonomía y su autonomía. Es cierto que en la C.D. no está toda la oposición. Afuera, hay sectores que -me atrevo a afirmarlo- estoy seguro de que comparten las líneas generales y propuestas del Acuerdo. Las diferencias no son en este sentido de fondo, aunque, desde luego, todos tienen y conservan su propia especificidad. Esas diferencias se atienen principalmente a las estrategias. La mayor parte de la oposición que no participa en la C.D. piensa –no sin razones objetivas- que este gobierno no va a aceptar salir democrática y pacíficamente del poder. Su proyecto nacional e internacional así como sus aliados no lo permitirían. Por tanto, dichas organizaciones señalan, con indudable prudencia, que es menester alertar a la población y prepararse todos para la defensa de las libertades democráticas. A mi manera de ver, es importante que la C.D. responda (si es que no lo ha hecho) a semejantes iniciativas, porque en ello nos va la vida humana de todos. En tal sentido, el papel y la importancia evidente de las relaciones con las entidades internacionales que se ocupan de tales asuntos debe continuar con toda la profundidad que la gravedad de la situación lo requiera.
