Las indefiniciones de la “actualización” y la necesidad de una nueva Constitución

Todos los cubanos deberíamos apoyar un proceso de democratización, que enrole al gobierno y posibilite dialogar entre las diferentes tendencias políticas hacia una nueva Constitución.

El primer y gran problema, el gran pecado original de la “actualización”,  expresada en los llamados Lineamientos aprobados por el VI Congreso del PCC, es su carencia de definición sobre el tipo de sociedad que se propone, sus fines y medios.

Todo está encaminado a “desarrollar la economía y ganar en eficiencia y productividad”, una consigna que lo mismo pudo haber sido enarbolada por los esclavistas azucareros en el siglo XIX, que por los grandes empresarios capitalistas extranjeros que existían en nuestro país antes de las estatizaciones de los primeros años de la revolución del 59.

Mucho que se pidió al Partido, antes de aquel Congreso que definiéramos de conjunto, primero, qué entendíamos por socialismo, qué tipo de sociedad nos propondríamos, cuáles eran sus objetivos y los medios y sus métodos correspondientes. La indiferencia fue la respuesta.

Y desde luego, todo partido tiene el derecho de definir  o no sus propósitos y formas de alcanzarlos. Pero indefiniciones e inconsecuencias se pagan caras, como ya está ocurriendo. La falta de definiciones  del PCC, puede deberse a que quiénes cometieron los anteriores errores están intentando  enmendarlos sin haber hecho la crítica consecuente de los mismos, lo que lleva a pretender otros resultados con iguales o parecidos métodos.

Especialmente, en este tipo de sistema político monopartidista que dice  representar a todo el pueblo, la sociedad misma debió también discutir y aprobar, cómo deseaba vivir, qué entendíamos por socialismo, qué sociedad queríamos, sin imposiciones  de guión,  como hizo la dirección de ese partido único, amparada en el antidemocrático Artículo V constitucional.

Y de ahí las incongruencias como los decretos que estimulan el desarrollo capitalista privado pero mantienen trabas monopólicas y estatales insalvables, los que desestimulan y tergiversan el avance socialista, los que complican y hasta impiden cualquier desarrollo de las fuerzas productivas y los que esperan que el capital internacional venga a “salvar al socialismo cubano”.

Para enfrentar este grave problemas institucional, nada mejor que una nueva Constitución democrática, pues es más que evidente, que la de 1976 está rebasada por la historia, por los fracasos de la economía estatizada y centralizada establecida en la mismas y por las necesidades de un proceso de democratización y socialización en el orden político y económico que favorezca el desarrollo de nuestra sociedad en crisis multisectorial.

Aquella Constitución  aprobada hace casi 40 años fue producto de circunstancias históricas concretas, nacionales e internacionales,  que han cambiado drásticamente.

La desintegración de la URSS y el “campo socialista”, la conversión de China en una gran potencia económica capitalista y el desastre económico-político y social manifiesto en la sociedad cubana, han demostrado las inconsecuencias de los fundamentos “marxistas-leninistas”, en verdad estalinistas, sobre los cuales fue concebida aquella Constitución.

El 24 de febrero pasado en la Asamblea Nacional del Poder El Presidente Raúl Castro expresó: “En concordancia con los acuerdos del VI Congreso, será preciso armonizar los postulados de la Constitución de la República con los cambios asociados a la paulatina implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”. Clarísimo: corremos el riesgo de que se “constitucionalice” lo ya decidido por el Partido Comunista, si los cubanos no somos capaces de garantizarnos como pueblo una verdadera Constitución democrática.

Por otro lado, en una polaridad nada saludable, unos cubanos creen que debe partirse de la Constitución del 76 y otros que de la del 1940. Si bien ambas contienen elementos rescatables, nuestra realidad actual difiere mucho de aquellos dos momentos y el mundo en que vivimos, es otro bien distinto.

Una Comisión de Asuntos Constitucionales funciona en la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero sus deliberaciones no se conocen. La Casa Cuba hizo propuestas concretas abiertas para reformar la Constitución. Los partidarios del Socialismo Participativo y Democrático planteamos al VI Congreso del PCC la necesidad de una nueva Constitución. Varios intelectuales, y no solo profesionales de las Ciencias Jurídicas, han insistido también en su conveniencia.

A su vez, un grupo de socialdemócratas cubanos, impulsa ideas y acciones positivas y constructivas encaminadas a lograr un consenso constitucional entre los cubanos de todas las tendencias políticas, con miras a crear condiciones favorables para una nueva constituyente. Esfuerzos todos válidos y ensamblables que deberían ser  de amplio conocimiento popular.

La nueva constituyente, para ser representativa de los intereses de todo el pueblo, tendría que ser la obra de todos los cubanos y no de un pequeño grupo de ellos, designados por auto-designadas instancias.

El debate amplio en el seno del pueblo, debería realizarse antes y durante la discusión abierta, pública, por medio de la televisión, la radio y la prensa de todo tipo, incluida internet libre, de lo que se vaya debatiendo entre los representantes que van a proponer el proyecto que se someterá a referendo popular.  Tales representantes deberían ser electos democráticamente y encarnar, en forma proporcional todas las ideas políticas que conviven en la sociedad cubana. Eso precisará de una ley de partidos políticos o  una adecuación/ampliación de la actual ley de asociaciones.

Pero, para que quede expedito el camino a una nueva  Constituyente,  será preciso un previo proceso de democratización de la vida política del país, que enrole al actual gobierno,  -sea  por decisión propia o por demanda de amplios sectores sociales-  y posibilite la libre expresión y asociación de los cubanos, así como la suspensión de todo tipo de persecución por razones de tipo político, de manera que sea posible defender, explicar y argumentar ante todo el pueblo, en forma horizontal, los diferentes puntos de vista.

Y desde luego no se trata de “pedir permiso”, ni mendigar derechos al poder. Me refiero a la necesidad de crear un ambiente nacional de concordia y democratización que involucre a las instituciones oficiales y nos ayude a todos a superar esta ya larga etapa de autoritarismo.

Ese proceso, será el que permitiría que discutamos abiertamente  y decidamos entre todos, qué  socialismo o qué tipo de sociedad queremos los cubanos, sin desmedro de los derechos e intereses de las minorías.

La cercana desaparición de los “históricos” de los primeros planos políticos, acrecienta la necesidad de este proceso de democratización. La “legitimidad” que brindó la revolución del 59, se agota con ellos. Si entre todos no establecemos un nuevo contrato social, que rija los próximos lustros de la sociedad cubana, nadie puede prevenir qué vendrá después.

Todos los cubanos que aspiramos a que en nuestra sociedad se concreten, pacíficamente, verdaderos cambios democráticos en el sistema político y económico, aun cuando tengamos otras diferencias estratégicas, podríamos y deberíamos coordinar nuestros esfuerzos, para tratar de promover ese necesario proceso de democratización que rompa mordazas y autocensuras a fin de posibilitar el diálogo franco, abierto, sin secretismo, sin sectarismos ni elitismos, sin revanchismos ni intolerancias que nos permita encontrar el camino compartido hacia el futuro consensuado, en el que todas las partes participen de acuerdo con principios comúnmente aceptados.

Viva Cuba libre. Socialismo por la vida.