Cerco a los derechos humanos
Progresivamente el gobierno bolivariano está dejando su responsabilidad de promover y defender los derechos humanos de sus ciudadanos. La represión ha crecido. Si se es escuálido, estudiante, sindicalista, gremialista, periodista, judío o incluso sacerdote se pertenece a un grupo que en el mejor de los casos tiene menos derechos que otros. Estos grupos que se consideran contrarrevolucionarios, oligarcas o pitiyanquis no merecen siquiera que se les aplique lo que el mexicano Plutarco Elías Calles, decía: «la justicia para mis amigos, la ley para mis enemigos», pues no se les respetan los derechos humanos y el debido proceso cuando caen en desgracia.
El caso de los Comisarios con un juicio interminable o el del asesinato del Fiscal Anderson, o el de los inhabilitados o el de los estudiantes encarcelados son apenas muestras de esto. Pero, como si esto no fuera poco, ahora existe el peligro de que los venezolanos tampoco consigan protección y reparación en instancias judiciales internacionales como la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH.).
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inejecutable el fallo de la a sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. en el caso de la destitución de los jueces de la Corte Primera en lo Contencioso-Administrativo de Caracas. Y consideró que el ordenamiento jurídico internacional debe ser «coadyuvante» y que «son inaceptables las teorías que pretenden limitar, so pretexto de valideces universales, la soberanía y la autodeterminación nacional». Más grave aún es que es «la Sala Constitucional quien determina cuáles normas sobre derechos humanos de esos tratados, pactos y convenios prevalecen en el orden interno», y «solicita se proceda a denunciar esta Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana».Esta visión selectiva contradice lo establecido en el artículo Artículo 23 de nuestra constitución que da prioridad a estos tratados, les da jerarquía constitucional y establece que «son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público».
Pero lo que más asombra es que el TSJ haya utilizado los mismos argumentos del Consejo Supremo de Justicia Militar del Perú de la época de Fujimori, que dio pie a la salida del Perú del sistema de DD.HH. Con la denuncia de estos tratados se completará el cerco a los DD.HH. de los venezolanos que no es más que el resultado de un proceso que pone la revolución y el poder por encima de la persona.
